Legis. Imagen: logo de Legis.Dos empresas vinculadas al grupo empresarial Legis acudieron a la Superintendencia de Sociedades para buscar alternativas frente a sus dificultades financieras e imposibilidad de cumplir sus compromisos. Se trata de Legis Editores y Metropolitan Printer, que solicitaron acogerse a procesos de reorganización, en medio de problemas de liquidez y obligaciones pendientes con sus acreedores.Las solicitudes ponen bajo la lupa la situación de dos negocios relacionados con la actividad editorial: uno enfocado en publicaciones y soluciones de información, y otro dedicado, entre otras actividades, a la producción y comercialización de impresos, libros y revistas.En el caso Legis Editores presentó su solicitud el 31 de agosto de 2026, por medio de su representante legal, Juan Pablo Granada Barrera. La compañía certificó que había incumplido durante más de 90 días obligaciones por $2.673 millones con dos o más acreedores. Ese monto representaba el 11 % de su pasivo total.La empresa también reportó al menos dos demandas de ejecución por obligaciones que sumaban $3.579 millones. Estas cifras sustentaron su solicitud para acogerse al mecanismo previsto en la Ley 1116 de 2006, que permite negociar las deudas con los acreedores y buscar la continuidad de las operaciones. Metropolitan Printer y costos de una planta cerrada Metropolitan Printer también solicitó acogerse a un proceso de reorganización, esta vez bajo la modalidad abreviada. La compañía reportó activos por $6.195 millones a junio de 2026 y certificó obligaciones vencidas por más de 90 días por $16.710 millones, equivalentes al 60 % de su pasivo total.La empresa señaló que mantener una planta de producción cerrada y sin uso representaba costos fijos de $285 millones mensuales, es decir, $3.420 millones al año. Según la compañía, esa carga afectó su capital de trabajo y su liquidez antes del cierre definitivo de las instalaciones.La sociedad indicó que desmontó la planta física en 2024 y trasladó la producción a un modelo de tercerización. De acuerdo con su relato, el cambio permitió mejorar la eficiencia operativa y los márgenes unitarios de contribución, aunque los costos acumulados durante la etapa anterior habían deteriorado su posición financiera.La reorganización empresarial no supone que las deudas desaparezcan. Su propósito es facilitar acuerdos con los acreedores y ofrecer una vía para preservar la actividad económica, bajo las condiciones previstas en la legislación.El desarrollo de ambos casos permitirá conocer si las empresas logran avanzar hacia mecanismos que les permitan atender sus compromisos financieros y sostener sus operaciones.—