Imágenes: Campaña Abelardo de la Espriella y Banco de la RepúblicaCon la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto, uno de los anuncios que más expectativa genera en el sector productivo es la reforma tributaria estructural que el nuevo gobierno ha dicho que presentará en las primeras semanas de su mandato.Lea también: Bogotá alista nuevos beneficios tributarios: estas serían las empresas y sectores que tendrían exenciones de impuestosAunque el proyecto aún no ha sido radicado, expertos en derecho laboral y empresarial advierten que las compañías no deberían esperar a conocer el articulado para comenzar a prepararse.Ese llamado lo hizo Carlos Camargo, abogado líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, quien sostiene que el inicio de un nuevo gobierno no modifica de manera inmediata las reglas vigentes, pero sí exige un monitoreo permanente de las iniciativas que empezarán a discutirse en el Congreso y de las decisiones que adopten los nuevos ministros y organismos de control.«La recomendación no es entrar en pánico ni paralizar la operación de las empresas. Lo correcto es adoptar una postura de monitoreo activo, auditoría interna y preparación preventiva. Si bien iniciamos un nuevo gobierno, esto no implica que el ordenamiento jurídico y sus disposiciones varíen automáticamente», explicó Camargo.El análisis cobra relevancia porque el nuevo Ejecutivo ha anticipado que impulsará una reforma tributaria estructural desde el comienzo de su administración, una iniciativa que podría modificar cargas fiscales, incentivos empresariales y reglas para distintos sectores económicos.Paralelamente, el Congreso inició una nueva legislatura el pasado 20 de julio, escenario donde comenzarán a tramitarse los principales proyectos económicos del nuevo gobierno.Lo primero que deberían revisar las empresasPara el especialista, antes de pensar en eventuales cambios tributarios, las compañías deberían realizar un diagnóstico interno que les permita identificar riesgos regulatorios y corregir posibles debilidades antes de que entren en vigor nuevas normas.Entre los aspectos prioritarios menciona la revisión de los contratos por prestación de servicios, los contratos de obra o labor y los esquemas de tercerización, con el fin de evitar posibles casos de intermediación ilegal o de contratos realidad.También recomienda verificar que la reducción gradual de la jornada laboral, cuya implementación culminó recientemente, esté plenamente aplicada, así como revisar la correcta liquidación de horas extras, recargos nocturnos y trabajo en domingos y festivos.Puede interesarle: Estos son los tres impuestos que se eliminarían en Bogotá de forma permanenteOtro punto que considera prioritario es auditar los procesos de afiliación y pago de seguridad social y parafiscales, debido a que se han planteado posibles ajustes en estas obligaciones dentro del nuevo escenario regulatorio. A ello se suma la necesidad de revisar los contratos que las empresas mantienen con el Estado, pues los cambios de gobierno suelen venir acompañados de reorganizaciones institucionales y evaluaciones sobre contratos públicos.La reforma tributaria no sería el único frente de atenciónCamargo advierte que las empresas también deberán seguir de cerca el desarrollo de normas que quedaron pendientes del gobierno saliente.Entre ellas menciona la implementación de aspectos de la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) que aún requieren reglamentación y la reforma pensional, cuyo futuro sigue dependiendo de decisiones de la Corte Constitucional.A esto se suma el seguimiento a los pronunciamientos de entidades como la UGPP, las superintendencias y demás organismos de inspección y vigilancia, cuyos lineamientos suelen anticipar cuáles serán los principales focos de fiscalización durante los primeros meses de un nuevo gobierno.De acuerdo con el análisis de Scola Abogados, algunos sectores económicos podrían tener una atención regulatoria superior durante esta nueva etapa.Uno de ellos es el comercio y el retail, debido a la alta participación de empleo temporal y esquemas de tercerización, además del impacto que pueden generar eventuales cambios en salarios y costos laborales.La industria y la manufactura también aparecen entre los sectores más relevantes, especialmente porque dentro de la agenda pública del nuevo gobierno se han planteado propuestas relacionadas con reducción de impuestos corporativos para estimular la inversión productiva.En el listado también figura el sector energético, por el interés manifestado en impulsar nuevas inversiones, y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que han sido mencionadas dentro de las propuestas de tarifas diferenciales en renta y simplificación de trámites administrativos.Para el abogado, uno de los mayores errores que pueden cometer las compañías es tomar decisiones basadas únicamente en anuncios políticos o en propuestas de campaña.«Muchas iniciativas cambian sustancialmente durante su trámite en el Congreso», recuerda el especialista, por lo que recomienda mantener canales permanentes de información con gremios, equipos jurídicos internos y firmas especializadas que permitan distinguir entre un proyecto de ley, un decreto en discusión y una norma ya vigente.En esa línea, considera indispensable fortalecer las políticas de cumplimiento normativo (compliance), mantener completamente documentadas las relaciones laborales y comerciales y establecer una hoja de ruta legal que pueda revisarse de manera periódica conforme avancen las reformas impulsadas por el nuevo gobierno.También puede leer: A horas de dejar el poder, Gobierno Petro expide decreto que afecta a repartidores de Rappi y contradice a la reforma laboralCamargo concluye que el cambio de administración representa un escenario de incertidumbre, pero también de oportunidades para el sector empresarial. «Lo importante es mantenerse actualizados y actuar de manera preventiva», afirma, al señalar que una preparación anticipada permitirá a las compañías adaptarse con mayor facilidad a las decisiones que adopte el nuevo gobierno en materia tributaria, laboral y regulatoria.