La campaña electoral que Pedro Sánchez había diseñado para intentar una nueva remontada ha saltado por los aires a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Donde hace apenas unos días había grandes mítines, llamadas a la movilización y una estrategia de confrontación entre dos modelos de país, ahora hay duelo, preguntas sin respuesta y una crisis de confianza en el sistema ferroviario. El accidente de Urda (Toledo), que deja al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, ha interrumpido de golpe la precampaña y ha obligado al Gobierno a abandonar la ofensiva política para concentrarse en la gestión de una tragedia que vuelve a situar bajo escrutinio al Ministerio de Transportes."Estamos ante lo que en el análisis de riesgos de una campaña electoral se conoce como un cisne negro: un acontecimiento extraordinario e imprevisto que cambia completamente las condiciones de una competición", explica a infoLibre la politóloga Anna López. Su diagnóstico es contundente: “Esta tragedia cambia la campaña 180 grados". El PSOE, que había apostado por una estrategia de movilización emocional y mensajes positivos, se enfrenta ahora a una realidad radicalmente distinta. "Hemos pasado de una campaña de movilización, música y confrontación a un contexto de duelo, incertidumbre y demanda de seguridad".El cambio llega, además, en uno de los momentos más delicados para el Ejecutivo. El accidente se produce tan solo nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas. Son al menos 115 víctimas mortales en dos grandes tragedias de alta velocidad durante el mismo año, con investigaciones todavía abiertas y el mismo ministro, Óscar Puente, al frente de Transportes. Más allá de la prioridad absoluta de atender a las víctimas y a los familiares de los fallecidos, y de iniciar una investigación que determine por qué se produjo la colisión, la magnitud del accidente lo trastoca todo.Para López, esta acumulación de circunstancias modifica las prioridades de los electores. "La ciudadanía no está pidiendo ahora que los partidos la entretengan o la agiten contra el adversario: está pidiendo empatía, explicaciones y garantías". La vivienda, la economía o la inmigración, asuntos que habían ocupado el debate político, quedan temporalmente desplazados por tres cuestiones mucho más inmediatas. “La seguridad, la protección de los ciudadanos y la capacidad del Gobierno para gestionar los servicios públicos”, expone.Hasta el miércoles, la estrategia socialista pasaba por recuperar la iniciativa y activar a un electorado progresista cuya desmovilización amenaza sus expectativas electorales. El PSOE había logrado poner al PP a la defensiva, aprovechando los errores de Alberto Nuñez Feijóo, sobre todo sus tropiezos con las pensiones. Una oportunidad con la que los socialistas han marcado la agenda política con temas que preocupan a los votantes progresistas. La politóloga Cristina Monge considera que el accidente ferroviario ha supuesto un punto de inflexión en la campaña electoral, obligando a los partidos a replantear sus estrategias y a adaptarse al estado de ánimo de la ciudadanía. A su juicio, el PSOE es uno de los principales afectados, ya que su campaña, centrada hasta ahora en mensajes positivos y de alegría, ha quedado desdibujada por la tragedia. Para Monge, la clave en este nuevo escenario es la empatía. En este sentido, valora positivamente que Pedro Sánchez haya reconocido la pérdida de confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad y la necesidad de recuperarla. El politólogo y consultor en comunicación política Eduardo Bayón describe una precampaña en la que Sánchez había vuelto a protagonizar "mítines multitudinarios que recuerdan a la época de ZP", mientras el PP aparecía "desdibujado" y centraba buena parte de su discurso en el presidente y en la competencia con Vox. Esa dinámica ha quedado suspendida. Y el problema del PSOE es que lo ocurrido cuestiona uno de los argumentos con los que pretendía presentarse ante los votantes: la defensa de unos servicios públicos fuertes frente a las políticas de recortes que atribuye a la derecha.Guillermo Fernández-Vázquez, doctor en Ciencia Política y especialista en las derechas radicales europeas, cree que el efecto puede ser devastador. "Este accidente es demoledor para el Gobierno y reduce al mínimo o casi al mínimo sus posibilidades de revalidar", sostiene. En su opinión, la tragedia vuelve