El 14 de abril de 2026 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio una buena noticia a los cerca de un millón de interinos de España. Dictó una sentencia histórica que cambiaría las reglas del juego de la contratación pública. Un antes y un después para sancionar el abuso de temporalidad. La veda se ha abierto. El Tribunal Supremo ha fijado el criterio y las demandas para reclamar la fijeza se han disparado. A partir de ahora, podrán aspirar a esa fijeza aquellos trabajadores públicos que hayan sufrido abuso de temporalidad y que, además, hayan superado un proceso selectivo para una plaza fija, aunque no obtuvieran plaza en su momento.Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo y los fallos europeos, los interinos viven un punto de inflexión. Sin embargo, no todo es de color de rosa y, en la práctica, ya hay sorpresas indeseadas. “Un atropello absoluto”. Así lo califica Virginia González, portavoz de la Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía.Las demandas por abuso de temporalidad que numerosos docentes afectados ha interpuesto desde hace años no llegan a buen puerto a pesar de que el TJUE haya sido claro. Desde 1999, con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, Europa exige prevenir y sancionar el abuso en la contratación temporal a los países miembros. “En España la Administración se salta ese derecho a pesar de que para Europa todos los trabajadores son iguales y todos tienen que tener los mismos derechos”, dice Virginia.Según explica a lavozdelsur.es, España ha ido dilatando durante años la situación de los docentes interinos mediante consultas prejudiciales a Europa, defendiendo que no existe continuidad porque cambian de contrato o son cesados entre cursos. Sin embargo, Europa siempre ha insistido en que lo relevante no es tanto el tipo de contrato ni su concatenación, sino en que esos trabajadores han seguido prestando servicios durante años para la misma administración empleadora.Docentes interinos de toda España reclaman la fijeza.Han ido lanzándose la pelota hasta que este año ha habido un giro. “El TJUE ha dicho que lo que viene haciendo España todos estos años no tiene ninguna validez. Ni son válidos los procesos selectivos, ni lo son las sanciones”, explica.Al ser inviable indemnizar a todos los afectados por el abuso, “porque no hay dinero”, la única salida es la fijeza. El Gobierno tiene hasta el 29 de junio para decidir cómo abordar este nuevo paradigma. “Se espera una reforma legislativa, pero, mientras gana tiempo, los tribunales están sacando como desfavorables todas las sentencias que tienen archivadas desde hace años, sorprendentemente justo lo contrario de lo esperable, y a pesar de que Europa ahora ha sido muy contundente a nuestro favor”, denuncia desde la Asamblea.“Como no nos pueden hacer fijos a todos a la vez, ni darle a todo el mundo la indemnización a la vez, tendrá que hacerlo de alguna forma escalonada. Seguramente lo que prevemos que ocurrirá es que dirán primero quien la haya reclamado de manera administrativa. Para ellos, cuantas más se quiten de en medio ahora, mejor”, sostiene desde el sindicato.De 300 a 900 euros por las demandas desfavorablesLa Justicia sigue denegando la fijeza y, además, según denuncia, han triplicado los costes de las condenas. “Es una forma de disuadirnos y meternos miedo para que no sigamos denunciando”, dice.En el caso de Virginia, su sentencia se había quedado congelada. Cuando el TJUE dictó la última sentencia, el tribunal agilizó el trámite y la desestimó. “Rápidamente y antes de que haya cualquier tipo de modificación legal que se pueda usar a nuestro beneficio”, añade. “En lugar de pedirme 300 euros, que era lo que estaban poniendo a todo el mundo, me pidieron 900 euros, a mí y a un montón de gente”, dice la portavoz, que señala que para recursos de casación las condenas oscilan entre 2.000 y 3.000 euros.Parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que indica la cuantía que debe abonar Virginia.“Es una forma de coacción y de decirnos ‘no sigáis demandando porque os va a salir la jugada muy cara’”, manifiesta Virginia, que considera que la situación provoca “una discriminación mayor”.“Solo van a poder ejercer sus derechos quienes tengan dinero. Si a ti al final te cuesta 2.000 euros que te reconozcan algo que Europa te dice que es un derecho, no todo el mundo va a poder hacerlo y mucha gente se va a quedar por el camino”, sostiene. Los interinos continuan pendientes con la esperanza de que se les reconozcan sus derechos laborales tras años de manifestaciones.