El Condado de St. Lucie, en Florida, decidió terminar su contrato con Flock Safety y empezó a retirar las cámaras de reconocimiento de matrículas que tenía instaladas en las calles. Cuando terminaron el recuento, los responsables del condado se encontraron con un problema: pensaban que tenían 52 cámaras. En realidad había 66.Las 14 cámaras adicionales no tenían permiso, no estaban en ningún registro del condado y nadie en la administración sabía quién las había instalado. Tras investigar, la Oficina del Alguacil del Condado reclamó tres de ellas —sin explicar por qué no tenían la documentación en regla—. Eso deja 11 cámaras Flock instaladas en espacios públicos de Florida cuyos propietarios siguen siendo desconocidos.¿Qué hace exactamente una cámara Flock?Las cámaras de Flock Safety son dispositivos de reconocimiento automático de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés). Capturan la matrícula de cualquier vehículo que pase frente a ellas, junto con marca, modelo, color y hora de paso. Esa información se sube a los servidores de Flock y puede ser consultada por las agencias de seguridad pública que tienen acceso a la plataforma.El sistema es legal en la mayor parte de EEUU y está muy extendido: hay más de 100.000 cámaras Flock instaladas en el país. Muchas ciudades las usan para buscar vehículos robados o relacionados con crímenes. El debate sobre si esta escala de vigilancia masiva es compatible con los derechos civiles lleva años en los tribunales y en los legislativos estatales.El Departamento de Transporte de Florida aprobó el mes pasado una prohibición de instalar cámaras Flock en carreteras estatales gestionadas por agencias de seguridad pública. El caso del Condado de St. Lucie añade una dimensión más oscura: las cámaras no estaban solo instaladas de forma cuestionable, sino que nadie sabe quién tomó la decisión ni por qué.¿Qué implica que haya cámaras de vigilancia con dueño desconocido en espacios públicos?El condado tomó medidas de emergencia: colocó avisos en las cámaras sin permiso ordenando su retirada y cubrió las lentes con bolsas de plástico para impedir más recopilación de datos mientras se resuelve el asunto. Un empleado del Washington Post fue a verificar el estado de una de las cámaras y encontró que ya había sido retirada —sin que nadie supiera quién la había quitado.La situación plantea una pregunta para la que no hay buena respuesta: ¿quién tiene acceso a los datos que esas 11 cámaras recopilaron durante el tiempo que estuvieron operativas? Los servidores de Flock alojan esa información y solo el propietario de cada cámara puede acceder a los registros correspondientes. Si el propietario es desconocido, el acceso a esos datos también es incierto.La vigilancia digital en espacios públicos sigue siendo uno de los terrenos más grises del derecho americano. El precedente de plataformas tecnológicas que operan sin verificación adecuada de quién usa sus herramientas tiene en este caso una versión especialmente concreta: Flock proveyó el hardware y la plataforma sin que quedara claro el proceso de verificación de quién instala cada cámara. Las cámaras inteligentes y sus capacidades de captura en el espacio público tienen en este caso un argumento más sobre la necesidad de una regulación de los sensores que capturan datos en el espacio público, no solo de los que los procesan.Flock Security no respondió a Engadget cuando solicitaron comentarios. La empresa ha estado bajo escrutinio creciente en varios estados, y este caso añade la pregunta de si el modelo de negocio de Flock —proveer infraestructura de vigilancia a quien la contrate, sin responsabilidad operativa directa— es sostenible cuando el resultado es cámaras activas sin dueño conocido en medio de ciudades americanas.¿Qué escala tiene el problema de las cámaras Flock sin supervisión?El caso de St. Lucie County no es el primero. Flock Safety ha enfrentado críticas en Los Ángeles, donde la policía dejó de usar sus cámaras, y en varios condados de California y Texas donde la transparencia sobre qué datos se recogen y durante cuánto tiempo nunca ha sido suficientemente clara.El modelo de negocio de Flock funciona así: la empresa vende o alquila el hardware a agencias de seguridad pública, HOAs (comunidades de propietarios), empresas privadas y, aparentemente, a quien esté dispuesto a firmar un contrato. Esos datos van a una plataforma centralizada donde los suscriptores con acceso pueden buscar por matrícula. El problema estructural es que el proceso de verificación de quién instala qué cámara y en qué lugar ha demostrado tener lagunas.Un estudio publicado este año por el Electronic Frontier Foundation estimaba que la plataforma de Flock tiene ya datos de más de la mitad de los vehículos registrados en EEUU, construidos a partir de millones de lecturas de matrículas diarias. Eso convierte a Flock en una de las redes de vigilancia de movimiento de vehículos más grandes del mundo —operada por una empresa privada, sin regulación federal específica sobre retención de datos y, como demuestra St. Lucie County, con procesos de instalación que pueden dejar dispositivos activos sin responsable identificado.El condado ha escalado el asunto al Sheriff del Estado y está esperando orientación sobre cómo proceder con las cámaras cuyo dueño no se identifique antes de la fecha límite de los avisos que han colocado. Si nadie las reclama, el condado tendría que destruirlas, pero primero necesita asesoramiento legal sobre si tiene derecho a hacerlo si no puede demostrar que son propiedad de nadie —o si, por el contrario, podría haber alguna entidad pública o privada que reclamara propiedad sobre los datos recopilados hasta entonces.La respuesta que da este caso, por ahora, es ninguna. Y eso es un problema real para cualquier ciudad que quiera adoptar este tipo de tecnología de vigilancia con cierta garantía de control democrático sobre ella.La noticia Florida encuentra 11 cámaras de vigilancia Flock sin permiso y con dueño desconocido en medio de una ciudad fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Natalia Polo.