Miles de personas protestan a las puertas de la Cámara Baja por el voto en contra de las derechas a las medidas antidesahuciosEl Gobierno pide a Junts que no tumbe los decretos: “El 90% de lo que ustedes plantearon está recogido” Desahucios como el de Maricarmen pueden volver a ocurrir desde este viernes. La mayoría del Congreso de los Diputados, con los votos de Junts, PP y Vox, ha tumbado los decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros. Los independentistas catalanes, con los que el Ejecutivo negoció el texto para incluir la inmensa mayor parte de sus demandas a cambio de que permitieran la convalidación, se mantuvieron en la decisión adoptada a última hora del jueves y votaron 'no' a ambos decretos. Y dejan ahora la legislatura más cerca que nunca de un adelanto electoral en el que ya trabaja la Moncloa. Todos los llamamientos del Gobierno a última hora fueron estériles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió durante su intervención para defender el primero de los decretos —el que incluía todas las medidas a excepción de la duración indefinida de los contratos de alquiler— al menos una abstención de Junts que permitiera convalidarlo. “Hoy decidimos aquí si no queremos más desahucios o si estamos dispuestos a asumir el próximo. Demuestren que hay una derecha capaz de cambiar la vida de la gente, capaz de estar a lo que de verdad importa”, exigió Rodríguez. No obstante, ni ese llamamiento ni toda la presión que ejercieron los manifestantes —que abarrotaron desde primera hora de la mañana las calles aledañas a la Cámara Baja— sirvieron para cambiar la posición de Junts. Sus siete diputados, al igual que los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN, dijeron con claridad “no” cuando fueron nombrados para votar a viva voz, el formato que impusieron PSOE y Sumar para señalar a todos y cada uno de los parlamentarios que se opusieron este viernes a la convalidación de las medidas de vivienda. El segundo decreto de vivienda, el que recogía los alquileres indefinidos, ha contado todavía con menos respaldo y ha sido rechazado con 166 votos a favor y 184 votos en contra (con el 'no' de PNV y Coalición Canaria). Justo antes de la votación, el presidente del Gobierno hizo un último llamamiento a Junts, PP y Vox para que no dejen caer los decretos de vivienda. “Les ruego que sean valientes y coherentes. Las medidas son ambiciosas, necesarias, razonables, diseñadas a través del diálogo. Con soluciones concretas a problemas complejos. No hay extremismos, hay meses de negociación y diálogo. Hay compromiso, determinación”, dijo desde la tribuna tras pedir a la presidenta del Congreso intervenir al final del debate. “Lo que hay detrás de estos decretos es el deseo, que creo que es ampliamente compartido por la ciudadanía española, de poner orden y humanidad a un mercado que, si no controlamos, acabará destruyendo a nuestra sociedad. Es evidente que sus medidas no van a resolver por sí solas todos los problemas, no lo van a hacer, pero es innegable que sí ayudarán a mitigarlos. Y que si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso. Porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles. Pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional, y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas”, prosiguió. “Si ese daño se produce, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten ”no“ desde su escaño. Por eso les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo”, concluyó el presidente, que trabaja con su equipo en el diseño de un adelanto electoral de las generales. Junts intentó un movimiento de última hora A lo largo de la mañana, Junts intentó una última jugada para enmascarar su decisión. Los independentistas propusieron públicamente, a escasas dos horas de la votación, negociar un nuevo decreto en base a un borrador elaborado por ellos mismos y plagado de recortes al texto que salió el martes pasado del Consejo de Ministros. La oferta final de Junts pasaba por recortar la regulación de los alquileres y habitaciones, mantener las bonificaciones a propietarios y aligerar la prórroga de arrendamientos y la protección de desahucios. Pero nadie en el hemiciclo se la tomó en serio: el Gobierno había decidido rechazar la exigencia de los de Carles Puigdemont de retirar sus decretos para reanudar las negociaciones, y no se movió de esa posición. De hecho, ningún partido ni de los que componen el Gobierno ni de sus socios ahorró críticas contra Junts. Uno de los que se pronunció con más firmeza fue el ministro de Derechos Sociales y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy, que acusó a los independentistas —junto a PP y Vox— de la “infamia” de “dejar desprotegidos a millones de españoles”, y les espetó que su supuesto patriotismo no es más que una pose. “Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Catalunya, pero votar en contra del decreto es votar en contra de su pueblo para ondear la bandera del rentismo”, denunció. Durante su intervención en el pleno del Congreso para defender el segundo de los decretos, el que establece la duración indefinida de los contratos de alquiler, Bustinduy aseguró que “cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts”. “Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria: lo de hoy es un conflicto de clase, y lo que van a hacer es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario de las clases trabajadoras, ganado con su esfuerzo, para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero”, espetó.