Los traslados urgentes en Andalucía se están realizando, en algunos casos, en ambulancias que no están diseñadas ni equipadas para prestar atención sanitaria durante el trayecto. Esa es la denuncia que la federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha vuelto a trasladar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, exigiendo medidas urgentes para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales que cada día sostienen ese servicio esencial.El sindicato lleva tiempo alertando sobre esta situación. Ya el pasado año remitió un escrito a la Consejería advirtiendo de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba incorporando a la red de traslados urgentes ambulancias clasificadas como tipo A1, vehículos no asistenciales que, por su propia definición legal, no están concebidos para prestar atención sanitaria durante el transporte. Ese escrito, según CCOO, sigue sin recibir respuesta.Una contradicción legal con consecuencias para pacientes y profesionalesPara el sindicato, el uso de ambulancias A1 en servicios urgentes "supone una contradicción con la propia clasificación legal de estos vehículos y con la obligación del sistema sanitario de garantizar la seguridad de las personas atendidas". Los servicios urgentes, defiende CCOO, deben realizarse exclusivamente con ambulancias asistenciales de tipo B o C, que cuentan con el personal y el equipamiento necesarios para atender cualquier incidencia que pueda surgir durante el traslado.Las consecuencias de este modelo afectan a dos colectivos de forma directa. Por un lado, los pacientes podrían no disponer de un registro adecuado sobre su estado de salud o la atención recibida durante el trayecto, algo que puede comprometer la continuidad asistencial y su derecho a la información sanitaria. Por otro, los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) se ven obligados a asumir responsabilidades sin contar con documentación que respalde su actuación, quedando en una situación de desprotección jurídica.Conflicto con varias normas de rango legalCCOO no se limita a señalar el problema en términos operativos, sino que lo encuadra en un conflicto con el ordenamiento jurídico. El sindicato considera que este modelo de gestión "entra en conflicto" con la Constitución Española, la Ley de Autonomía del Paciente, la normativa sobre documentación clínica, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.Ante ello, la federación ha reclamado a la Consejería que adopte varias medidas concretas e inmediatas: que se implante un informe asistencial específico para cada traslado urgente realizado en ambulancias A1 mientras no se modifique el modelo actual; que se reconozca y garantice la capacidad de los TES para realizar valoraciones básicas de los pacientes; que se establezcan mecanismos de protección jurídica para estos profesionales; y que se desarrollen protocolos que aseguren una atención sanitaria efectiva durante el traslado."La red de traslados urgentes debe contar con recursos que permitan atender realmente a los pacientes. De lo contrario, se corre el riesgo de poner en peligro la salud de la ciudadanía andaluza y de dejar en una situación de indefensión a los profesionales que cada día sostienen este servicio esencial", ha señalado CCOO.