Pisar el acelerador en las carreteras españolas es hoy más costoso que nunca. Durante el último año, la Dirección General de Tráfico (DGT) alcanzó una cifra récord de recaudación al ingresar cerca de 247 millones de euros exclusivamente a través de sus radares, lo que representa un vertiginoso incremento del 14 % respecto al periodo anterior. Según datos de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el exceso de velocidad se ha consolidado como el gran motor financiero del organismo, suponiendo ya el 41,5 % del total de los ingresos generados por sanciones de tráfico en el país (excluyendo el País Vasco y Cataluña). Lejos de atribuir este fenómeno a un repentino brote de indisciplina al volante, la entidad de defensa de los conductores señala directamente al despliegue estratégico de nuevos cinemómetros y a la extrema precisión de la red actual. La gran revelación del informe reside en la altísima concentración de las multas: de los más de mil dispositivos repartidos por la geografía nacional, un selecto grupo de solo 50 radares fue responsable de formular casi la mitad del impacto económico global, acumulando más de 1,3 millones de denuncias en tan solo doce meses. El mapa del rigor sancionador evidencia marcadas diferencias territoriales, situando a las provincias de Valencia, Madrid y Cádiz a la cabeza de la recaudación, en contraste con la tregua relativa que se vive en demarcaciones como Ourense o Cáceres. En la cúspide de esta lista destaca el radar situado en el kilómetro 326 de la A-7, en La Canyada (Valencia), coronado como el más activo de España con más de 90.000 cazas. Este ritmo vertiginoso de sanciones reaviva un intenso debate social sobre si la ubicación de estos dispositivos responde a la prevención vial o a un modelo recaudatorio que genera tanta discrepancia entre los automovilistas como solvencia en las arcas públicas. La velocidad sale cada vez más cara en España. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 €, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Según esta organización, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT. A juicio de AEA «la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el Pais Vasco y Cataluña)». La gran sorpresa del informe radica -según AEA- en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña. Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €). Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones €), Cáceres (1,6 millones €) y Salamanca (1,8 millones €). El punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el más activo del país tras formular un récord de 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas. El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares «cazadores»; que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas.