Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP con la ambición de reunificar el voto de la derecha bajo unas únicas siglas y gobernar sin depender de Santiago Abascal. Cuatro años después, el líder del PP está dispuesto a que esas mismas siglas desaparezcan de las papeletas del Senado en determinados territorios para favorecer electoralmente a Vox. El acuerdo anunciado este lunes entre ambas formaciones constituye una cesión inédita que evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo para alcanzar sus objetivos de poder institucional con ayuda de la formación de extrema derecha. De hecho, el PP asume que, en determinadas circunscripciones, la mejor opción es votar a un candidato de Vox.Por primera vez en su historia, el PP renuncia a presentar candidatos al Senado en tres provincias —Girona, Tarragona y Gipuzkoa— para dejar el terreno libre a los ultras. A cambio, el partido de Abascal retira sus candidaturas propias en otras seis circunscripciones y limita su presencia a un solo aspirante en catorce. Es un acuerdo calculado para obtener el mayor rendimiento posible del voto de la derecha en las elecciones generales. Pero su trascendencia va bastante más allá del reparto de senadores.Lo que está en juego no es únicamente quién controla la Cámara Alta. PP y Vox aspiran a reunir los tres quintos del Senado, una mayoría cualificada que les permitiría acordar sin el PSOE determinados nombramientos fundamentales para el equilibrio institucional español. Entre ellos, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar a la Cámara Alta y diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, gracias a una carambola, la mitad de los magistrados del Supremo, incluidos los que integran la Sala de lo Penal. Es decir, la alianza puede proporcionar a Feijóo y Abascal capacidad decisiva para influir en instituciones que seguirán desempeñando sus funciones mucho después de que termine la próxima legislatura, como RTVE y el Defensor del Pueblo.El acuerdo afecta a 23 circunscripciones y responde a una particularidad del sistema electoral del Senado que convierte la coordinación entre candidaturas en una herramienta especialmente valiosa. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores por sufragio directo y cada elector puede marcar hasta tres nombres. Habitualmente, la candidatura más votada obtiene tres representantes y la segunda consigue uno.Según las estimaciones del politólogo Pablo Simón, el acuerdo entre el PP y Vox podría reforzar las opciones del PP en la elección al Senado. El experto explica que los cambios se concentrarían sobre todo en Valencia y Castellón, donde aumentaría la probabilidad de que el PP quedara primero, lo que podría darle “tres senadores más a costa de la izquierda”. También podrían influir la retirada de Vox en Baleares y Canarias y su renuncia a competir en Cádiz. En cambio, Simón destaca que la retirada en las provincias vascas apenas tendría consecuencias, dado que el PP ya tenía pocas opciones allí.De acuerdo con el análisis del profesor de la Universidad Carlos III, el pacto elevaría la probabilidad de que el PP obtuviera la mayoría absoluta en el Senado: del 70% al 90%, aproximadamente. También aumentaría la posibilidad de alcanzar los tres quintos, que pasaría de ser un escenario poco probable a tener cerca de un 40% de opciones. En conjunto, el PP pasaría de ser favorito en 37 circunscripciones a serlo en 49, frente a 19 para la izquierda.Simón señala que estas cifras son estimaciones basadas en los datos de encuestas disponibles y en distintos supuestos sobre la incertidumbre y la coordinación del voto. Sin embargo, que la operación tenga sentido sobre el papel no significa necesariamente que vaya a funcionar en las urnas, porque, como también destaca el experto, en política dos más dos no siempre son cuatro. El acuerdo parte de la premisa de que los electores de Vox aceptarán respaldar a candidatos del PP allí donde Abascal retire sus listas y de que los votantes del PP harán lo propio con los aspirantes de Vox, pero eso no funciona como un planteamiento automático.Hasta ahora, la mayoría absoluta de la Cámara Alta había sido un objetivo central para el PP. La posibilidad de que la izquierda mejore sus resultados tras el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio en el Senado forzó la negociación en la derecha, que critica públicamente al otro pero