“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, reza el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, la realidad es muy diferente y los españoles se enfrentan cada vez más a precios del alquiler desorbitados y al problema de los desahucios.Cada día en España se producen unos 45 desahucios y entre ellos estuvo el de Maricarmen. Con 87 años, 70 de ellos viviendo en la misma casa del barrio de Retiro, su desahucio se ejecutó el 23 de septiembre tras meses de lucha por evitarlo. La asociación que estuvo en todo momento acompañándola fue el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que utilizó el caso de Maricarmen como ejemplo de cómo la especulación se impone sobre la humanidad.El sábado 26 de septiembre se convirtió en el día clave: unas 25.000 personas recorrieron las calles de Madrid en una manifestación en apoyo de Maricarmen que acabó en una acampada en la Puerta del Sol. Lo que nació como algo improvisado y puntual se acabó convirtiendo en un punto de encuentro de personas afectadas por el problema de la vivienda, que desde ese día duermen y conviven en la plaza madrileña.Y es que el caso de Maricarmen solo fue la gota que colmó un vaso ya de por sí demasiado lleno y ha conseguido aglutinar y despertar toda la rabia y desesperación que afecta a tantas personas por toda España. En una semana, la Puerta del Sol ya cuenta con más de 1.200 tiendas de campaña y el número no deja de crecer. “De primeras no esperábamos tanta gente, porque no sabíamos si se querrían quedar, pero parece que sí. Ha sido bastante loco”, indica Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinas.El éxito de esta movilización responde a un “hartazgo creciente de la sociedad” ante la falta de medidas que protejan a las personas frente a la crisis de la vivienda, según lo describe Marta Mendiola, investigadora de derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional, en conversación con infoLibre.A su juicio, el descontento se ha acumulado durante meses por la falta de acuerdos políticos para frenar los desalojos de personas vulnerables y por el aumento de los alquileres hasta niveles que “los salarios y las pensiones no pueden soportar”. En este contexto, el caso de Maricarmen ha actuado como detonante sobre un malestar previo. “Eso ha prendido una mecha sobre un terreno ya muy abonado por el descontento por la falta de consenso político sobre una situación que afecta a millones de personas”, explica.Mendiola subraya, además, que la movilización actual no surge de la nada, sino que recoge el testigo de otras luchas sociales por el derecho a la vivienda. “Es importante también recordar otras luchas del pasado”, señala, y pone como ejemplo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un movimiento que, según recuerda, “puso también la necesidad de adoptar medidas contra los desalojos”. Para la investigadora, este recorrido explica en parte el momento actual. “Creo que es muy importante también mencionar todo el histórico de luchas sociales”, afirma, antes de destacar el papel que siguen desempeñando los movimientos sociales, que “están parando los desalojos” y negociando con fondos de inversión y Administraciones para evitar que las personas pierdan sus viviendas.Aunque esta movilización comenzó principalmente de la mano del Sindicato de Inquilinas, su liderazgo se ha ido reduciendo con el paso de los días y el movimiento se ha vuelto cada vez más descentralizado. En la acampada de Sol hay por el momento más de 30 organizaciones, entre ellas sindicatos de vivienda de barrio y asociaciones como la Coordinadora Juvenil Socialista, Ecologistas en Acción o la Plataforma Laboral de Educadoras Infantiles.A través de su coordinación se ha conseguido montar una pequeña ciudad en plena plaza que cuenta, gracias al trabajo de voluntarios, con servicios de alimentación, sanitarios, de limpieza e incluso de urbanismo y cartografía para organizar las tiendas de campaña por calles y así no bloquear ningún acceso. La idea de los acampados es mantener la lucha por la vivienda digna, pero también compaginarla con otros movimientos, como la defensa de una educación y una sanidad de calidad o la respuesta humanitaria en la crisis de Ceuta. Esta chispa ha conseguido ir más allá del ámbito regional y durante toda la semana se ha extendido por diferentes ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o Santiago de Compostela. “Esto es un síntoma de que hay un problema real y una voluntad de cambio que va más allá de los gobiernos progresistas o de los partidos de la izquierda y que nace desde abajo”, defiende Diego Fernández, militante de Anticapitalistas y miembro del Sindicato de Inquilinas.Toda esta movilización no ha sido ajena a la clase política y durante la semana los partidos han tenido que responder a estas reivindicaciones sociales. El Gobierno presentó el martes dos decretos de vivienda con los que pretendía mejorar la situación y aplacar los ánimos. El primer texto incluye, entre otras medidas, límites a las subidas de los alquileres y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que el segundo plantea un nuevo régimen de prórrogas de los contratos de alquiler.Al final, ninguno de los dos salió adelante y los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya en ambos textos fueron clave para que no fueran convalidados. “Los grupos parlamentarios que han votado en contra de estos dos decretos no están protegiendo el derecho a la vivienda. No están protegiendo los derechos de las personas”, sostiene Mendiola. La investigadora reconoce que las dos normas “son mejorables”, pero defiende que incluían medidas con un impacto directo sobre quienes sufren la crisis habitacional. Esta es la visión que comparte la mayoría de los acampados que, aunque consideran que las medidas son totalmente insuficientes, defienden que cualquier mejora es bienvenida, por pequeña que sea.“Los fondos buitres gobiernan el Congreso”, gritaron activistas desde el hemiciclo tras finalizar ambas votaciones y mientras los diputados abandonaban la sala. La indignación no ha hecho más que crecer y, aunque en los días anteriores ya nadie lo dudaba, la lucha sigue adelante.Este primer fin de semana de octubre va a ser testigo de multitud de manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinas de diferentes ciudades, todas con el objetivo de no abandonar una lucha que no ha hecho más que empezar y de avanzar hacia una huelga general para poner punto final a la crisis de la vivienda a través de los movimientos sociales.