La extraordinaria regresión experimentada por los Estados Unidos con respecto al sarampión está haciendo que los hospitales del país se vean obligados a recuperar protocolos que se consideraban relegados a la historia: desde interrogatorios telefónicos previos a un ingreso, a pacientes que tienen que esperar en el aparcamiento, circuitos separados, habitaciones con presión negativa, filtros HEPA, telemedicina o restricciones de visitas en unidades de neonatos. Dado que el virus del sarampión puede permanecer en el aire durante dos horas, una simple exposición lleva a que se cierren consultas y se tengan que reorganizar plantas enteras. Estamos hablando de la necesidad de reorganizar una infraestructura que la vacunación había convertido en prácticamente innecesaria, debido simplemente a un fenómeno tan estúpido como carente de base científica, pero exacerbado por políticos ignorantes: los antivacunas. El país había declarado eliminado el sarampión en el año 2000. Ahora, en cifras del 24 de septiembre de 2026, hay 3,659 casos, frente a 2,289 en todo 2025, la cifra más elevada desde 1991. Por supuesto, el 95% en personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. La cobertura con dos dosis de la vacuna ha caído desde el 95.2% en 2019-2020 al 92.4% ahora, lo que deja a unos 280,000 niños sin la pauta completa, auténtica carne de cañón para el virus. El 95% es la cifra que en epidemiología se considera necesaria para impedir la transmisión comunitaria de una enfermedad capaz de generar hasta 18 contagios secundarios por persona infectada. El patético Robert F. Kennedy llegó al cargo cuando ya empezaban a aparecer bolsas de infravacunación. Pero su respaldo decidido a los antivacunas, sus mensajes contradictorios, su insistencia en la estupidez acientífica de que «las vacunas provocan autismo» y su cuestionamiento generalizado de la seguridad de la triple vírica han contribuido a que la enfermedad vuelva a propagarse y resulte cada vez más difícil de controlar, a que los Estados Unidos se conviertan en el hazmerreír del mundo desarrollado, y que cueste cada vez más dinero a los contribuyentes. Su negación, además, no es simplemente retórica, sino normativa: una orden ejecutiva firmada por el imbécil de Donald Trump recomienda dividir la triple vírica en tres vacunas separadas que ni siquiera están disponibles en el país, y administrarlas en visitas diferentes, con la problemática que ello conlleva en términos de cumplimiento de la pauta vacunal, además de alentar las exenciones por motivos religiosos. No existe evidencia científica alguna de la conveniencia de separar la vacuna combinada en tres preparados monovalentes, y sí de que la eficacia de las dos dosis de la triple vírica es del 97%. Básicamente, el problema de una Administración ignorante y acientífica que fabrica dudas y fricciones en torno a una tecnología completamente probada. ¿Quién paga la supuesta «libertad» de algunos para no vacunarse? El brote de Carolina del Sur produjo 997 casos, 932 de ellos en personas no vacunadas, afectó a 33 escuelas, obligó a poner en cuarentena a 874 estudiantes y costó al estado unos 2,1 millones de dólares. Un brote de sólo 57 casos en Chicago costó 8.7 millones de dólares, unos 153,000 dólares por caso, y dio lugar a 17,113 jornadas escolares perdidas. La decisión individual de no vacunarse genera una descomunal factura que pagamos todos. Europa tampoco puede presumir porque antivacunas, desgraciadamente, los hay en todas partes, aunque está haciendo mejor sus deberes. En la región Europea de la OMS, que incluye Europa y Asia central, los casos pasaron de 127,412 en 2024 a 33,998 en 2025 gracias sobre todo a campañas de vacunación y respuesta ante los brotes, pero nada menos que 19 países han recuperado la transmisión endémica. Ante el rebrote, la respuesta europea ha sido fundamentalmente recuperar coberturas, combatir la desinformación en lugar de alentarla irresponsablemente, y reforzar la vigilancia. España pasó de 14 casos en 2023 a 229 en 2024, y a unos 400 en 2025, y perdió el estatus de eliminación que mantenía desde 2016. El 59.3% de los casos de 2025 no estaba vacunado. La cobertura nacional supera el 95% con una dosis y el 90% con dos dosis, pero ese promedio esconde numerosas bolsas de población vulnerable, pero al menos, no se desacredita a quienes recomiendan las vacunas, como hace la administración norteamericana. Hay que entender que el sarampión es el detector de humo de un sistema sanitario, y que cuando vuelve a circular de forma sostenida en un país desarrollado, nunca indica que la ciencia haya fallado, sino que han fallado la confianza, la vacunación o el gobierno. Si quien dirige el país, además, es un total y absoluto ignorante que alimenta esa desconfianza y convierte la ignorancia en política sanitaria, las consecuencias son las que son: no es únicamente una desgracia epidemiológica, es una decisión política. Es simplemente el precio epidemiológico de gobernar contra la ciencia.