Si algo ha demostrado el problema de la vivienda es que, además de ser el principal quebradero de cabeza de los españoles, es un campo abonado para la lucha política. Y, si bien todos los partidos coinciden en el diagnóstico, pocos se avienen a pactar soluciones conjuntas. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos tratan de intervenir el mercado, Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, incidiendo en crear beneficios fiscales a los caseros, y el PSOE trata de cuadrar el círculo sin demasiado éxito hasta el momento.Intervenir el mercado de vivienda es un peaje por el que Junts no quiere pasar. Lo ha mostrado con su voto en contra de la polémica prórroga de los alquileres, que decayó en abril después de que PP y Vox hiciesen lo propio en la votación del Congreso. También se ha opuesto en Cataluña a la reciente propuesta que trata de sacar adelante el Ejecutivo socialista de Salvador Illa para frenar la compra especulativa de casas, así como a otras iniciativas como la idea del Govern y los Comuns para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial convirtiendo oficinas y locales en casas. La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, calificaba esta última medida de "ataque a la propiedad privada", un argumento que han utilizado en otras ocasiones para oponerse a las medidas que implican una regulación del mercado.El caso más reciente es la queja que Junts elevó junto al PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña para frenar una regulación destinada a prohibir la compra especulativa de vivienda en áreas tensionadas dentro de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por el Govern y los Comuns pretendía incluir esta cuestión modificando la ley de urbanismo, pero el órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable este martes, dando así la razón a Junts y al PP. “Era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", declaró Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament tras conocerse las conclusiones del Consell. Toronjo también recordó que ellos habían lanzado una propuesta similar, aunque con incentivos fiscales, y atacó la del Ejecutivo de Illa alegando que no sabían si implicaba expropiaciones.Al ser un órgano meramente consultivo, tanto los Comuns como el Ejecutivo socialista anunciaron que buscarían el encaje legal para su implementación. Esta es la primera tentativa que se hace para cumplir con una de las reivindicaciones que con más insistencia piden los colectivos sociales de vivienda: evitar que la vivienda sea un vehículo de inversión.Otra cuestión que está en el aire y con la que Junts también aprieta al Gobierno central es el decreto de vivienda. La propuesta no llegó al último Consejo de Ministros a finales de julio, como estaba previsto, por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El “difícil encaje parlamentario”, como lo describió el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha impedido en varias ocasiones que la medida avance y una de las cosas que tratan de hacer los socios de Gobierno es convencer a la formación independentista. Junts rechaza intervenciones en el mercado para regular precios, prioriza aumentar la oferta, exige blindar a los pequeños arrendadores y apuesta por rebajas fiscales a los caseros.En abril, cuando decayó la prórroga de los alquileres por primera vez, el Ejecutivo trató de salvarla hasta el último momento, pero se encontró con un Junts poco dado a negociar. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado de su negativa inicial.Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas y Junts a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones para tratar de sacar adelante el decreto de vivienda después del verano. La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda. Por su parte, Junts se acerca al PP en lo que tiene que ver con el control de la crisis inmobiliaria, generando una pinza parlamentaria que al Gobierno no le será fácil sortear.