a alimentar un clima de desconfianza en el funcionamiento del país y en la capacidad de gestión del Ejecutivo, al tiempo que facilita a la oposición conectar ese malestar con otras controversias políticas. "Lo que pone en primera plana este accidente es que los servicios públicos funcionan muy mal", afirma Fernández-Vázquez, que considera que se daña la credibilidad del discurso socialista. Su pronóstico es especialmente negativo para los socialistas. Entiende que el Gobierno necesitaba ya una remontada de grandes dimensiones y que esta nueva crisis reduce sustancialmente sus posibilidades. Hasta el punto de desplazar, a su juicio, el interrogante sobre una eventual victoria socialista hacia la amplitud de una posible mayoría de PP y Vox cercana a los 200 escaños. Una posibilidad en la que también coincide Anna López.Con todo, algunos analistas aseguran que el accidente no va a definir quién va a ser el próximo presidente del Gobierno. Así lo sostiene Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Orriols señala que la tragedia de Urda ha devuelto al Gobierno a una posición defensiva precisamente cuando había encontrado una oportunidad para pasar a la ofensiva, pero incide en que las campañas electorales tienen una “capacidad limitada” para modificar comportamientos políticos consolidados."Las campañas electorales solo determinan quién gobierna si hay empate", advierte. Su argumento es que el impacto de una crisis, por grave que resulte, no puede evaluarse al margen de las preferencias previas de los votantes ni del margen real de competición entre bloques. Tampoco cree que deba confundirse el desplazamiento de la agenda informativa con un cambio automático en las expectativas de voto.La gestión de la emergencia y, especialmente, la atribución de responsabilidades se han convertido en el núcleo de la nueva disputa política. El viernes, Óscar Puente descartó dimitir y defendió su continuidad para esclarecer lo ocurrido y ofrecer soluciones. El ministro reconoció que se produjo un fallo en el centro de control de Adif, pero insistió en que no utilizará a ningún trabajador como escudo y en que las investigaciones deben aclarar toda la secuencia de acontecimientos.Para Orriols, el Ejecutivo cuenta con un elemento a su favor: la rapidez de la respuesta institucional. A diferencia de en otras emergencias, como la dana, considera que en esta ocasión la reacción inicial ha sido más ágil. Sin embargo, eso no resuelve el principal riesgo político. "El problema es la atribución de responsabilidades", resume. La cuestión, opina el experto, no es únicamente si el Gobierno ha respondido adecuadamente una vez producida la tragedia, sino si los ciudadanos consideran que podría haberse evitado.En ese escenario, la continuidad de Puente se convierte en un problema político añadido. Orriols recuerda que las dimisiones pueden funcionar como una "válvula de escape" para descargar la presión sobre un Ejecutivo, pero no garantizan que se recupere la confianza. De hecho, advierte de que en España también pueden ahondar en la percepción de crisis. Su permanencia, por el contrario, mantiene el foco sobre el ministro y obliga al Gobierno a sostener su gestión ante cada nueva información que se conozca. Monge, por ejemplo, considera que los socialistas deberían ir más allá, explicar qué medidas proponen para restablecer esa confianza e incluso plantear la retirada de Óscar Puente como gesto político. Por su parte, López insiste en que la respuesta política no puede limitarse a la continuidad o salida de una persona, si bien considera que el hecho de mantener a Puente tendrá un coste importante para los socialistas, que podrían bajar de los 100 escaños. El PSOE, sostiene, debe responder a tres interrogantes: "Quién es responsable, cómo estás gestionando la emergencia y qué vas a hacer para que no vuelva a suceder". Es decir, explicaciones concretas sobre mantenimiento, inversión ferroviaria, recursos humanos, supervisión y prevención. La politóloga considera que el accidente cambia incluso los criterios con los que una parte de la ciudadanía puede evaluar a quienes aspiran a gobernar. Ya no se trata únicamente de decidir qué partido representa mejor sus intereses o su modelo ideológico, sino de determinar quién puede ofrecer protección y garantías.La tragedia también ha obligado a la oposición a redefinir su estrategia. Para el PP, el accidente representa una oportunidad