Los altercados sucedidos en Barcelona y Bilbao en los últimos días han dejado importantes daños materiales, comerciantes afectados y una investigación policial en curso. Pero también han proporcionado al Partido Popular y Vox un nuevo argumento para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez a poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La seguridad ciudadana se ha convertido en otro campo de batalla electoral, donde las derechas coinciden en presentar los disturbios como síntoma de un país que ha perdido el control bajo el Ejecutivo progresista.La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha dejado muy claro que no piensa dejar pasar la oportunidad ante una cuestión que le favorece más que las pensiones o el aborto. El líder del PP tiene previsto desplazarse este miércoles a Barcelona para reunirse con los comerciantes afectados, acompañado por Xavier García Albiol. El secretario general del partido, Miguel Tellado, también cambió sobre la marcha su agenda para viajar al País Vasco este martes tras lo sucedido en Bilbao. La formación conservadora pretende presentarse como “garante del orden” frente a un Ejecutivo al que acusa de pasividad y de favorecer un clima de violencia.Este martes, el líder del PP afirmó que “no pueden ganar quienes quieren hacerlo cambiando las reglas o incendiando la calle”: “La paz social es un tesoro democrático que costó mucho construir y no se puede jugar con ella”, señaló en un acto durante la presentación de los candidatos de Madrid, en el que añadió: “Saben que están perdiendo, y cuanto más pierden más tensión general crean. Eso está ocurriendo”. Un día antes, Tellado vinculó los episodios con la extrema izquierda y reprochó al Gobierno su falta de respuesta. Unas acusaciones que el PP lanza a la ligera —no se han presentado pruebas que acrediten una implicación de ningún partido o movimiento de izquierdas— y que contrasta con una investigación policial que aún trata de determinar quién impulsó la convocatoria de Barcelona.Vox ha ido incluso más lejos. La formación que dirige Santiago Abascal lanzó el mismo sábado, mientras se producían los disturbios en Barcelona, una consigna que resume su estrategia: “O Vox o caos”. En el mensaje publicado en X, junto a imágenes de los altercados, responsabilizó a Sánchez de haber importado a España la violencia que, según su interpretación, se vive en otros países europeos como Francia. Los ultraderechistas, además, no dejaron pasar la oportunidad para repetir sus consignas xenófobas.A día de hoy, todavía hay muchas incógnitas sobre los disturbios en Barcelona del pasado sábado. Lo que sí se ha podido comprobar es que partieron de una convocatoria difundida a través de redes sociales, principalmente TikTok. Después, la movilización se extendió a grupos de WhatsApp y Telegram, donde circularon instrucciones para participar en saqueos y evitar la vigilancia policial. Entre los nombres detrás de la convocatoria figura Blocus, una plataforma anónima asociada a movilizaciones difundidas por internet, pero todavía se desconoce la autoría detrás de esa cuenta y sus vínculos con organizaciones políticas españolas. Los Mossos habían detectado previamente el llamamiento, pero inicialmente calcularon que reuniría a unas 300 personas y que los incidentes serían de menor entidad. La realidad superó esas previsiones. Cientos de jóvenes acudieron a las inmediaciones de la plaza de Cataluña y protagonizaron enfrentamientos con la policía, destrozos y robos en establecimientos. Los Mossos arrestaron a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, según el balance difundido el domingo. Quince agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad. De los detenidos, únicamente dos tenían antecedentes por desórdenes públicos.En Bilbao, la secuencia fue distinta. Los altercados estallaron el lunes después de una movilización de rechazo a un acto del agitador ultra Vito Quiles —al que un juzgado ha ordenado detener para notificarle que irá a juicio por un delito de odio— en la Universidad de Deusto, que finalmente fue suspendido. Miles de personas habían acudido a las protestas. Posteriormente, grupos de encapuchados protagonizaron lanzamientos de objetos contra agentes, barricadas, incendios y ataques a locales comerciales.El Departamento vasco de Seguridad consideró que los disturbios parecían premeditados y confirmó que algunos participantes atacaron las inmediaciones de la comisaría de la Ertzaintza en Deusto. La policía autonómica terminó deteniendo a 19 personas e investigando a otras tres. Siete de los arrestados eran menores, según el primer comunicado oficial.Génova sitúa los episodios dentro de un relato