Los votos en contra de Junts, Partido Popular y Vox a los dos decretos de vivienda del Gobierno sitúan a Pedro Sánchez ante una encrucijada. La derrota no hace caer al Ejecutivo, no obliga a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y tampoco conduce automáticamente a unas elecciones generales. Pero desde primera hora de este viernes el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a anticipar las elecciones, un escenario que algunos ministros consideran la única opción frente, a otras voces que piden prudencia. A la salida de la votación, ministros y diputados admitían que “todo puede pasar” en las próximas horas y apuntaban al lunes como día clave.La formación catalanista exigió el jueves por la noche la retirada de las dos normas y anticipó su voto en contra si el Ejecutivo las mantenía. Moncloa rechazó el ultimátum y decidió someterlas igualmente al Congreso, como ocurrió finalmente este viernes. PP, Vox y UPN también habían anunciado su rechazo, por lo que los votos de Junts eran decisivos. Bastaba una abstención para salvar el primer decreto, pero los de Míriam Nogueras fueron con todo.Los textos eran claves para el Ejecutivo tras el desahucio de Maricarmen, las protestas del pasado sábado y especialmente la acampada de la Puerta del Sol. La presión del socio minoritario ha situado a Sánchez en una encrucijada y él mismo lo ha dejado claro al tomar la palabra por sorpresa antes de la votación. “Hagan lo correcto, porque, si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”, espetó a los diputados de la derecha, antes de que confirmaran sus votos en contra dea ambos decretos.Fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno se tomará un tiempo para analizar las consecuencias de la caída de los decretos y estudiar cómo responder. “Ahora toca analizar lo que ha pasado, ver las consecuencias de que caigan los decretos, que son terribles, e intentar encontrar la mejor manera de paliar el acceso a la vivienda. A eso vamos a dedicar las próximas horas y días. Nada más. Calma”, señalan.Uno de los partidos que ha tumbado los decretos ha dejado preparada también la primera vía para resucitarlos. Junts ha elaborado su propia propuesta de real decreto ley sobre vivienda y ha anunciado que la entregará al PSOE como punto de partida para una nueva negociación. La formación catalana defiende un texto distinto con el que asegura que pretende actuar contra los fondos de inversión y proteger también a los “pequeños propietarios”.Moncloa asegura, sin embargo, que llevó el decreto al Consejo de Ministros estando convencidos de que contaba con los apoyos necesarios. “Si han cambiado de opinión, tendrán que explicarlo”, apuntan. Las fuentes insisten en que, cuando el Gobierno lleva un decreto al Congreso, lo hace con la certeza de que las medidas incluidas han sido negociadas, aunque apelan a la prudencia ante lo ocurrido.Junts quiere demostrar que tiene capacidad para tumbar una iniciativa central del Ejecutivo y, al mismo tiempo, ofrecerse inmediatamente después como el interlocutor para aprobar otra, pese a que solo unos meses antes aseguró que rompía del todo con los socialistas. Lo que no quiere es ser percibido como el único responsable ante un eventual adelanto electoral. Y, aunque Moncloa podría elaborar uno o varios textos nuevos, incorporar parte de las demandas de Junts y reconstruir la mayoría que no ha conseguido ahora, desde el primer momento aseguró que no iba a retirar ninguno de los dos decretos.Eso tiene un coste para un Ejecutivo que subraya que lo de este viernes no puede interpretarse como una enmienda a la totalidad de la legislatura. “Se puede seguir gobernando y legislando. Los congresos tumban todos los días iniciativas”, sostienen, y recalcan que “no es una cuestión ideológica”. Tampoco consideran que este episodio marque necesariamente un punto de inflexión parlamentario, aunque sí observan un cambio en el debate social alrededor de la vivienda y los desahucios.También existe un límite por la izquierda. Una nueva negociación con Junts podría obligar a modificar medidas que Sumar considera centrales dentro de la política de vivienda del Gobierno. Sánchez no tendría que cerrar sólo un acuerdo bilateral con los independentistas