La controversia alrededor de los impuestos que no pagan los centros de datos se ha reavivado esta semana después de que el alcalde de Zamora denunciase que un proyecto regional, que tramita la Junta de Castilla y León en el Polígono Zamora Norte de Monfarracinos, estará exento del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), de manera que cinco ayuntamientos pequeños dejarán de ingresar 200 millones de euros. Este agujero fiscal ya ha sido denunciado en otros municipios, principalmente de Aragón, y ahorrará cientos de millones de euros a grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft, así como a fondos de inversión.El problema parte de que las comunidades autónomas que compiten entre sí para hacerse con estas megaestrucuturas están declarando los centros de datos como inversiones estratégicas, lo que acelera sus plazos de tramitación, los libera de exámenes ambientales, les permite la expropiación forzosa de terrenos y recorta y elimina algunos de los impuestos que deben afrontar.En Aragón se utiliza la criticada figura del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), que ya se ha concedido a siete inversiones y hay dos más en camino, mientras que en Castilla y León se los cataloga como Proyecto Regional.En realidad, ninguna de estas figuras elimina directamente el ICIO, pero sí de forma indirecta. La declaración de PIGA de un centro de datos exime a la compañía de tramitar una licencia municipal de obras y al ayuntamiento de realizar una actividad de control sobre estas. Como el hecho imponible se elimina, todos los proyectos presentados justifican que el ICIO es cero, y hasta ahora se ha establecido esta interpretación en las seis inversiones de Aragón que tienen su PIGA aprobado. Así lo resume Microsoft en la memoria económica de su PIGA en Aragón: "En tanto que, dentro del marco jurídico establecido por el TRLOTA [la ley de ordenación del territorio], ni la expedición de la licencia de obras ni la de actividad de control de estas corresponden al municipio, no se genera el hecho imponible, por lo que el incremento de ingresos corrientes a favor de los ayuntamientos en concepto de ICIO será nulo".El ahorro para las empresas es descomunal porque al tratarse de infraestructuras de grandes extensiones –un solo proyecto puede ocupar tanto como un polígono industrial–, el coste de construcción es milmillonario, y el ICIO grava un porcentaje de ese coste total de edificación, que oscila entre el 2,4% y el 4%, según el ayuntamiento. No hay una cifra concreta de a cuánto equivaldría ese agujero porque los promotores dejan en blanco ese apartado en las memorias económicas de sus proyectos, pero algunos municipios han publicado sus estimaciones.Villamayor de Gállego, con menos de 3.000 habitantes, estima una merma de unos 100 millones de euros, según El Periódico de Aragón. Este pueblo acogerá, en principio, algunas de las instalaciones de los proyectos de Azora y de Microsoft. Si se aplican los impuestos municipales al presupuesto publicado por cada compañía, también se puede aproximar una merma de 23 millones para Villanueva de Gállego (4.800 habitantes) si se materializa la expansión de AWS. El Burgo de Ebro (2.700 habitantes) perdería alrededor de 20 millones en esa misma operación, mientras que La Muela (6.700 habitantes) dejaría de ingresar unos 52 millones de Microsoft. Estas cifras son provisionales y solo representan una parte del impacto porque solo en Aragón hay al menos 15 ciudades y pueblos que albergarán estas infraestructuras.Las consecuencias sobre estos consistorios son demoledoras porque ese dinero sería una inyección histórica, según denuncia Raúl Burillo, inspector de Hacienda en Aragón. "El impacto que deja el ICIO es muy importante para un municipio de estas características, es un salvavidas para una larga temporada", asegura. Él entiende que esta decisión autonómica, del Gobierno del PP en este caso, "choca con las competencias municipales", pero todavía no se ha iniciado un proceso judicial que resuelva esta pugna, que tendría que abordar el Tribunal Constitucional.La polémica del ICIO es la más sonada porque supone una lluvia de millones, pero el ahorro fiscal para estas granjas de servidores va mucho más allá.Para empezar, incluso aunque se abonase ese ICIO porque un tribunal cambiase el criterio de interpretación, el PIGA aragonés concede una exención del 95% para ese tributo. Además, el impuesto municipal de bienes inmuebles (IBI) también está bonificado en un 95% durante los primeros cinco años de proyecto, así como el impuesto de actividades económicas (IAE), que también deja dinero en el ayuntamiento y que tiene una bonificación del 100% durante los dos primeros años de actividad y del 95% durante los cinco siguientes. La estructura de costes del centro de datos de ACS en La Puebla de Alfindén, por ejemplo, revela que, si empieza a funcionar en 2030, no abonaría IAE hasta 2032, cuando teóricamente tendría que soportar un impuesto anual de 14.262,30 euros, pero con una bonificación del 95%, se reducirá a 713,12 euros hasta 2037.Pero Raúl Burillo va más allá. "Yo estimo que los beneficios fiscales de los centros de datos en los próximos 20 o 30 años serán cercanos a cero", resume el especialista.Se adelanta a las maniobras que cree que realizarán estas grandes tecnológicas y advierte de que "posiblemente van a tener devoluciones millonarias del IVA" que ingrese la Agencia Tributaria española por la construcción de estas megaestructuras. "El servicio que prestan de la nube es electrónico y la ley de IVA considera que el lugar donde se localiza su liquidación es en la sede del destinatario, que estará en el extranjero", resume Burillo. Y lo mismo con el impuesto de sociedades. "Lo más normal es que los escuetos beneficios que tengan aquí se vayan en forma de royalties y contratación de servicios de I+D a sociedades extranjeras, dejando su sociedad española pelada", añade.Jesús García Usón, coordinador de Izquierda Unida Zaragoza, es uno de los opositores políticos a este modelo impulsado primero por el PP, y ahora también por su nuevo socio de Gobierno, Vox. "El PIGA es una alfombra roja para estas multinacionales. Ningún ayuntamiento lo ha llevado a los tribunales, pero tiene apariencia de inconstitucionalidad", denuncia.Además de una fiscalidad dopada, ofrece una prioridad administrativa total a la inversión, haciendo que los funcionarios procesen estos proyectos por delante de cualquier otro negocio que quiera aterrizar en la región, desde una granja hasta un supermercado o una fábrica. Al mismo tiempo, dota al centro de datos de potestad para expropiar toda clase de terreno que necesite para su construcción. Estos beneficios forman parte de los planes PIGA de Aragón, pero en otras comunidades también hay figuras similares, con sus particularidades locales.