El denominado escudo social diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez se creó para garantizar una vivienda a las familias más vulnerables, pero endosando el coste de la protección social a los caseros privados. Para suavizar este golpe, el Ejecutivo creó un fondo de compensaciones para propietarios de viviendas con desahucios suspendidos. Sin embargo, acceder a este balón de oxígeno económico exige superar una yincana de papeleo casi imposible. La prueba más palmaria es que, después de cinco años de vigencia del escudo social, apenas 629 dueños han logrado cobrar estas ayudas institucionales por los impagos de sus inquilinos en Andalucía. Los requisitos que se les exigen dejan a multitud de pequeños ahorradores atrapados en un largo compás de espera... Ver Más