catalanes, sino que además tendría que conseguir que las concesiones necesarias para recuperar siete votos no le hagan perder apoyos en otra parte de la mayoría. Sánchez dispone de otra posibilidad: romper definitivamente con Junts, pero sin convocar elecciones. De hecho, ya ha ocurrido en otros momentos de la legislatura y en el Gobierno dan por hecho que la derecha no convocará una moción de censura para dar ‘oxígeno’ al presidente del Gobierno. Y mientras eso no ocurra, el Ejecutivo mantiene sus competencias. Sin embargo, voces socialistas creen que continuar “como si nada” también puede “decepcionar” a muchos de sus votantes.Sánchez podría entrar así en una legislatura de resistencia pero en su Ejecutivo son conscientes de que la votación de este viernes podría ser una “ventana de oportunidad”. El Gobierno mantendría la iniciativa política desde el Consejo de Ministros, administraría unas cuentas públicas prorrogadas, impulsaría las medidas que entren dentro de sus competencias y buscaría mayorías diferentes para las iniciativas que tengan que atravesar el Congreso. Para Moncloa, esta estrategia ofrece un activo fundamental: tiempo. Cada mes adicional permite ejecutar políticas, desplegar fondos, ocupar la agenda institucional y esperar a que cambien los incentivos de los demás partidos.La cuestión es si eso permite mantener una legislatura políticamente viable. Los Presupuestos son la siguiente frontera. Sánchez ha comprometido públicamente la presentación de unas nuevas cuentas y aseguró hace solo unas semanas que el debate presupuestario se celebraría antes de que terminara 2026. Si Junts se sienta a negociar las cuentas después de tumbar los decretos, Sánchez podrá argumentar que la mayoría no se ha roto. Pero si tampoco quieren negociar los Presupuestos —y el Ejecutivo no encuentra una combinación alternativa—, la naturaleza del problema cambia.La última salida es también la que transforma todas las demás: convocar elecciones generales antes de agotar la legislatura. Hasta ahora, Sánchez ha defendido otro calendario con 2027 como horizonte electoral. Sobre los pasos que dará ahora el Gobierno, en Moncloa no descartan “ninguna opción”. No obstante, insisten en que “no es momento de tomar esa decisión” y que la prioridad inmediata será analizar cómo corregir los efectos de la caída de los decretos y encontrar la mejor fórmula para recuperar las medidas.Para Sánchez, un adelanto tendría una ventaja esencial: elegir el momento en que termina la legislatura en lugar de dejar que una sucesión de derrotas parlamentarias lo elija por él. Si Moncloa llega a la conclusión de que no existe mayoría para los Presupuestos, que Junts seguirá bloqueando iniciativas importantes y que tampoco aparecen combinaciones alternativas, prolongar la legislatura puede significar acumular derrotas hasta llegar a las urnas en peores condiciones políticas.Convocar antes también permitiría al PSOE intentar fijar otro relato: no el de un Gobierno incapaz de aprobar sus medidas, sino el de un Ejecutivo que devuelve la decisión a los ciudadanos porque una mayoría heterogénea del Congreso impide desarrollar determinadas políticas. En Moncloa creen que la presión social puede condicionar los próximos movimientos de los grupos parlamentarios. “Hay que ver cómo respira la calle estos días”, indican. A su juicio, el foco generado en torno a los desahucios supone “una oportunidad de presión social para que el Parlamento sea consciente” de las consecuencias de sus decisiones.El adelanto, sin embargo, encierra una incertidumbre que ninguna estrategia parlamentaria tiene: una vez convocadas elecciones, Sánchez pierde el control sobre la composición del siguiente Congreso. No hay ninguna garantía de que unas nuevas urnas produzcan una aritmética más favorable al PSOE, como tampoco de que reproduzcan la actual. De hecho, una de las tesis más extendidas en la Cámara Baja es que los socialistas buscan “salvar los muebles” con un resultado por encima de los 100 escaños.Unas elecciones anticipadas tampoco son un escenario ideal para el espacio situado a la izquierda del PSOE. Obligarían a resolver en poco tiempo estrategia, candidaturas y relaciones entre las diferentes organizaciones que compiten dentro de ese electorado y que llevan meses atascadas. Por eso los incentivos de Sumar pueden llevarle a defender hasta el final la reconstrucción de la legislatura incluso si una parte del PSOE empieza a convencerse de que el coste de mantenerla supera al de cerrarla. De hecho, el socio minoritario asume que el momento electoral más conveniente para el PSOE no tiene por qué coincidir con el suyo. