En la madrugada del lunes al martes, pocas horas antes del Consejo de ministros que iba a aprobar los decretos de vivienda tras la movilización social surgida en Madrid y en todo el Estado tras el desahucio de Maricarmen, Junts exigió incorporar un punto más sobre las garantías para los propietarios de inmuebles en caso de que un desahucio sea suspendido por la vulnerabilidad del inquilino sin alternativa habitacional. Miriam Nogueras planteó (y consiguió) que la Administración pública se hiciera cargo de los impagos de rentas y de recibos pendientes por suministros. Dicho de otra forma, que cualquier rentista tuviera garantizado el cobro de impagos en un plazo de dos meses. Era la última condición de la formación de Puigdemont para dar su apoyo al decreto principal, después de haber negociado durante semanas (hay quien dice que meses) con el ministerio de Vivienda las medidas que iban a convalidarse este viernes. ¿Quién llamó a Puigdemont, y a Turull, y a Nogueras entre la madrugada del martes y la tarde del jueves para empujar al boicot de los decretos (y quizás al final inminente de la legislatura)?No hace falta marear con cifras y datos, que además cada fuente en el plano político selecciona a conveniencia. Basta abrir los ojos, los oídos, la cartera (si algo queda) y el corazón para saber lo que está ocurriendo en España con la especulación en los alquileres. Lo que supuso la burbuja inmobiliaria e hipotecaria que derivó en el crack financiero de 2008 en adelante (y hasta hoy mismo) se ha trasladado al alquiler como negocio obsceno que asfixia a la gente de modo transversal e intergeneracional, con especial crueldad entre los más jóvenes (pero que también esquilma a sus familias). Y que, por supuesto, expulsa a la calle vía desahucio cada año a miles de personas vulnerables –centenares de Maricarmen (cada hora más debilitada por el sufrimiento acumulado)– o que conduce al suicidio a decenas de personas, frecuentemente sin haber dejado de pagar un solo mes a su casero.Nadie ha contado en ningún momento con la posibilidad de que PP y Vox tuvieran la mínima disposición de negociar reforma alguna que contribuya a avanzar en la solución a uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía y seguramente el que es más transversal a las distintas opciones políticas. Por más que haya calado (y lo ha hecho) el odio inoculado desde las derechas políticas y mediáticas durante estos años contra Pedro Sánchez y todo el Gobierno de coalición, cuando se pregunta por la vivienda, resulta que una mayoría de los electorados de PSOE, Sumar o Podemos, pero también de PP y Vox, apoya medidas como poner límite a los precios del alquiler. De hecho, diez de las doce medidas incluidas en el primer y más amplio decreto de los votados este viernes logran más apoyo que rechazo en todos los electorados del abanico parlamentario (ver aquí la última encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER). Sin embargo, las cúpulas de los grupos ultraconservadores y también de Junts han decidido ir en contra de las aspiraciones de sus propios electorados (ver aquí). Confían, probablemente, en que una cita con las urnas –ya sea inmediata o en 2027– permitirá difuminar los efectos de esta bofetada al interés general y al sentido común metida en la coctelera de otros asuntos como la inmigración, la corrupción o las instrucciones judiciales politizadas que azotan al entorno de Sánchez. Están arriesgando mucho, porque es evidente que las movilizaciones sociales trascienden los intereses partidistas, hasta el punto que muchos gritos coreados en la Puerta del Sol y no pocas pancartas atizan también al Gobierno de coalición. Hablamos de un asunto con mucho más recorrido, que nos habla de la frustración, la indignación y la impotencia de millones de personas de todas las edades y de condición vulnerable pero también de clases medias que sufren la actuación de un capitalismo salvaje que no acepta ninguna regla que no sea la de su voracidad en el margen de beneficios.Han intentado estos días las derechas políticas y mediáticas alentar una confrontación entre pequeños propietarios e inquilinos, despreciando el peso de los fondos buitres que, aunque supongan un pequeño porcentaje del rentismo, tiran hacia arriba de los precios distorsionando el mercado hasta límites desconocidos. Hacía falta –y la sigue haciendo a mi entender– un mayor esfuerzo didáctico que deje clarísimo que las medidas no van contra el interés de los pequeños propietarios que no buscan forrarse sino recibir un plus de ingresos razonable con garantías jurídicas que les permitan no caer en la trampa del miedo a ocupaciones absolutamente exageradas o a las complicaciones de afrontar impagos no justificados por la vulnerabilidad. El primer decreto consensuado y finalmente boicoteado por Junts contenía avances poco discutibles en la buena dirección, por mucho que fueran insuficientes o que hubieran merecido ser abordados en la primera fase del Gobierno de progreso.PP, Vox, UPN y Junts coinciden en una ideología derechista que se opone