El empresario franco-israelí Philippe Solomon debería haber acudido a mediados de septiembre al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid para declarar como investigado por una supuesta estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. Pero, una vez más, no lo hizo. Horas antes de la cita ante el magistrado Jorge Israel Bartolomé, su defensa presentó un escrito en el que decía que el escurridizo empresario no podría asistir presencialmente porque pesaba sobre él una supuesta orden internacional de detención cursada por las autoridades de Ucrania. Cinco años después de la apertura del caso, el magistrado instructor sigue sin poder tomar declaración a la pieza central del mismo.La investigación por estafa agravada se inició en marzo de 2021, después de que la Policía Municipal de Madrid remitiese a los juzgados un atestado en el que ponía de relieve distintas irregularidades alrededor de la compra de 500.000 mascarillas que el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida había adquirido a la consultora Sinclair&Wilde en los peores momentos de la pandemia. El consistorio pagó 2,5 millones de euros por las mismas. Es decir, cinco euros por cada una, el tercer precio unitario más elevado que en aquellas fechas pagaron los municipios más grandes del país por FFP2 y KN95, según un informe del Tribunal de Cuentas. Unas mascarillas que ni siquiera se pudieron entregar a los Servicios de Emergencia porque no se ajustaban a los requisitos técnicos de la normativa española y europea.Localizar y tomar declaración al empresario ha sido siempre el gran obstáculo en este procedimiento. A Solomon se lo tragó la tierra durante meses. Ni siquiera la Policía de Nueva York fue capaz de dar con él cuando acudió a la dirección que Sinclair&Wilde hacía constar en sus facturas. Aquella suite la ocupaba, en realidad, otra compañía distinta. Un callejón sin salida que llevó al instructor a dictar el sobreseimiento provisional de las pesquisas. Y en un cajón se mantuvo el caso durante casi un año, hasta que el magistrado recibió nuevas pistas sobre el investigado. La Policía, en concreto, le comunicó que Philippe Haim Solomon utilizaba "habitualmente" otra identidad –Philippe Victor Chain Hababou–, que tenía tres pasaportes –Israel, Francia y Guinea Bissau– y que su residencia estaba en Reino Unido.Las pesquisas, desde entonces, fueron avanzando lentamente. Se tomó declaración a diferentes testigos, se recopilaron comunicaciones relacionadas con la operación de compraventa —desde mensajes de WhatsApp hasta correos electrónicos— o se revisó la información bancaria sobre la consultora que remitieron las autoridades estadounidenses. Pero faltaba lo más importante: escuchar a un investigado al que nadie conseguía localizar. Las gestiones con las autoridades de Reino Unido o de Estados Unidos para citarle a declarar como investigado fracasaron, lo que llevó al instructor a acordar la prisión preventiva de Solomon y a dictar una orden internacional de detención contra él.Tras una eterna búsqueda, el empresario apareció. Hace más de un año, Solomon remitió al juzgado a través de su abogado varios escritos de alegaciones en los que, entre otras cosas, decía que solo se había quedado con 175.000 euros de aquel contrato –el resto, aseguraba, se había ido en "proveedores", "intermediarios" o "transporte"–. A día de hoy sigue sin comparecer ante el instructor. El pasado 17 de septiembre debía haberse sentado frente a él, pero no lo hizo. Unas horas antes, su abogado informó al juzgado de que la declaración presencial no era posible. "Dicha imposibilidad trae causa de una orden internacional de detención cursada por las autoridades de Ucrania", rezaba el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre.Sin aportar ningún documento acreditativo de la misma, su defensa alegaba que dicha orden, cuya existencia es "verificable y comprobable", dificultaba cualquier viaje de Solomon desde Emiratos Árabes Unidos, donde asegura que se encuentra. "Cuando acuda al aeropuerto será detenido", continuaba. Y si eso pasaba, culminaba, "no va a poder prestar declaración alguna", lo cual supondría "un obstáculo insalvable para el avance" del procedimiento. En su escrito, la defensa de Solomon proponía que la declaración del investigado se hiciera por videoconferencia, pero el instructor rechazó esa posibilidad.Solomon insiste, y así lo reitera en un recurso reciente, en que su declaración solo puede producirse de forma telemática. Una opción que rechazan con contundencia algunas de las acusaciones, que recuerdan, entre otras cosas, que el día en el que se produzca el interrogatorio se tendrá que resolver sobre la situación personal del investigado –es decir, se tendrá que decidir si se le pone en libertad o se le envía a prisión provisional–, lo que es imposible si el empresario se conecta a más de 5.000 kilómetros de distancia. Además, ponen en duda que una declaración en estas condiciones desde Emiratos Árabes Unidos se lleve a cabo con todas las garantías.Es la segunda vez que se suspende este año la declaración de Solomon. La misma se fijó, en un primer momento, para el pasado mes de marzo. De hecho, el instructor llegó a levantar el acuerdo de prisión provisional y las órdenes de detención internacional para que el investigado viniera a comparecer de manera voluntaria. Ese viaje no pudo llevarse a efecto por estar cerrados los espacios aéreos en Oriente Medio como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Así lo relató el magistrado en su último auto de prórroga de la instrucción. El octavo desde que se abrió un caso Sinclair que empieza a ser eterno.