He aquí un encargo urgente, serio y vital: el accidente de Adamuz y la tragedia de Urda obligan a imponer una auditoría general sobre la situación del sistema ferroviario que resuelva las carencias, depure responsabilidades y devuelva a los ciudadanos la confianza en el servicio. El Gobierno debe quedar al margen porque su pericia para dejar las conclusiones pudrirse en un cajón es notoria. La Administración pública tiene excelentes técnicos, suficientemente preparados para ofrecer respuestas objetivas y proponer medidas de mejora en la red ferroviaria. Son ellos mismos, asociados en Aicape, los que piden «una investigación técnica rigurosa, objetiva e independiente» y han alertado de que debe blindarse frente a cualquier presión política. Es prioritario que los responsables de la auditoría no tengan relación alguna de subordinación con el Gobierno. La interferencia del poder político arruinará o mediatizará el trabajo técnico porque su prioridad es eludir responsabilidades, no asumirlas, como se ha visto sobradamente. Pasó ya con Adamuz y está pasando con Urda: el foco del relato oficialista mantenido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, se basa en centrar la responsabilidad directa de la tragedia en una orden emitida por un técnico del centro de mando de la estación de Atocha. La premisa es tramposa y cobarde, ha sido avalada por consentimiento por el presidente, Pedro Sánchez, e impide confiar en que el Gobierno vaya a promover una investigación limpia de presiones y de condicionamientos. Puente ya tiene su conclusión –más bien, la cabeza del culpable– y solo le basta que alguien se la (con)firme. Su descrédito es radical e irreversible. Dejando a un lado la difícil tarea del juzgado de Orgaz, sólo sería aceptable una auditoría absolutamente independiente, formada por técnicos sin vinculación política, funcional ni orgánica con el Gobierno, formada por un complejo equipo multidisciplinar: se precisan ingenieros de caminos, telecomunicaciones, industriales y expertos con experiencia acreditada a los que se dotará con los medios económicos y materiales suficientes, y cuyas conclusiones serán conocidas por la opinión pública sin filtros gubernamentales, salvo restricción judicial de la publicidad de algún dato. El papel del Gobierno se limitará a retirarse del caso para que quede asegurado el acceso de los auditores a la información de manera directa, transparente e incontaminada. Hay que llegar al fondo de la situación y de las irregularidades en las inversiones de un ministerio señalado por la corrupción. Es más, dada la magnitud de la tragedia y el enorme flujo de dinero europeo para financiar las infraestructuras, habrá auditores de la Comisión Europea. Aunque el ministro de Transportes esté empeñado en decantar todas las causas del accidente en la sola responsabilidad del técnico de Adif, lo cierto es que la tragedia de Urda ha vuelto a quitar el velo a un estado de la red de alta velocidad que se ha convertido en un peligro de muerte para los usuarios. La auditoría tiene como misión principal recuperar la confianza en el sistema, para que los ciudadanos no duden si un billete de tren les costará la vida. Silenciar la realidad de nuestra red ferroviaria como hace Puente es criminal, después de dos tragedias en nueve meses, «inverosímiles» para el ministro, pero sentidas por todos los demás. Sobre su conciencia, al menos ciento quince muertos y tantas decenas de heridos solamente en la línea Madrid-Sevilla en 2026 son una prueba irrefutable que obliga a esta investigación por salud democrática. La obsolescencia de los sistemas de alarma, los fallos, los mecanismos alternativos, el número de controladores del tráfico ferroviario, los medios tecnológicos y el mantenimiento adecuados para la gestión de una frecuencia creciente de trenes en los mismos trayectos y los criterios de selección de los cuadros directivos del Adif están ya en el punto de mira. Hay que aclarar cómo es posible que, caído el sistema LZB en el tramo de Urda, solo quedara la opción de unas órdenes verbales sin verificación técnica y sin conocimiento del tráfico en esa misma vía. Hay que levantar el silencio que cubre todo el sistema y asegurarlo. Un Gobierno que se ha demostrado falsario ya no tiene legitimidad para responder a las preguntas.