de situar la gestión del Gobierno en el centro de la campaña y presentarse como una alternativa institucional. Sin embargo, ese movimiento plantea una dificultad: disputar el voto del descontento a Vox sin quedar atrapado en una dinámica de confrontación que pueda interpretarse como una instrumentalización del sufrimiento de las víctimas. Feijóo elevó el viernes el tono contra el Ejecutivo. Tras reunirse con expertos ferroviarios, responsabilizó al Gobierno de no haber renovado un sistema de seguridad que considera obsoleto y extendió la exigencia de responsabilidades a Sánchez. "Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", dijo. López considera que el PP puede beneficiarse electoralmente de la crisis, pero insiste en que "no basta con criticar a Sánchez". Eso supone diferenciarse también de la estrategia de Vox, especialmente en el tratamiento de las víctimas y en la difusión de acusaciones que todavía no estén respaldadas por las investigaciones.La formación de Santiago Abascal ha optado por una respuesta distinta. Mientras el resto de los principales partidos suspendían sus actos de precampaña, Vox decidió mantenerlos. Abascal justificó esa decisión por su voluntad de seguir denunciando al Ejecutivo y exigió dimisiones tanto de Sánchez como de Puente. Bayón advierte de que, en un momento de elevada intensidad emocional, el malestar de los votantes de derechas podría favorecer a Vox, especialmente si persiste la percepción de falta de liderazgo de Feijóo. Pero señala también un riesgo: "Si Vox es percibido como utilización de la tragedia, puede restarle".Monge observa estrategias diferenciadas. Mientras la extrema derecha mantiene una posición de confrontación para reafirmar su pretendido carácter antisistema, el PP trata de proyectar una imagen más institucional a través de Feijóo, aunque sus mensajes en redes sociales no siempre siguen esa misma línea. En cualquier caso, advierte de que la ciudadanía española no perdonará “ni la mentira ni la sobreactuación”, dos riesgos que, a su entender, todos los partidos tienen muy presentes a la hora de redefinir sus campañas.Orriols apunta a otro elemento. Aunque tradicionalmente el PP puede beneficiarse del desgaste del partido que gobierna, las circunstancias cambian cuando la indignación se combina con el rechazo a las instituciones y el descrédito de la política. En ese contexto, sostiene, "no sería descartable que Vox saliera beneficiado".De todas formas, el principal problema electoral para el PSOE podría no ser una fuga masiva de votantes hacia el PP o Vox, sino la desmovilización de una parte de su propio electorado. Los cinco analistas identifican el riesgo de que la tragedia incremente el desánimo entre sectores progresistas que ya mostraban dificultades para movilizarse. López distingue dos posibles reacciones ante una crisis de esta magnitud: la abstención por desafección de quienes sienten que las instituciones les han fallado y la movilización mediante el voto de protesta. Unos fenómenos pueden producirse simultáneamente.Para Fernández-Vázquez, el accidente contribuye a crear "un clima destituyente que moviliza aún más si cabe a la derecha y que desmoviliza a las izquierdas". Según su interpretación, el problema del PSOE es que una crisis de gestión puede desalentar precisamente a aquellos votantes que necesita recuperar para aspirar a una remontada. Orriols comparte la preocupación por una posible "desmovilización asimétrica en la izquierda", aunque insiste en que conviene evitar conclusiones precipitadas porque la actualidad “es cambiante”.Tampoco está claro que el descontento con el Gobierno beneficie automáticamente a los partidos situados a su izquierda. Frente Amplio afronta una posición especialmente delicada por su vinculación con la mayoría parlamentaria y la acción de gobierno. Su candidata, Ada Colau, reclamó el viernes la dimisión de Puente. Un paso que todavía no han dado ERC y Podemos, que sí han pedido la comparecencia urgente del ministro en el Congreso.Para Orriols, los socios minoritarios suelen encontrarse en una situación difícil cuando se abre una crisis que afecta al Ejecutivo al que han apoyado. Necesitan diferenciarse de sus decisiones “sin perder la credibilidad” ante sus propios votantes. La incógnita es si la indignación acabará traduciéndose en una abstención más elevada entre los progresistas o en una redistribución de apoyos dentro de cada bloque.