Las maniobras de Leire Díez para desactivar causas judiciales contra el Gobierno llegaron hasta el fiscal general del Estado. Las reuniones de la llamada fontanera del PSOE en la sede de la Fiscalía General fueron encaminadas, entre otras cosas, a trasladar un plan para mover fichas en el Ministerio Público y situar en Anticorrupción a perfiles que consideraban afines para tener control sobre procedimientos judiciales. Un plan del que estaría al tanto el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Seguir leyendo....