Más de 11 millones de niños y adolescentes empiezan este martes el curso en las escuelas e institutos de Francia. La principal novedad de esta 'rentrée' es la prohibición de los teléfonos móviles en las clases de Bachillerato. Tras la aplicación de una medida parecida en septiembre de 2018 para los cuatro primeros años de educación secundaria, el Gobierno la amplía ahora a los liceos. Es decir, afecta a los alumnos de los tres cursos de Bachillerato, de entre 15 y 18 años. Esta ley entró en vigor el 24 de agosto, pero directores y sindicatos han advertido que no resultará nada fácil de aplicar y que en muchos centros no será efectiva hasta dentro de unas cuantas semanas o meses. Esta medida forma parte de una legislación aprobada en julio y que pretendía prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. El equivalente galo del Tribunal Constitucional tumbó la parte dedicada a las redes sociales, pero mantuvo la de los móviles en los liceos. Según ese texto, «el reglamento interno determina la aplicación de esta prohibición y las excepciones», en las que los jóvenes podrán utilizarlos. Por ese motivo, hasta que el centro correspondiente haya modificado sus normas, la prohibición no se aplica. «Necesitaremos varias semanas para cambiar las reglas. Los directores pueden enviar un correo electrónico a los padres diciéndoles que existe esta prohibición, pero que los móviles siguen autorizados hasta que hayan modificado el reglamento interno», explicó la semana pasada el ministro de Educación, Édouard Geffray, durante la rueda de prensa de la 'rentrée'. Cada instituto debe reunir a su correspondiente consejo de administración para cambiar el reglamento interno. Como los miembros de estos órganos suelen renovarse al inicio de cada curso, en la mayoría de los establecimientos la aplicación real de esta política se demorará hasta después de las vacaciones de otoño, a principios de noviembre. «No se aplicará desde este 1 de septiembre», advirtió Bruno Bobkiewicz, secretario general de SNPDEN-UNAS —principal sindicato de los directores de secundaria—, en declaraciones al diario 'Le Monde'. «Los directores no están preparados para llevar a cabo esta política, que no es anecdótica y requiere diálogo» con los padres y los estudiantes, añadió. Además de cierta autonomía en el momento de su aplicación, los establecimientos deciden si prohíben los teléfonos solo en las clases, en todo el recinto educativo o si habilitan espacios y momentos específicos para que se conecten con sus 'smartphones'. También determinan las sanciones en caso de incumplimiento reiterado. El Gobierno de Sébastien Lecornu (primer ministro) y Emmanuel Macron (presidente) impulsó esta medida en aras de proteger a los jóvenes de las pantallas y evitar estas fuentes de distracción, que dificultan la concentración y la comprensión lectora. Sin embargo, ha suscitado el rechazo de los sindicatos y de una parte significativa de los profesores, quienes temen que sea sobre todo un motivo de conflicto entre docentes y alumnos. Los centros de secundaria cuentan con la experiencia de los últimos ocho años, en que intentaron que fuera eficaz la prohibición entre los niños de 11 a 15 años. Pero ahora tocará hacerla respetar entre un alumnado que roza la mayoría de edad. Como ya hicieron con los más jóvenes, algunos centros han decidido que los alumnos guarden sus teléfonos en casilleros o en bolsas o cajas de plástico cuando entran en el recinto y no pueden recuperarlos hasta que salgan. Otros exigen que los tengan apagados en el bolsillo durante la clase y solo puedan utilizarlos durante el recreo. «No podemos poner a un vigilante detrás de cada estudiante», dijo a 'Le Figaro' Mustafa Ozcelik, vicepresidente de la FCPE —principal asociación de padres—, quien no disimulaba su escepticismo respecto a la eficacia de la medida. Además de la dificultad de su cumplimiento real, los sindicatos y asociaciones de padres han denunciado «la incongruencia» que representa esta restricción al mismo tiempo que en los últimos años se han multiplicado los recursos educativos electrónicos en los institutos franceses. En muchos centros, por ejemplo, los alumnos pagan el comedor con una tarjeta que tienen en su móvil y los profesores comunican los deberes y cambios de horarios en las aulas virtuales. «Por un lado, les damos cada vez más información a través de espacios en internet y les exigimos cierta reactividad consultándolos. Y, por el otro, les impedimos que accedan a ellos a través de sus teléfonos», criticó Ozcelik.