La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un nuevo informe que permitirá avanzar sustancialmente en la causa sobre presuntos amaños de obra pública, en la que aparecen como investigados principales los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto a Koldo García, a cambio de presuntas mordidas. La novedad de este nuevo oficio, que será remitido próximamente al juez que instruye la causa, Ismael Moreno, radica en que estrecha el cerco a Acciona Construcciones que, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por ABC, queda a las puertas de la imputación como persona jurídica por beneficiarse presuntamente de la adjudicación de contratos públicos. Fuentes del Ministerio Público explican a este periódico que la investigación formal sobre la constructora se efectuaría por responsabilidad civil a título lucrativo , en la medida en que Acciona pudo haberse lucrado por adjudicaciones de obra pública a la que acudía en UTE (unión temporal de empresas) con algunas de las empresas investigadas de la trama, Servinabar 2000 y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); o con las que mantuvo vínculos a través de exdirectivos de Acciona, en el caso de Obras Públicas y Regadíos (OPR). En los sucesivos informes de la UCO, Acciona aparece como el «denominador común» de varias adjudicaciones investigadas que mantenían vínculos con la trama delictiva. El auto del juez Leopoldo Puente cifró en 537.2 millones de euros las obras adjudicadas bajo sospecha, muchas de ellas contratos de la Dirección General de Carreteras y otras licitadas por Adif, ambos dependientes del Ministerio de Transportes en la etapa Ábalos-Cerdán. La UCO elevó esa cantidad hasta los 637 millones de euros. La mayor parte de las sospechas se centran en los contratos suscritos conjuntamente con Servinabar 2000, sociedad propiedad al 45% de Santos Cerdán según un documento hallado en los registros efectuados por la Guardia Civil. El instituto armado atribuye el 87% de sus ingresos a Acciona, unos 7,5 millones de euros entre 2015 y 2025, entre los que se encuentra el proyecto de los Tuneles de Belate y el Puente del Centenario en Sevilla. Otra de las empresas investigadas, Levantina Ingeniería y Contrucción (LIC), por una obra en la N-IV en Dos Hermanas-Los Palacios, adjudicada en 2019. El dueño de LIC, Pepe Ruz, fue el principal beneficiario del Ministerio de Transportes en obras de carreteras (128 millones de euros), y trabajó como jefe de obras de Acciona en Aragón hace veinte años. Tras su salida en los años 2000, concurrió en UTE junto a Acciona para la construcción del emblemático edificio Veles e Vents en Valencia. Otro de los investigados, Fernando Merino, fuel gerente de Acciona Construcciones, enlace con la constructora hasta 2019, y desde entonces, nexo con OPR. Según se recoge en el informe de la UCO, era Merino quien mediaba con Koldo en favor de la constructora de sus cuñados para darle «un empujón» a las obras que pretendían conseguir. A su vez, Koldo se benefició de la contratación de su mujer, Patricia Úriz, en Áridos Anfersa, también propiedad de los hermanos Menéndez. En 2025, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó ocho registros en las sedes de LIC, OPR, Servinabar y las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, así como en los domicilios de los constructores investigados; e imputó a tres directivos de la compañía: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, tras el oficio de la UCO en el que se apuntaba a una «aparentemente indebida adjudicación». Tras la imputación en junio de 2025, Acciona ejecutó el despido de Pelegrini y suspendió a Olarte y García Aconchel. Acto seguido, el juez ordenó rastrear las cuentas de los exdirectivos. Tras la inhibición en favor de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno sostuvo en su auto que las UTE con Acciona pudieron servir para canalizar fondos a los investigados en la causa, imputó al directivo Fernando Merino, que desde 2019 sirvió de enlace con OPR a través de los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, cuñados de Merino. El primero de ellos fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía. Moreno amplió el rastreo de las cuentas bancarias, que están pendientes de entregarse en el citado informe pendiente de la policía judicial. El origen de la trama, en septiembre de 2015, tuvo su epicentro en Navarra y fue escalando a Ferraz y Moncloa, primero con la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, y después, tras la llegada de éste al Gobierno en junio de 2018. El primer contacto se produjo entre Fernando Merino, Koldo García y Joseba Antxón Alonso -socio de Cerdán en Servinabar-, días después de la constitución de Servinabar, con motivo del proyecto de la Mina Muga, de Geoalcali, cuyo proyecto se adjudicó en UTE a Acciona junto a Servinabar. En el primer informe de la UCO sobre obra pública, ampliado posteriormente con el informe patrimonial