El caso de Colombia es uno de los más emblemáticos de esta transición, de acuerdo con S&P.Foto: Valora AnalitikEn el último año, el mapa político de América Latina ha experimentado una transformación profunda. Un informe de S&P Global revela que la región ha consolidado un giro hacia gobiernos de tendencia derechista, con 14 de los 19 gobiernos democráticos más grandes ahora bajo liderazgos de derecha o centro-derecha.Este cambio, impulsado por votantes que buscan soluciones drásticas a la inestabilidad económica y la inseguridad, de acuerdo con la firma, pone el foco en políticas de austeridad e inversión privada, aunque los expertos advierten que este modelo de mano dura podría disparar los conflictos sociales.Fuente: S&P Global.S&P refiere que la mayoría de las nuevas administraciones han prometido «perseguir políticas económicas destinadas a mejorar la estabilidad fiscal» con el objetivo de reducir el papel del Estado y fomentar la inversión del sector privado para aumentar los ingresos públicos.Entre las medidas comunes adoptadas por países como Perú, Ecuador, Costa Rica y Guyana, destacan la desregulación, la reducción de impuestos y los recortes en el gasto público.Además, en Chile, el presidente José Antonio Kast busca disminuir significativamente el gasto público y reducir las trabas administrativas para proyectos de inversión. Por su parte, en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz se centra en atraer capitales hacia los sectores de petróleo, gas, minería y litio, mientras intenta reducir la influencia de instituciones estatales consideradas ineficientes.Incluso en Venezuela, bajo la influencia de Estados Unidos, se ha observado una apertura de los sectores petrolero y minero a la inversión privada occidental, a pesar de que el partido socialista (PSUV) formalmente mantiene el poder.Seguridad y alineación con WashingtonUna característica distintiva de este bloque de gobiernos es su estrecha alineación con la administración Trump en Estados Unidos. Esto se traduce en una mayor cooperación militar y de inteligencia, permitiendo que agencias como la DEA y la CIA brinden apoyo tecnológico y capacitación.Países como Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, ya mantienen una colaboración estrecha en patrullas marítimas y control del espacio aéreo.Esta alineación política también influye en la inversión extranjera. S&P advierte que, en naciones como Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá y Honduras, existe una clara preferencia por la inversión de empresas estadounidenses y occidentales sobre las chinas o rusas, lo que incluso pone en riesgo de cancelación contratos vigentes con empresas de estas últimas potencias.Fuente: S&P Global.Un giro radical en Colombia bajo el mando de De la EspriellaEl caso de Colombia es uno de los más emblemáticos de esta transición, de acuerdo con S&P. Tras las elecciones de finales de 2025, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha trazado una hoja de ruta que prioriza la estabilidad macroeconómica y una política de seguridad frontal.En el ámbito económico, la firma recuerda que De la Espriella buscará reducir el déficit fiscal y la alta inflación mediante la implementación de importantes recortes de gastos, además de reducir impuestos para incentivar la inversión y expandir las licencias de petróleo y gas.En materia de seguridad, su gobierno ha prometido un cambio de 180 grados que incluye poner fin a las negociaciones de paz con grupos armados, incrementar el despliegue militar en todo el territorio y reanudar los ataques aéreos y la erradicación aérea de coca para mermar el control territorial de las organizaciones criminales.Sin embargo, en su informe, S&P advierte que estas medidas conllevan riesgos severos, señalando que es «altamente probable la represalia violenta de los grupos armados contra las fuerzas de seguridad» en respuesta a la nueva ofensiva estatal.A pesar del enfoque en la estabilidad, el costo social de estas políticas podría ser elevado. La firma subraya que los recortes de gastos, la expansión de proyectos extractivos y la «falta histórica de alineación de los nuevos gobiernos con los grupos sociales y laborales aumentará los riesgos de protesta» en el próximo año.Países como Perú (donde Keiko Fujimori asumirá tras una elección muy cerrada), Chile, Colombia, Bolivia y Honduras enfrentan un riesgo incrementado de disturbios.S&P cree que la capacidad de estos gobiernos para mitigar el descontento dependerá, en gran medida, de si logran reducir la inflación y aliviar las presiones sobre el costo de vida. De lo contrario, la misma «mano dura» aplicada para imponer el orden podría convertirse en el catalizador de una nueva ola de inestabilidad social en la región.