España se enfrenta a un desafío existencial. Los episodios de clima extremo, que desembocan en riadas más destructivas e incendios devastadores, son cada vez más frecuentes. Los daños materiales se multiplican, así como la pérdida de vidas humanas.En esa evidencia, avalada por la ciencia, se apoyó el año pasado el Gobierno para proponer un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, redactado con la ayuda de expertos en clima y protección civil. Es un documento pensado para durar más allá de una legislatura, lo que exigiría la implicación del PP en definir las acciones necesarias para protegernos de los desastres naturales que están por venir.Pero el PP cuestiona el punto de partida: que España vive una “emergencia climática”, con diagnóstico científico contundente y cifras de impacto. Un hecho a partir del cual el Gobierno reclama una respuesta coordinada, multisectorial y de largo plazo, que se traduciría en aplicar el conocimiento científico en todas las políticas públicas, con paneles de expertos, evaluación de riesgos sectoriales y un registro abierto de datos climatológicos. Ese peso de la ciencia del clima, sin embargo, es difícil de asumir para un partido como el que lidera Alberto Núñez Feijóo, que relativiza el cambio climático o lo presenta como agenda ideológica.De ahí que, pese a la urgencia, durante el último año haya sido imposible no ya el acuerdo, sino el diálogo entre el Gobierno y el PP. Tras el intercambio de acusaciones —el Ejecutivo habla de negacionismo climático del PP, y Feijóo califica la propuesta de Sánchez de “cortina de humo” para tapar casos de corrupción—, se libra una batalla ideológica y técnica que hoy por hoy deja la propuesta —en la que debería basarse nuestra respuesta como país a estas catástrofes— reducida a un documento estéril.Del análisis de la hoja de ruta del Ejecutivo, de diciembre de 2025, y del Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención del PP, de agosto del mismo año, se desprende que las diferencias no son semánticas, sino que responden a dos formas opuestas de entender el territorio, la economía rural y la autoridad del Estado.El primer gran abismo entre ambas propuestas reside en el modelo de gestión forestal. El Gobierno impulsa un “modelo de gestión forestal del siglo XXI” que incorpora quemas prescritas, uso planificado del fuego de baja intensidad y ganadería extensiva como herramientas de prevención, junto con incentivos por servicios ecosistémicos y mayor peso de la gestión sostenible en las ayudas agrarias europeas.En esa línea, propone pagos por servicios ecosistémicos —gestión forestal, pastoreo, ganadería extensiva, agricultura regenerativa— y apoyo prioritario a la ganadería extensiva, incluidas las ayudas europeas, la valorización de razas autóctonas y la trashumancia.Este giro hacia un modelo rural “verde” y hacia la condicionalidad climática de ayudas y seguros es lo que explica la resistencia del PP y Vox, porque choca con discursos que defienden sin matices la agricultura y ganadería intensivas o que recelan de condicionar ayudas al desempeño ambiental.Para el PP, esta visión peca de proteccionismo y asfixia al medio rural. El partido defiende monetizar el monte, bajo la idea de que “el monte que se utiliza arde menos”, y exige una modificación profunda de la Ley de Montes del Estado para flexibilizar los aprovechamientos y permitir cambios de uso.El PP argumenta que la regulación europea, centrada en la protección estricta, ha reducido la limpieza de montes y la cabaña ganadera extensiva, factores que considera clave para frenar el fuego, aunque, según los expertos consultados, esa relación no tiene base real. De ahí construyen un discurso que contrapone un supuesto monte “contemplativo” a un monte “productivo”.Para el Gobierno, hace falta una agenda de salud climática: red estatal de refugios climáticos, rehabilitación energética de viviendas vulnerables, el binomio salud-clima en la planificación urbanística y una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con valores límite de exposición térmica y mecanismos de “cese de actividad climático” para autónomos.Es una agenda que vincula clima, salud, trabajo y justicia social, con especial atención a la población vulnerable, mujeres y colectivos precarizados, algo incómodo para quienes se oponen