más amplio, en el que el Gobierno ha perdido el control de las calles y la izquierda está relacionada con la extensión del desorden. “Han perdido la calle y quieren alterarla; temen perder las urnas y quieren alterarlas”, sostuvo el líder del PP este martes. “Dividen la sociedad para intentar conservar el poder. Lo que no pueden ganar lo quieren romper”, continuó. Vinculó así la violencia callejera con una de sus principales líneas de confrontación con Sánchez: la acusación de que el PSOE divide deliberadamente a los españoles.La visita prevista de Feijóo a los comercios afectados de Barcelona y el desplazamiento de Tellado a Bilbao permiten trasladar ese relato al terreno. Los dirigentes populares buscan escenificar cercanía con los perjudicados y exhibir una alternativa de orden frente a Sánchez. El mensaje no se limita a las declaraciones públicas. Dos argumentarios internos del PP a los que ha tenido acceso infoLibre —con fecha del domingo 25 y el martes 27 de octubre— difundidos a sus cargos bajo la cabecera Hablemos Claro, permiten ver cómo Génova busca vincular los acontecimientos y utilizarlos en su discurso de la precampaña. El primero, titulado Menos impuestos, más prosperidad, vincula en un mismo diagnóstico los precios, la presión fiscal, la corrupción y el abandono de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la seguridad. Lo que pretenden es presentar al Ejecutivo como responsable “de un deterioro general del país” y contraponerse a la promesa de que Feijóo conseguirá que España vuelva a funcionar. El segundo es más explícito. Bajo el título ¡Les vamos a echar!, la dirección nacional del PP acusa a Sánchez de minimizar la violencia callejera y sostiene que sus políticas generan “inseguridad, inmigración descontrolada y fronteras desprotegidas”. También afirma que “no podemos esperar que haga cumplir la ley quien convive con la delincuencia” y promete que “Feijóo devolverá la decencia a la política española y el orden a las calles”, pronostican.Si el PP trata de presentar los altercados como una consecuencia de la gestión socialista, Vox lleva ese planteamiento más lejos y lo convierte en una disyuntiva electoral. Con la consigna “O Vox o caos”, acompañada de imágenes de los disturbios de Barcelona, la violencia callejera se transformaba de ese modo en una advertencia dirigida al electorado: la continuidad del Gobierno de Sánchez equivaldría a una prolongación del desorden.Abascal insistió en ese marco el lunes, durante una entrevista en Telemadrid, en la que consideró una “canallada” que el Gobierno afirmara que su formación podía beneficiarse políticamente de los disturbios. Al mismo tiempo, atribuyó buena parte de la violencia a menores procedentes del Magreb sin prueba alguna y responsabilizó a Sánchez de haber permitido su entrada en España. Mientras el PP promete que Feijóo restaurará el orden y la seguridad, Vox se presenta directamente como la única alternativa al caos. Frente a las acusaciones de ambas formaciones, el Ejecutivo ha condenado los disturbios y ha rechazado que puedan utilizarse para cuestionar las movilizaciones sociales pacíficas. El propio Pedro Sánchez calificó lo ocurrido en Barcelona de vandalismo instigado desde las redes sociales y expresó su respaldo a los agentes policiales y a los comerciantes afectados. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, condenó el lunes “sin paliativos” los saqueos y la violencia en una entrevista en la Cadena Ser. Pero también abrió otro frente político al sostener que la extrema derecha sale beneficiada de un clima de caos y odio. La ministra pidió esperar a los resultados de las investigaciones antes de determinar responsabilidades, al tiempo que censuró las acusaciones de Feijóo contra Sánchez.El retrato de una España sumida en el descontrol contrasta, sin embargo, con los balances oficiales del Ministerio del Interior. Las cifras no permiten concluir que el país atraviese una crisis de criminalidad generalizada, aunque sí reflejan aumentos en determinados delitos. En 2025, la delincuencia convencional —la que no se comete en el espacio digital— descendió un 0,2%, hasta situarse en 1.984.908 infracciones. La tasa fue de 40,4 delitos por cada mil habitantes, en la franja más baja de la serie histórica.El primer semestre de 2026 apunta a una ligera subida de la delincuencia, pero no a una explosión general de los delitos. Entre enero y junio se registraron 1.217.476 infracciones, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025. La criminalidad convencional aumentó también un 0,5%, mientras los hurtos disminuyeron un 3,7% y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos retrocedieron un 5,9%.