de Cerdán, los investigadores situaron al socio de Cerdán como el «escalón intermedio» entre Acciona y la Administración pública, cuyo primer acuerdo marco de colaboración, se suscribió el 16 de septiembre de 2015, donde se señalaba a Servinabar como una sociedad que «goza de una buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra». Sin embargo, en aquel momento Servinabar había sido constituida 12 días antes de la rúbrica del acuerdo, y la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable no se obtuvo hasta el año 2019, ya con Ábalos en el Gobierno. Según el instituto armado, un hecho que «cobra especial relevancia» en el entramado de la organización criminal que operó en la trama de las mascarillas, los amaños de obra pública y en el sector de los hidrocarburos Con la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, se produjo la primera primera reunión entre Santos Cerdán y Acciona, a instancias de su socio en Servinabar, Joseba Antxón Alonso Egurrola, el 23 de mayo de 2017. De las conversaciones incautadas por la UCO se desprende un encuentro a las 20.50 horas de ese 22 de mayo entre Santos Cerdán, Justo Vicente Pelegrini, apoderado de Acciona, y el socio de Cerdán, Joseba Antxón Alonso en el restaurante La Paloma, en la calle Jorge Juan de Madrid. En la víspera, la noche del día 22, Joseba Antxón Alonso mandó un mensaje de WhatsApp al directivo de Acciona: «Buenas Justo, si te viene bien mañana podemos cenar con Santos en Madrid. Saludos». Pelegrini aceptó la invitación y se ofreció a hacer la reserva. Ese mismo día, Pedro Sánchez y su nueva guardia pretoriana –Ábalos, Cerdán y Koldo– reconquistaban Ferraz tras lograr el 50% de votos en las elecciones internas la noche del domingo 21 de mayo. Santos Cerdán sería nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE en el mes de junio, en el 39º Congreso Federal del PSOE, donde se eligió a Ábalos secretario de Organización del partido. La trama navarra (Cerdán y Koldo) desembarcó en Ferraz, importando el modus operandi fraudulento al Gobierno de España un año después, con el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018. Un modelo que, según la UCO, les permitió cobrar comisiones del 2% por obra pública amañada irregularmente tras un contrato entre Acciona Construcciones y Servinabar para el proyecto de Mina Muga. Según las conversaciones intervenidas que se recogen en el atestado policial, apenas un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y del nombramiento de José Luis Ábalos como ministro, se produjo una nueva reunión en julio de 2018, gestionada por Merino y Antxón entre «el gran jefe indio» y el «titular», en referencia a Ábalos y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, según los investigadores de la UCO. Desde la llegada de Santos Cerdán a Madrid en 2017 con el triunfo de las primarias, fuentes socialistas señalaban al número dos de Ábalos como «el hombre de Acciona en Madrid». Fue Cerdán quien negoció el apoyo del PNV y EH Bildu a la investidura de Sánchez en la moción de censura contra Rajoy, a través de Joseba Antxón Alonso, natural de Elgoibar y vecino de Arnaldo Otegi, y a su vez, relacionado con el PNV por un contacto familiar cercano. Consta en autos judiciales una de las exigencias que los nacionalistas vascos exigieron a cambio de su voto a favor: «Cerdán propuso mantener en el cargo a quien dio vía libre a la primera obra amañada entre Acciona y Servinabar», en referencia a Javier Chacón, responsable de la Dirección de Evaluación Ambiental. Los informes del instituto armado aportaron grabaciones realizadas por Koldo García sobre el cobro de mordidas de éste, Ábalos y Cerdán a cambio de estas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago del alquiler del ático de Cerdán en Madrid y gastos personales realizados con tarjetas de Servinabar por valor de, al menos, 323.178 euros. Cerdán también intermedió en favor de Acciona para lograr licitaciones en Marruecos, para lo cual se integró en una delegación oficial del Ministerio de Transportes en diciembre de 2018 para reunirse con dos ministros marroquíes «de plena confianza», según le trasladó en un mensaje a Koldo, si bien estas gestiones no fructificaron. Acciona niega a ABC el pago alguno de comisiones a través de los investigados e insiste en que los cuatro directivos imputados fueron despedidos y suspendidos por «falta de diligencia» en sus obligaciones. Justo Vicente Pelegrini negó que el 2% que según la UCO esconde la mordida se corresponde con servicios reales, y en sus declaraciones judiciales, Fernando Merino y Joseba Antxón Alonso revistieron de normalidad la 'joint venture' de Acciona y Servinabar, una empresa local con implantación territorial, pese a ser creada días antes de firmar su primer proyecto en 2015. Un portavoz de Acciona Construcción reiteró la voluntad de la compañía de colaboración con la investigación y añadió que no ha sido requerida información al respecto.