La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho de las bajadas de impuestos una de sus banderas electorales. En diferentes ocasiones se ha referido al sistema fiscal como “confiscatorio” o como una “planta carnívora”, entre otros adjetivos. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank Work Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar si el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022 no estuviese funcionando. A nivel nacional, la cifra aumenta hasta los 600 millones, ya que otras comunidades del Partido Popular, como Andalucía, también participan de esa política fiscal.En España, el impuesto de Patrimonio está cedido a las autonomías. En Madrid está bonificado al 100% desde 2011 y en Andalucía desde 2022. Para tratar de armonizar fiscalmente estos cambios y evitar desequilibrios con las comunidades que sí lo aplican, en diciembre de 2022 el Gobierno central lanzó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que establece una tributación mínima para patrimonios superiores a 3,7 millones de euros, independientemente de la región de residencia. Esta decisión del Gobierno ha conseguido, según el informe, limitar la fuga de grandes patrimonios hacia Madrid y compensar la bajada de impuestos de Ayuso en la recaudación general del Estado. “Si el impuesto de Patrimonio se suprimiera después del 29 de noviembre, Madrid y Andalucía por sí solas dejarían de ingresar más de 550 millones de euros al año”, señala el economista Francisco García-Rodríguez, uno de los autores, junto con Alice Sodano y Dmitry Petrov, del estudio titulado La tributación de la riqueza centralizada frente a la descentralizada: evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas. “En un contexto de crisis de la vivienda y de infrafinanciación de los centros educativos y los hospitales, renunciar a los ingresos procedentes de los grandes patrimonios es difícil de justificar”, subraya el economista.El think tank, vinculado al conocido economista francés Thomas Piketty, recoge que la recaudación conjunta de los dos impuestos (el de Patrimonio y el diseñado por el Gobierno para compensar las rebajas de las comunidades) aumentó de 1.350 millones de euros en 2021 a 1.960 millones en 2023, con una posible reducción del atractivo fiscal de Madrid. En esta comunidad está el 60% de las fortunas de más de 10 millones de euros que hay en España, de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha) y la posición del Gobierno regional siempre ha sido la de presentar la Comunidad como un polo de atracción para estos patrimonios.Sin embargo, el estudio da un dato que va en la dirección opuesta: en 2023, por primera vez desde 2016, Madrid registró más salidas que llegadas de grandes contribuyentes procedentes de otras regiones. “Este cambio sugiere que su ventaja fiscal para atraer grandes patrimonios podría estar debilitándose, aunque se necesitan más años para confirmar esta tendencia”, apuntan los autores.Uno de los puntos que toca el estudio es cómo, pese a aumentar el importe de la tributación, las vías para eludir el escrutinio fiscal también crecen. En Madrid, los contribuyentes afectados aumentaron la proporción de su riqueza exenta de tributación, especialmente mediante participaciones en empresas que cumplen los requisitos para no pagar el impuesto, como pueden ser las acciones o ciertas participaciones empresariales. Los expertos estiman que esta fuga costó en 2023 unos 73 millones de euros a la Comunidad de Madrid. En Andalucía, en cambio, lo que han identificado es un movimiento de capital hacia áreas en las que se pueden beneficiar de incentivos fiscales. "Los contribuyentes de Madrid que pasaron a estar sujetos al ITSGF trasladaron parte de su patrimonio declarado hacia activos exentos, mientras que los contribuyentes beneficiados por la bonificación andaluza declararon un mayor patrimonio sujeto a tributación y menores pasivos deducibles", explican en las conclusiones del estudio.Un dato interesante que sirve para entender cómo esquivan los impuestos los grandes patrimonios es ver la composición de la riqueza, es decir, dónde está guardado su dinero y de dónde procede, porque, por ejemplo, muchas participaciones en empresas están exentas. Tomando los datos elaborados para el año 2022 por Fedea, se puede ver en el gráfico cómo en el primer quintil de renta (es decir, el 20% más pobre de los ciudadanos) casi todos los ingresos vienen de prestaciones sociales y rentas del trabajo. En el centro de la tabla hacia arriba van ganando peso los ingresos por trabajo, pero al llegar al 1% más rico, un 62% de sus ingresos viene de las rentas del capital.Los expertos proponen como solución un cambio en el sistema fiscal que aumente la tributación media de los grandes patrimonios y que elimine las ventajas fiscales de las participaciones empresariales. De esta forma, ellos consideran que se lograría un sistema más equilibrado y más justo entre comunidades. “Extender la tributación mínima a los patrimonios de entre 700.000 y 3,7 millones de euros permitiría reducir las diferencias fiscales que aún existen entre regiones y los incentivos para trasladar la residencia. Asimismo, revisar las exenciones de los activos empresariales limitaría las posibilidades de reducir impuestos mediante cambios en la composición del patrimonio”, apuntan.Hacer esto lograría, según sus cálculos, elevar la recaudación conjunta “hasta cerca de 5.000 millones de euros”, más del doble de la actual. “Establecer un impuesto extraordinario sobre los multimillonarios puede influir en las decisiones sobre la residencia fiscal, pero un impuesto recurrente sobre el patrimonio puede afectar a estas decisiones año tras año. Por eso, una mayor coordinación fiscal entre territorios es especialmente importante cuando los impuestos sobre el patrimonio son recurrentes”, concluye el economista Dmitry Petrov, de la Universidad de Alcalá, y otro de los autores del estudio.En las conclusiones, los autores reflexionan sobre cómo, aun en un sistema donde las competencias en vivienda están compartidas, es posible lograr una "coordinación parcial" que equilibre el sistema. "Un impuesto mínimo estatal puede limitar la capacidad de las jurisdicciones con baja tributación para reducir la carga fiscal de los contribuyentes con mayor movilidad, sin obligar a los gobiernos autonómicos a renunciar al control sobre sus propios impuestos", concluyen.