Las comunidades autónomas se han lanzado a blindar la vivienda protegida para evitar que los inmuebles levantados con suelo, financiación o recursos públicos terminen incorporándose al mercado libre. Durante los últimos años, numerosos gobiernos regionales han reformado sus leyes y reglamentos para declarar permanente la calificación de parte de su parque público, impedir su descalificación o prolongar la protección durante toda la vida útil del edificio.Seguir leyendo....