El baloncesto griego se ha visto sacudido por un grave escándalo de corrupción que afecta a varios de sus principales responsables. La semana pasada seis personas, entre ellas Vangelis Liolios, presidente de la Federación Griega de Baloncesto (EOK, por sus siglas en griego), tres árbitros, un empresario y un exjugador fueron detenidas en el marco de una investigación por presuntos delitos de soborno, cobro por favores y amaño de partidos. Las autoridades griegas afirman que se trata de una trama que habría manipulado cerca de 50 partidos disputados entre 2016 y 2026, en competiciones de diferentes categorías, desde campeonatos escolares hasta partidos de la Liga de baloncesto nacional. La investigación, iniciada la pasada primavera después de las denuncias presentadas por dos clubes de baloncesto de Atenas, recoge elementos probatorios como las declaraciones de ocho testigos y mensajes que apuntarían a posibles acuerdos para alterar el desarrollo de determinados partidos a cambio de pagos o favores. En uno de los mensajes recogidos en el expediente, uno de los implicados preguntó poco antes de un partido cuántos jugadores debía expulsar por acumulación de faltas durante el encuentro. También se recoge un episodio que tuvo lugar en un partido celebrado fuera de Grecia y en el que la actuación de los árbitros griegos fue sancionada por la FIBA. Liolios, que presidía la EOK desde 2021 y que fue puesto a principios de semana en prisión preventiva por los «graves indicios de culpabilidad», ha defendido su inocencia y sostiene que está siendo víctima de una operación organizada para perjudicar su reputación personal y profesional. El dirigente presentó su dimisión de la EOK el pasado viernes para, según explicó a través de un comunicado, facilitar el desarrollo de la investigación y permitir que se esclarezcan los hechos. Entre los árbitros investigados se encuentran Vaso Tsaruja, colegiada en activo a la que se relaciona con trece encuentros amañados disputados entre 2018 y 2026; el responsable del cuerpo arbitral, Ilías Korimilas, señalado por nueve presuntos sobornos a árbitros y el excolegiado Tasos Piliodis, quien fue señalado por uno de los testigos del caso. Los tres han rechazado las acusaciones y negado cualquier comportamiento irregular. Sin embargo, la justicia ha impuesto contra ellos medidas cautelares: Koromilas ingresó a principios de semana en prisión preventiva, mientras que Tsaruja y Piloidis permanecen bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Por su parte, Liolios y su estrecho colaborador, Yorgos Mavraganis, también se encuentran en prisión preventiva desde el pasado fin de semana. Durante los registros policiales en las viviendas de dos de los árbitros investigados los agentes confiscaron 920.000 euros en efectivo. También se encontró dinero en los domicilios de los otros sospechosos, aunque en cantidades considerablemente inferiores. Las autoridades helenas tratan de esclarecer si ese dinero proceden de actividades ilícitas. Koromilas, en cuyo domicilio la policía encontró 820.000 euros, sostiene que puede acreditar mediante documentación bancaria que el efectivo procede de su actividad profesional como colegiado en encuentros internacionales. El Gobierno griego ha reaccionado de forma inmediata ante el escándalo y el ministro de Deportes, Yannis Vrutsis ha anunciado la suspensión de todas las subvenciones estatales a la EOK mientras continúe la investigación. Además, ha solicitado una auditoría financiera y administrativa de los últimos tres ejercicios fiscales de la federación. Tras la dimisión de Liolios, Ánguelos Papanikolau ha asumido la dirección provisional del organismo hasta la celebración de las próximas elecciones, previstas para el 20 de diciembre.