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguraba este viernes que las próximas elecciones generales “van a ser un referéndum por el derecho a la vivienda”. En una entrevista en TVE antes de la votación de los decretos de vivienda, Bustinduy advertía de que los grupos que voten en contra quedarán retratados “con nombres y apellidos” y que las derechas lo iban “a pagar muy caro”. Bustinduy ha sido el nombre que más se ha repetido en los pasillos del Congreso como futurible candidato del espacio, aunque él ya lo ha descartado en varias ocasiones.La coalición llevaba meses trabajando en la elección de un candidato para las próximas generales e incluso había abierto la posibilidad de que fuera una figura ajena a los partidos que la integran. Esa indefinición hace más difícil cualquier aceleración del calendario. Por ese motivo, los partidos que integran Sumar han acordado reunirse este domingo para analizar el escenario político después de que hayan caído los dos decretos de vivienda y abordar la posibilidad de un adelanto electoral. Voces de Sumar reconocen que el momento político puede ser oportuno porque la discusión se ha desplazado hacia la vivienda, pero hay quien también pide tiempo para demostrar resultados desde los ministerios, cerrar la reorganización de su espacio y llegar a las urnas con una candidatura reconocible. Además, los aliados parlamentarios del Gobierno también miden los tiempos. De hecho, su poder actual depende en gran medida de la fragmentación del Congreso: sus pocos diputados pueden ser decisivos para leyes, decretos y Presupuestos. Unas elecciones significan renunciar a esa posición y aceptar una posible pérdida de protagonismo con una eventual victoria de PP y Vox. Para Junts, tumbar los decretos junto a PP y Vox demuestra hasta qué punto sus siete diputados pueden condicionar al Gobierno. Pero unas elecciones acabarían inmediatamente con ese poder y someterían a los independentistas catalanes a un escenario incierto. Para las derechas, la caída de los decretos permite reforzar uno de sus principales argumentos contra Sánchez: que el Gobierno llegó a la investidura mediante una mayoría que después tiene dificultades para funcionar como mayoría legislativa. Cuantas más derrotas acumule el Ejecutivo, más fácil será para Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal presentar la legislatura como políticamente agotada, como llevan haciendo desde hace meses.En Génova recuerdan que la convocatoria de julio de 2023 les sorprendió y sostienen que no volverá a ocurrir: “Nos pilló una vez y no nos pilla otra. Entonces no contábamos con votar en julio; ahora contamos con que se pueda votar en Nochebuena”, señalan. En el entorno del líder del PP creen que una convocatoria en este momento tendría lógica desde el punto de vista de Sánchez, porque el presidente debe decidir “en qué contexto” le resulta menos desfavorable acudir a las urnas. “Tiene que elegir un día que no le venga tan mal”, resumen, tras unos meses marcados por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.A su juicio, el problema de la vivienda ha añadido un nuevo elemento de desgaste cuyo recorrido político ya es relativamente previsible, mientras que el Gobierno todavía tiene por delante otros frentes. Citan, entre ellos, “la vuelta de Puigdemont, Zapatero o Begoña Gómez” y consideran que Sánchez puede confiar en que el contexto mejore, pero sostienen que “no tiene por qué ser así”. Las mismas fuentes restan importancia a la posibilidad de que unos nuevos Presupuestos permitan recomponer la legislatura. “Unos PGE que traiga aquí son como otro decreto”, afirman, en referencia a las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria. Su diagnóstico es que “no hay votos para nada” y que, después de episodios como el de los dos decretos, “en este contexto no puede continuar”.