Foto: ContraloríaTras conocerse que la Contraloría General de la República llevó a cabo una intervención física en el Ministerio de Hacienda este martes, en una acción sin precedentes, el organismo inició una investigación por posibles faltas disciplinarias relacionadas con el canje de títulos de deuda (TES) realizado por el Gobierno en octubre de 2025.De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, la entidad cuestiona duramente la operación de gestión de deuda de octubre de 2025, en la que se intercambiaron $43,4 billones en instrumentos de deuda local por $35,4 billones en nuevos títulos.Según el organismo de control, la operación sustituyó bonos que tenían cupones de aproximadamente el 7,25 % por nuevos títulos con tasas del 11,75 % y 12 %, lo que incrementa los pagos anuales de intereses en cerca de $316.500 millones.De hecho, cuestionó el canje de títulos de tesorería de corto plazo (menos de un año) por bonos a largo plazo, pues esto termina transformando financiación temporal en deuda permanente.Además, la entidad cree que se priorizó la liquidez de corto plazo a costa de trasladar billones de pesos en costos de financiación a los próximos gobiernos, lo que podría infringir principios constitucionales.También señaló que al postergar de forma irrazonable las obligaciones y acumular intereses desproporcionados, se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y se reduce el margen para el gasto social futuro.Aunque en su momento el Ministerio de Hacienda defendió el canje de octubre argumentando que las tasas reflejaban las condiciones del mercado y buscaban ampliar los vencimientos de la deuda, la Contraloría rechazó estas explicaciones y remitió el caso a la Inspección General para evaluar sanciones contra los funcionarios responsables.Contexto de la intervención de la ContraloríaLa Contraloría intervino formalmente este martes las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el acompañamiento de un equipo de Policía Judicial para recolectar información técnica y financiera sobre el manejo de los recursos de la nación.La visita responde a una función de advertencia activada por la Contraloría ante riesgos detectados en las finanzas públicas, luego de que el ente de control identificara que, tras el fin de la Ley de Garantías, se han suscrito más de 14.000 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones, lo que representa un aumento del 22,5 %.La entidad advirtió que el Gobierno enfrenta serias presiones de caja y está comprometiendo recursos que aún no tiene asegurados. Entre los riesgos señalados se encuentran la falta de planeación, contrataciones «a dedo» y la posibilidad de que el Estado no pueda cumplir con sus compromisos financieros.El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en la tarde asegurando que los funcionarios de la delegación de la Contraloría “están siendo atendidos en debida forma en diversas áreas” e insistiendo en que la información sobre contratación y actividad presupuestal fue expuesta de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).—