a reforzar regulaciones laborales y ambientales, como el PP y Vox.El proyecto nace con referencia a la necesidad de acelerar la transición ecológica, la neutralidad climática y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con marcos financieros europeos que prioricen adaptación y resiliencia. También plantea la “adaptación permanente del sistema tributario al nuevo contexto climático” y la creación de fondos con recursos nacionales y autonómicos. Es decir, vincula fiscalidad y clima, una combinación que ambos partidos rechazan explícitamente.El PP prefiere hablar solo de ayudas económicas y fiscalidad: exige la exención total de impuestos e intereses para las ayudas, indemnizaciones o préstamos públicos recibidos por los afectados, y una automatización de las ayudas que se concedan sin necesidad de solicitud previa cuando la administración ya tenga los datos.Existe, además, una diferencia en el alcance de la protección a la propiedad privada. Mientras el Gobierno se centra en la “población más vulnerable” y la “justicia social”, el PP garantiza por escrito que “nadie se quedará sin su vivienda habitual ni su segunda vivienda”, sin distinguir entre primera y segunda residencia.La respuesta punitiva del PP es reveladora. El plan de Feijóo propone un Registro Nacional de Pirómanos y pulseras telemáticas para los condenados durante los meses de máximo riesgo, una medida sin equivalente en el documento del Gobierno, centrado en crear una Agencia Estatal de Protección Civil y un Cuerpo Facultativo de Técnicos.Para el PP, el enfoque del Ejecutivo es demasiado burocrático. Los populares exigen más plantillas del Seprona y nuevos batallones de la UME. Mientras el Gobierno propone “interoperabilidad de datos y gemelos digitales” para simular emergencias, el PP reclama más agentes en el terreno y liderazgo de profesionales con “acreditada experiencia”.La sombra de las catástrofes recientes, especialmente la dana de 2024, alimenta una desconfianza institucional que parece insalvable. El PP afirma que el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil que el Gobierno dice haber activado en crisis previas “no existe” en la realidad, una acusación que dinamita cualquier consenso sobre la “Gobernanza del Pacto”.La propuesta de Sánchez incluye la profesionalización de la lucha contra las emergencias, con un Cuerpo Facultativo de Técnicos especializado en emergencias climáticas, una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias con catálogo nacional de capacidades e IA para predicción de riesgos, y el refuerzo de la Escuela Nacional de Protección Civil. Un diseño que aumentaría el peso del Estado central y vincula protección civil a una narrativa de justicia social, algo incompatible con la retórica competencial de PP y Vox.Existe también un choque narrativo sobre las causas y soluciones a largo plazo. La lucha contra la desinformación climática, que también recoge el documento del Gobierno, es uno de los asuntos más sensibles: define la desinformación como un “obstáculo directo” para la cultura de prevención.Por eso propone campañas de alfabetización climática, protocolos oficiales durante las alertas, verificación rápida de casos virales y una red de protección frente al acoso a científicos y meteorólogos, además de apoyo al periodismo ambiental de calidad.Ese planteamiento choca con narrativas como las de la derecha, que presentan la verificación climática como “censura” o la acción contra bulos como control ideológico de medios y redes.La realidad es la de una España que sufre un calentamiento un 20% más rápido que la media global y que pierde el 6% de su producción agraria anual por eventos extremos. La urgencia es real, pero la solución política sigue estancada.El PP asegura que no puede aceptar el pacto porque considera que ignora la realidad económica del monte, impone una supuesta burocracia verde que asfixia a los ayuntamientos —uno de los bulos más difundidos estos días por el PP y la extrema derecha—, carece de una política punitiva eficaz contra los pirómanos y se asienta sobre una estructura de mando en la que el PP no cree.La distancia entre el plan del PP y la propuesta de pacto de Estado del Gobierno deriva de dos visiones de país que, por ahora, parecen incapaces de encontrarse entre las cenizas de un verano asfixiante.