José Luis Rodríguez Zapatero se diluye como figura referencial de esa izquierda que se considera superior moralmente. La defensa de Zapatero está articulando una estrategia legítima para cuestionar determinadas pruebas contra su cliente, pero hay una realidad ajena al proceso penal que va imponiéndose día tras día. Ese Rodríguez Zapatero que encarnaba la pureza republicana, la virtud progresista y el izquierdismo benéfico era en realidad un estratega de negociaciones opacas y beneficios clandestinos, obtenidos a costa de condicionar la política exterior del Estado, el gran acto de complicidad de Pedro Sánchez con quien era su oráculo. Se sabía de las andanzas de Zapatero con lo más granado de la comunidad internacional, como la Venezuela de Nicolás Maduro o la China expansionista. Y se intuía que nada era gratis en sus gestiones ante las administraciones públicas en beneficio de terceros. Pero el tesoro que Zapatero ocultaba en la caja fuerte de su oficina es un salto cualitativo en la definición del personaje. La acumulación de piedras preciosas y oro blanco procedentes de Zambia y de Tailandia es reflejo de una codicia incompatible con el ideal ilustrado y desinteresado que encarnaba el expresidente ante la parroquia socialista. Al final, Zapatero dejó de contar nubes para contar gemas. Las torpes declaraciones de quien afirmó ser su portavoz –y que fijó en 30.000 euros el valor de unas joyas que superan 1.300.000 euros– solo ha empeorado la opinión pública sobre Zapatero. Y su futuro judicial se hace más sombrío. El juez Calama ha abierto una pieza separada en el caso Plus Ultra porque la posesión de semejante cantidad de joyas y por ese valor pericial, muy superior al millón de euros, podría ser resultado de un delito fiscal y de otro de contrabando. No hay biografía progresista que resista unos delitos de esta naturaleza. La manida explicación de que su origen es una herencia resulta risible, como la de la familia Pujol y la herencia del abuelo Florenci. Zapatero tendrá derecho a guardar silencio cuando el juez lo interrogue por esas joyas, pero puede ser una mala opción porque lo más lógico es que, si tiene una explicación razonable, la facilite. Le llegará el turno a Hacienda y a la Abogacía del Estado. La primera, como responsable de determinar el posible daño causado al erario público con el impago de los impuestos correspondientes al incremento que tales joyas dieron al patrimonio de Zapatero. La segunda, porque es la que asume la defensa de los intereses tributarios del Estado ante los tribunales. No es una investigación muy compleja: el objeto está bien acotado, lo mismo que el posible autor, quien aún tiene la oportunidad de presentar la documentación aduanera y fiscal que demuestre que la posesión de las joyas es legal. Solo la lentitud en la respuesta de Hacienda y la pasividad de la Abogacía del Estado se alzan como amenazas retardantes de una respuesta judicial a la que le quedará el soporte de la Fiscalía Anticorrupción. Las responsabilidades éticas en este caso ya tienen veredicto. Y también las políticas, porque Rodríguez Zapatero nunca permaneció en el plano privado de otros expresidentes, sino que estaba metido en la sala de máquinas del sanchismo, su manto protector.