La llegada de menores migrantes vuelve a tensionar los sistemas de protección de los territorios frontera. Ceuta afronta una situación de sobreocupación que recuerda a los peores momentos vividos en Canarias durante la crisis migratoria: recursos desbordados, dificultades para garantizar una atención individualizada y una nueva petición de corresponsabilidad al resto de España y a Europa.La capacidad ordinaria de Ceuta para acoger a menores es de apenas 29 plazas. Sin embargo, actualmente habría más de un millar bajo su tutela, una cifra que multiplica por más de 40 los recursos disponibles.Sara Collantes, de UNICEF España, advierte además de que la dimensión real podría ser todavía mayor. La organización maneja informaciones que apuntan a la presencia de más menores y alerta de las dificultades que genera esta saturación. "Los protocolos contemplan entrevistas individuales y la elaboración de un informe para estudiar las circunstancias de cada niño o adolescente, un trabajo que se complica en la situación actual", explica.Canarias conoce las consecuencias de la saturaciónLa situación recuerda a la vivida durante los últimos años en Canarias. Sandra Rodríguez González, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno autonómico, señala que el Archipiélago llegó a atender entre 5.000 y 7.000 menores, con centros abiertos de manera urgente y algunos recursos que llegaron a albergar a unos 400.Actualmente, Canarias atiende a alrededor de 2.700 menores migrantes pese a disponer de 783 plazas ordinarias. Melilla presenta también una importante presión: unos 350 menores para una capacidad de 30 plazas.Ante este escenario, Ceuta ha solicitado que otras comunidades autónomas participen en la acogida, aunque algunas se han negado. El debate vuelve así a situarse en el reparto de responsabilidades y en la capacidad de los territorios de llegada para asumir prácticamente en solitario una competencia que requiere recursos humanos, alojativos y educativos suficientes.El artículo 35 de la Ley de Extranjería determina cómo debe ser el protocoloCanarias reclamó durante años un mecanismo que permitiera distribuir esta presión y promovió la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. "Canarias hizo frente a este problema. Propiciamos la modificación del artículo 35", recuerda Sandra Rodríguez, que considera que Ceuta está ahora haciendo lo que le corresponde al "exigir a España y a Europa que den una respuesta".La abogada especializada en inmigración Vania Oliveros recuerda que el artículo 35 establece en qué circunstancias puede producirse una repatriación y bajo qué condiciones. El principio que debe prevalecer es siempre el interés superior del menor.Esto implica analizar cada situación individualmente antes de adoptar una decisión. "Un menor debe ser atendido, venga de donde venga", insiste Sandra Rodríguez.Ceuta afronta ahora una presión que Canarias conoce bien. Más allá de las cifras, la saturación plantea una cuestión esencial: si Ceuta no dispone de los medios suficientes para garantizar a cada menor la atención individualizada a la que tiene derecho, la respuesta no puede recaer únicamente en el territorio de llegada, sino que debe implicar al conjunto del Estado.