La programación de la Feria del Libro de Madrid se convirtió este miércoles en uno de los terrenos más sensibles de la diplomacia y la política exterior en España tras la inclusión en su agenda oficial de la mesa redonda titulada “Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas”.El Frente Polisario, junto a diversos colectivos saharauis y de solidaridad con su causa, había solicitado formalmente su cancelación por considerarla un dispositivo de propaganda diseñado para normalizar y validar de forma sutil la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, utilizando para ello el paraguas de un foro cultural de gran prestigio internacional financiado parcialmente con fondos públicos españoles.Atendiendo a esta petición, la Feria del Libro ha confirmado su decisión de eliminar este acto de su programación, subrayando además que “nunca debió estar” en ella.“Actos de este tipo”, sostiene el Polisario, “contribuyen, de manera evidente, a la estrategia de asimilación cultural y territorial llevada a cabo por Marruecos, con especial ahínco durante los últimos años”.El debate, programado inicialmente en el Paseo del Retiro, no era meramente cultural, sino profundamente terminológico y de derecho internacional, ya que el análisis de los datos disponibles en la ficha oficial de la Feria revelaba cómo la estructura, el lenguaje, los organizadores y el elenco de participantes se alineaban de forma nítida con la narrativa oficial que el Reino de Marruecos promueve respecto al territorio. Al mismo tiempo, el evento ponía bajo el foco a los grandes patrocinadores globales de la cita literaria y a las instituciones públicas españolas que avalan el conjunto de la programación.La propia descripción oficial de la mesa redonda explicitaba que el acto constituía la sesión de clausura de un simposio científico organizado por investigadores del sur de Marruecos sobre las características culturales del Sáhara marroquí, añadiendo que se abordarían cuestiones relativas a la arqueología y la historia en la región de Laayoune-Sakia El Hamra.Desde el punto de vista del análisis de las relaciones internacionales, este planteamiento posee una carga política muy clara al asumir como premisa de partida la integración del territorio bajo la soberanía de Rabat e ignorar por completo el estatus legal de la región según la Organización de las Naciones Unidas, que sigue clasificando al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.Al adoptar la nomenclatura de las regiones administrativas creadas por el Estado marroquí y omitir el derecho a la autodeterminación o la existencia de una población que impugna formalmente dicha administración, la actividad opera dentro de los márgenes de la diplomacia cultural o del poder blando para naturalizar ante la opinión pública española una situación de hecho, despojando al territorio de su naturaleza de conflicto internacional latente.El entramado organizativo ofrecía además datos clave sobre el origen y el propósito de la actividad, dado que la programación identificaba como entidad organizadora principal a Al-Maghrib, término árabe que significa literalmente Marruecos y que se vincula de manera directa a estructuras dedicadas a la difusión de las tesis estatales de Rabat fuera de sus fronteras.El desglose de los investigadores participantes confirmaba también la homogeneidad absoluta del panel, donde no existía representación de académicos españoles independientes ni de investigadores saharauis vinculados al Frente Polisario o a la República Árabe Saharaui Democrática.La trayectoria de los ponentes anunciados se correspondía con perfiles propios del aparato institucional marroquí, como es el caso de Slimane Douih, cuya trayectoria investigadora aparece vinculada al Center of Hassani Studies and Research de El Aaiún, una institución dependiente del Ministerio de Cultura de Marruecos creada específicamente para estudiar el patrimonio hassaní bajo el prisma de su consideración como un elemento integrante de la identidad global del Reino.Junto a él participaban Najat Fakhour, cuya presencia digital la sitúa en el ámbito de la producción literaria que normaliza dicha realidad territorial y que comparte contenidos alineados con el consulado marroquí de Tarragona; Aidda Lakhrif, un perfil académico joven encuadrado en el ecosistema educativo de instituciones superiores afines a Marruecos; y Mohammed Bounit, un investigador local asentado en El Aaiún cuya actividad pública orbita de manera constante en torno al concepto del Sáhara marroquí.En conjunto, se trataba de un bloque homogéneo que constataba la ausencia deliberada de cualquier voz disonante que pudiera confrontar la tesis de la soberanía de Rabat.Uno de los puntos de mayor fricción política e institucional radicaba en el soporte económico de la Feria del Libro de Madrid, un evento organizado por la Asociación de Empresarios del Comercio del Libro de Madrid que cuenta en su cartelería oficial con corporaciones líderes del mercado español como CaixaBank, Iberia, Vips y Repsol.Estas empresas operan como patrocinadores generales del conjunto de la Feria y sufragan la infraestructura general del paseo sin realizar un patrocinio finalista de esta mesa concreta, pero su presencia genera implicaciones reputacionales sustanciales, dado que todas ellas mantienen importantes intereses comerciales y estratégicos en el Reino de Marruecos, ya sea mediante la operación de rutas aéreas regulares, exploraciones energéticas históricas o la financiación de proyectos empresariales españoles en el mercado marroquí.La inclusión de un acto político de estas características bajo su paraguas corporativo abría interrogantes sobre los filtros de control de los departamentos de responsabilidad social de las grandes empresas y sus compromisos respecto a las directrices de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en zonas de conflicto.El cuestionamiento político se trasladaba de igual modo al plano de la administración pública española, ya que la Feria del Libro cuenta con el respaldo institucional, logístico y económico del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, además del soporte técnico de entidades como Casa África o Casa Árabe.Al otorgar el sello oficial de las administraciones madrileñas a través de subvenciones y del uso del espacio protegido del Parque de El Retiro, las instituciones quedaban asociadas de forma indirecta a unos contenidos que introducen una contradicción explícita con la postura oficial del Estado español en materia de derecho internacional.España sigue siendo considerada por la ONU como la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental y, aunque los giros políticos bilaterales hayan modificado la afinidad hacia la propuesta de autonomía de Rabat.