a cualquier control de los excesos de un mercado en manos de oligopolios, inversores extranjeros, campeones en ingeniería fiscal y miembros de una telaraña global que manipula y distorsiona la idea de libre mercado. No es casual que esas cuatro formaciones sean las mismas que hace solo dos semanas tumbaron en el Congreso el decreto que pretendía (con ciertas lagunas) regular el funcionamiento de los lobbies en España. Y no me canso de repetirlo –ver aquí–: asistimos a un pulso entre quienes defienden la regulación y quienes la rechazan en cualquier esfera de la economía, incluidas las grandes plataformas digitales y la IA. Todo eso lo sabemos, y es hora de que los demócratas actuemos mirando por encima de la pared de las siglas políticas y de las liebres mecánicas que nos lanzan desde los intereses autoritarios que se extienden por Occidente aplicando el manual de instrucciones del trumpismo.Pero en lo ocurrido este viernes hay algo más. Quiero insistir en la pregunta que encabeza este texto: ¿para quién trabajan Feijóo, Abascal y Puigdemont cuando deciden enfrentarse con esta prepotencia a amplias capas de sus propios votantes? La respuesta a esta cuestión pasa por un dato comprobable: ¿qué dicen las organizaciones empresariales o las patronales de la construcción cuando estos grupos boicotean la aplicación de los topes de precios o de otras medidas ahora rechazadas y guardan silencio o se ponen de perfil ante un debate tan trascendental como el que la movilización social ha puesto bajo los focos en la última semana? El mantra de las derechas como única alternativa para afrontar la evidente especulación que domina el mercado del alquiler es el más cacareado estos días: “construir, construir y construir”. Lo que no dicen, y todos lo saben, es que las propias constructoras no dan abasto ni tienen financiación ni siquiera mano de obra disponible. De hecho, para vergüenza de Vox y del PP cuando exprimen los bajos instintos racistas contra la inmigración, resulta que esas constructoras necesitan la llegada de miles y miles de migrantes que se dediquen –eso sí, desde la precariedad absoluta– a “construir y construir y construir”. Lo que no quieren, de ninguna forma, es construir vivienda pública asequible y sin posibilidad de ser privatizada, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas.Es todo un nuevo engaño masivo: las derechas, españolas, navarras o catalanas, son el brazo político de los intereses del lobby inmobiliario y de las elites rentistas y multipropietarias de este país, y no los defensores de pequeños propietarios acojonados por la desinformación, la falsa publicidad de las empresas de alarmas o la comprensible preocupación por casos concretos de inquilinos jetas o estafadores profesionales. ¿Pero cómo es posible que 178 señorías se hayan negado a poner freno siquiera a los desahucios de vulnerables como Maricarmen frente a 172 que han cedido sus reivindicaciones máximas para acordar unos mínimos por el interés general? Quédense con sus rostros y sus nombres. Los de un lado y los del otro (ver aquí).Y déjenme apostar –basándome en alguna información contrastada– a que Puigdemont y Nogueras han hablado entre el martes y el jueves mucho más con Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional y vicepresidente de la CEOE, que con sus propias parejas. Ahora, todas las miradas se posan sobre Pedro Sánchez y su decisión sobre la convocatoria de elecciones, aprovechando la ventana de oportunidad que le han regalado unas derechas cegadas por su antisanchismo y ciegas y sordas ante un clamor social mucho más profundo. También podría decidir persistir en el intento de legislar y al mismo tiempo seguir poniendo a prueba la contradicción sonrojante de las derechas y de Junts entre sus proclamas y sus votaciones. Lo cual daría algún margen para que el espacio Sumar también se ordenara y eligiera un liderazgo sólido que permitiera confiar en una nueva suma de gobierno, con o sin Podemos. Hay muchos votantes socialistas ya absolutamente hartos de la soberbia de Junts y de Puigdemont, que en estos ocho años jamás han tenido un gesto generoso hacia el desgaste político acumulado por Sánchez y su Gobierno al apostar por una amnistía que desinflamara Cataluña y permitiera al propio expresidente regresar de Bélgica. Este viernes se ha podido leer en redes un mensaje insistente: Conde Pumpido debería dejar en el limbo el fallo del Tribunal Constitucional que en los próximos días desbloqueará ese regreso.La frustración y la rabia llevan a reacciones irracionales. La democracia debe asentarse como instrumento de solución de problemas y conflictos. Y es la ciudadanía quien debe afrontar con madurez la identificación de quienes se dedican a obedecer intereses muy particulares y quienes se esfuerzan en resolver los fabulosos retos de esta era dominada por tecnojetas y buitres. ¿Cuándo tendremos elecciones generales? Mucho antes de que empecemos a atender las justas reclamaciones de una mayoría absoluta de la ciudadanía. Contra el odio y la desinformación, regulación.