Foto: Valora AnalitikEl Ministerio de Salud habilitó una plataforma para monitorear los avances del plan de choque que propuso el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.La herramienta permitirá consultar semanalmente los resultados de la estrategia, con información desagregada por EPS, departamento, tipo de atención y fecha de corte. El objetivo es identificar los casos pendientes y medir el avance en la prestación de los servicios.El tablero registra 1.849.649 personas únicas, luego de un ajuste en la base de datos que elevó el universo inicial de seguimiento, que era de 1,06 millones de pacientes.Con corte al 20 de octubre, cerca de 471.000 personas ya no tenían pendientes de atención, mientras que aproximadamente 1,3 millones todavía esperan la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos.El tablero permite desagregar por procedimiento o medicamento, incluyendo un listado de los 10 medicamentos y procedimientos que concentran la mayor cantidad de casos sin resolver, además del avance por departamento y EPS.Tablero de trazabilidad plann de choque salud. Foto: Valora Analtik. Esta plataforma espera mapear el avance del plan de choque del gobierno de De la Espriella, la primera medida para enfrentar la crisis de salud. Pero no es lo único que busca modificar, también está la tarea de calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC).La cartera avanza en el cálculo del rezago y revisa, junto con la Superintendencia Nacional de Salud, la situación financiera de las EPS intervenidas.Otro de los frentes de trabajo es la estimación de los recursos que el sistema de salud habría dejado de recibir por el rezago en el reconocimiento de la UPC durante años anteriores.La cartera adelanta un análisis técnico con sus equipos y una consultoría para establecer el monto del pasivo acumulado y responder a las órdenes de la Corte Constitucional. El ejercicio debe incluir el ajuste retroactivo de la UPC para el periodo de 2021 a 2024 y la información correspondiente a 2025.El cálculo busca establecer una cifra que permita dimensionar las obligaciones pendientes y avanzar en una estrategia para normalizar el flujo de recursos hacia el sistema.La meta es contar con una estimación de los pasivos hacia finales de 2026 o, a más tardar, en enero de 2027, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.El ajuste del rezago de la UPC de años anteriores que había ordenado la Corte Constiucional se presentará en una mesa técnica cuando existan avances suficientes. La cartera trabaja en esa estimación con sus equipos y consultores, antes de convocar a los actores del sistema para discutir los resultados.UPC de 2027En paralelo, el Ministerio avanza en la metodología para determinar el valor de la UPC de 2027, con el propósito de incorporar información de los diferentes actores del sistema y revisar los criterios utilizados en años anteriores.El proceso contempla un análisis de suficiencia elaborado inicialmente por el Ministerio y revisado en una instancia en la que participan el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la Presidencia y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).De acuerdo con el cronograma previsto, el cálculo de la UPC de 2027 deberá presentarse ante la Corte Constitucional el 15 de enero de 2027, con el detalle de la metodología aplicada y la justificación técnica de la cifra que se determine.Planes de salud. Collage Valora AnalitikLiquidación de EPS intervenidas: patrimonio negativo de $16 billonesLa situación financiera de las EPS intervenidas también está bajo revisión, en un análisis que el Ministerio adelanta de manera coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud.Aunque el Gobierno ha planteado la posibilidad de liquidar algunas entidades, la decisión corresponde a la Superintendencia. Por ahora, el trabajo se concentra en evaluar la viabilidad financiera de las EPS en situación crítica y las implicaciones de una eventual liquidación.Las cifras expuestas en el análisis muestran un deterioro patrimonial significativo: el patrimonio negativo de las EPS intervenidas se estima en cerca de $16 billones, frente a un saldo negativo que, según los datos presentados, no superaba los $2 billones al momento de las intervenciones.A esto se suman deudas superiores a los $30 billones y alrededor de 21 millones de afiliados vinculados a estas entidades.Una liquidación masiva supondría resolver cómo trasladar a esos usuarios y garantizar la continuidad de sus tratamientos, además de evaluar el impacto sobre clínicas, hospitales y otros prestadores que mantienen obligaciones pendientes con las EPS.Por ello, el análisis no se limita al estado financiero de cada entidad. También debe considerar la capacidad del sistema para recibir a millones de afiliados y evitar que una decisión administrativa profundice los problemas de acceso a los servicios.Así, la estrategia del Ministerio se desarrolla en tres frentes: resolver las necesidades urgentes de los pacientes, establecer el monto real de las obligaciones financieras y calcular el rezago de la UPC para determinar las medidas necesarias para recuperar la capacidad de atención del sistema.