El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, mantendrá el próximo miércoles 10 de junio una reunión con promotores urbanísticos que operan en el municipio para abordar lo que el sector califica como una situación de "ralentización, bloqueo y falta de previsibilidad" en la tramitación de expedientes.La convocatoria, filtrada a la prensa, ha desatado la reacción inmediata de Ganar Tarifa, que exige al regidor que en esa cita se defienda el interés general por encima de los intereses privados y que, a su conclusión, rinda cuentas públicamente ante los medios de comunicación.La coalición de izquierdas tarifeña sitúa esta reunión en un contexto que considera determinante: el grave problema de acceso a la vivienda que sufre la población de Tarifa desde hace años. Para ilustrarlo, recurre a datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: entre 2022 y 2024, un total de 801 personas de entre 20 y 39 años abandonaron el municipio, lo que supone una media de 267 jóvenes al año que se marchan de Tarifa. Un éxodo silencioso que, según Ganar Tarifa, tiene una causa directa: la imposibilidad de acceder a una vivienda en el municipio.Cero viviendas sociales y una Constitución que obliga a actuarEl dato que más indigna a la formación es la respuesta institucional a ese problema: el número de viviendas sociales articuladas por el Ayuntamiento de Tarifa es, a día de hoy, cero. Ni en promociones íntegramente destinadas a vivienda protegida ni en las reservas obligatorias dentro de promociones privadas. Una cifra que contrasta con lo que Ganar Tarifa considera una obligación constitucional inexcusable.La coalición recuerda que el artículo 47 de la Constitución establece que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación." Para Ganar Tarifa, ese mandato constitucional debe traducirse en que cualquier tramitación urbanística tenga como prioridad la reserva máxima de vivienda protegida y que se agilicen precisamente los expedientes que incluyan esa reserva.Los promotores amenazan con reclamaciones legales, pero Ganar Tarifa pide que se les ignoreLa reunión del 10 de junio tiene su origen en un escrito remitido por los promotores a la Alcaldía, al que ha tenido acceso Europa Sur, en el que el sector solicita una cita urgente y advierte de que la situación de la Oficina Técnica municipal estaría generando "importantes consecuencias económicas y jurídicas" por los retrasos en la concesión de licencias e informes. Los promotores denuncian demoras en la tramitación, dificultades para mantener reuniones con personal municipal, emisión de informes "contradictorios o cambiantes" y ausencia de criterios homogéneos en la interpretación de la normativa urbanística. El escrito incluye además una advertencia formal sobre posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial si no se adoptan medidas correctoras.Ganar Tarifa responde a esas amenazas con contundencia: "Las amenazas vertidas por parte de los promotores sobre unas posibles reclamaciones por los perjuicios producidos por el supuesto retraso en las tramitaciones deben de ser ninguneadas en esa reunión, ya que quién verdaderamente sufre los daños y perjuicios de los chanchullos inmobiliarios de este municipio es la población que no puede acceder a una vivienda."Entre las propuestas que los promotores llevan a la mesa figura el impulso de una ordenanza municipal que permita la intervención de entidades urbanísticas certificadoras —figura contemplada en la normativa urbanística andaluza— para reducir plazos, descongestionar la Oficina Técnica y mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias. El sector propone además la creación de una mesa técnica de trabajo entre Ayuntamiento, técnicos externos y representantes del sector para consensuar el contenido de esa futura normativa.Exigencia de rueda de prensa abierta y rendición de cuentasMás allá del contenido de la reunión, Ganar Tarifa exige al alcalde máxima transparencia en su gestión de la misma. La formación reclama que, una vez concluida la cita, Santos convoque una comparecencia de prensa abierta a todos los medios en la que informe públicamente de quiénes han acudido a la reunión, qué temas se han tratado y cuáles son los acuerdos alcanzados. Y, sobre todo, que aclare si esos acuerdos van a suponer una mejora real para el parque público de vivienda en Tarifa.Una exigencia de transparencia que llega en un municipio donde la presión del mercado inmobiliario —Tarifa se ha consolidado como uno de los polos de atracción inmobiliaria y hotelera más destacados de la provincia de Cádiz— hace especialmente delicada cualquier decisión urbanística que no tenga como prioridad explícita el acceso de la población local a una vivienda digna.