pacta en privado. Ambas formaciones aspiran a mucho más que tener la mayoría absoluta, buscan lograr una ventaja de tres quintos. Si se consigue, PP y Vox podrían realizar nombramientos que la Constitución reserva para acuerdos amplios entre distintas fuerzas parlamentarias.El caso más relevante es el Tribunal Constitucional. De sus doce magistrados, cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Los cuatro correspondientes a la Cámara Alta necesitan obtener el respaldo de tres quintos de sus miembros y los candidatos deben proceder, conforme al procedimiento establecido, de propuestas formuladas por las asambleas legislativas autonómicas.Lo mismo sucede con el CGPJ. El Senado elige diez de sus veinte vocales por mayoría de tres quintos. Otros diez corresponden al Congreso. De nuevo, una mayoría suficiente de PP y Vox permitiría decidir conjuntamente la mitad de ese órgano cuando procediera su renovación, sin tener que negociar esos puestos con la izquierda, siempre dentro de los requisitos legales de selección. A través del Senado también se interviene en la designación de otros órganos relevantes, como el Tribunal de Cuentas, aunque los procedimientos y las mayorías exigidas no son idénticos.Ese es el verdadero alcance institucional del acuerdo. Si la derecha lograra gobernar y dispusiera además de mayorías parlamentarias cualificadas, podría ampliar considerablemente su influencia sobre la arquitectura del Estado. Una mayoría de ese calibre daría un poder institucional a la derecha sin precedentes en democracia. Y para conseguirlo, Feijóo está dispuesto a hacer algo que hasta ahora parecía incompatible con su proyecto político: pedir implícitamente a una parte de sus electores que no voten a su partido y que escojan a Vox.Feijóo acepta que, en dos provincias catalanas, el elector del PP no tenga un candidato de su partido al que respaldar en el Senado. Y asume que, si esos votantes quieren apoyar la estrategia común de la derecha estatal, deben marcar la papeleta de Vox. Es una cesión especialmente significativa para un partido que ha reivindicado históricamente su condición de “alternativa constitucionalista” al nacionalismo catalán y que ha defendido la necesidad de recuperar su presencia política en Cataluña. El acuerdo tampoco aguanta la hemeroteca. En julio del pasado año, durante la clausura del XXI Congreso Nacional del PP, el líder popular presentó su proyecto para llegar a La Moncloa sobre una premisa inequívoca: quería formar un Ejecutivo sin ministros de Vox. “Y yo quiero un Gobierno en solitario”, proclamó entonces, después de asegurar que la alternativa electoral debía dirimirse entre Pedro Sánchez y él mismo.Feijóo reivindicó un partido con vocación mayoritaria, situado en la “centralidad política” y capaz de gobernar sin reproducir las tensiones del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y sus socios. Su planteamiento consistía en atraer hacia el PP a los electores suficientes para depender lo menos posible de otras formaciones. Un planteamiento que repitió en enero de este año. El líder de los conservadores defendió que el cambio político necesitaba un respaldo amplio y dirigió también un mensaje a Vox: gobernar exige tomar decisiones, aprobar presupuestos y asumir el desgaste de la gestión. “Esta vez se necesita concentrar el voto para que el cambio sea potente”, defendió ante los suyos.El acuerdo llega además en respuesta al pacto alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado. Feijóo calificó aquel entendimiento como una “coalición de desesperados y perdedores”. Aseguró que la decisión de los socialistas de compartir candidatura con los de Ada Colau evidenciaba su debilidad electoral y la falta de confianza en sus posibilidades de victoria.Ahora, el PP recurre a una fórmula distinta, pero construida sobre un razonamiento electoral semejante: reducir la competencia entre partidos con intereses parlamentarios compartidos para obtener una representación mayor que la que podrían lograr por separado. Lo que Feijóo presentó como un síntoma de desesperación en la izquierda se convierte ahora en una herramienta electoral para la derecha. Y con una particularidad políticamente significativa: mientras cuestionaba que el PSOE diluyera sus siglas, el PP ha terminado aceptando que las suyas desaparezcan por completo de las papeletas de tres provincias para favorecer a Vox.