Álvaro Rodríguez, representante del Grupo Portuario y Ricardo Ayerbe, ministro de Transporte. Foto: MinTransporte. La Agencia Nacional de Infraestructura firmó un memorando de entendimiento que establece la ruta para reactivar Muelle 13 de Buenaventura.Desde la entidad informaron que avanzan las tareas para solucionar la controversia jurídica y fijar la fecha de reanudación de operaciones. Este acuerdo le evitaría al país continuar con un litigio que tenía pretensiones económicas de US$30 millones aproximadamente.Esta terminal portuaria espera atender a más de 50 buques al año 50.000 toneladas métricas adicionales de capacidad de almacenamiento y tendría más de 70.000 m² para el acopio de minerales.Los problemas legales del Muelle 13 de Buenaventura durante el Gobierno de Gustavo Petro giró alrededor de la continuidad de su operación, el cumplimiento de obligaciones ambientales y portuarias y la decisión de las autoridades de suspender actividades y revisar las condiciones bajo las cuales funcionaba el terminal.El punto central del conflicto fue determinar si el operador podía seguir explotando el muelle bajo las condiciones existentes o si debía cumplir nuevos requerimientos de las autoridades. También hubo una disputa sobre las decisiones administrativas que afectaban la operación y los derechos del concesionario.¿Quién está detrás del Muelle 13?El empresario vinculado al negocio es Álvaro Rodríguez, propietario de Ventura Group y representante del Grupo Portuario S. A., sociedad que ha estado a cargo de la operación del Muelle 13.Grupo Portuario tenía el manejo del terminal desde 2005, inicialmente bajo un contrato de concesión portuaria. El empresario buscaba extender esa relación contractual por otros 20 años, hasta 2045.La disputa se remonta a diciembre de 2023:23 de diciembre de 2023: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorizó una modificación del contrato de concesión que permitía extender por 20 años la operación de Grupo Portuario e incorporar nuevas áreas.28 de diciembre de 2023: el Consejo Directivo de la ANI se retractó de esa decisión y determinó que no aprobaría la prórroga.Enero de 2024: la ANI formalizó la revocatoria mediante actos administrativos. El argumento del Gobierno fue que existían cuestionamientos sobre los requisitos legales, portuarios y ambientales de la modificación contractual.La empresa acudió a los tribunales y argumentó que la ANI había desconocido el debido proceso y cambiado injustificadamente una decisión que ya había adoptado. El caso también generó cuestionamientos sobre la actuación de los funcionarios del Gobierno.El 24 de abril de 2024, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el entonces ministro de Transporte, William Camargo, y otros cinco funcionarios relacionados con la decisión de la ANI.El organismo de control buscaba establecer si hubo falsa motivación y desconocimiento del debido proceso, pues consideraba que la entidad había justificado su retractación en posibles afectaciones ambientales sin contar con las pruebas suficientes y desconociendo un concepto favorable del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura.Muelle13. Foto: ANI La decisión sobre Muelle 13El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó una medida cautelar que suspendió los efectos de las resoluciones de la ANI que habían dejado sin efecto la prórroga.En julio de 2025, el Consejo de Estado confirmó esa medida.La decisión consideró que existían elementos para cuestionar la actuación administrativa de la ANI, particularmente por el cambio de posición de la entidad y las posibles afectaciones al debido proceso y a la confianza legítima de la empresa.Esto fue importante porque mantuvo suspendida la decisión con la que el Gobierno había intentado retirar la prórroga. Sin embargo, no equivalía a una sentencia definitiva que resolviera todo el litigio contractual ni eliminaba las restricciones ambientales