El Govern y los Comuns siguen sin dar con la tecla para desencallar la ley contra la compra especulativa de vivienda, que lleva ya un año tramitándose en el Parlament. El principal escollo ha sido el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que puso en duda la constitucionalidad de algunos aspectos de la norma. Aunque sus conclusiones no son vinculantes, sí advierten de posibles problemas legales que podrían acabar llevando la ley ante el Tribunal Constitucional, algo que el PP ya ha amenazado con hacer. Para sortearlos, el Govern presentó una serie de enmiendas que no convencieron a los de Jéssica Albiach, que consideran que los cambios descafeínan la norma y optaron por registrar sus propias propuestas.Seguir leyendo....