Adelante Andalucía ha dado un paso formal en el debate sobre el despliegue de energías renovables en Jerez. La formación andalucista ha registrado su documento de alegaciones al Plan Especial Regulador de la Implantación de Proyectos de Energías Renovables (PEER) del municipio, una iniciativa municipal que saludan como necesaria para "recuperar la gobernanza pública frente al libre albedrío de las multinacionales", pero a la que exigen "máxima ambición jurídica" para frenar lo que consideran un modelo extractivista que beneficia a fondos de inversión internacionales a costa del territorio jerezano.La posición de la formación parte de una distinción clara: no se oponen a la transición energética, a la que consideran "una urgencia histórica", pero rechazan con firmeza que el término municipal de Jerez se convierta en un "sumidero energético" o en un "tablero de especulación". Su portavoz en la ciudad, Carlos Fernández, lo explica sin rodeos: "El ritmo actual de implantación masiva expolia nuestro suelo, destruye el paisaje tradicional y los viñedos del Marco, y destruye el empleo agrario local sin dejar valor añadido en nuestra tierra".El Real Decreto-ley 7/2026, la palanca jurídica para exigir retorno socialEl argumento central de las alegaciones de Adelante se apoya en un cambio legislativo reciente: el Real Decreto-ley 7/2026 de socialización de las renovables, convalidado por el Gobierno central. La formación exige que el Ayuntamiento no se ponga "de perfil" ante este nuevo marco legal e incorpore de forma obligatoria en la normativa urbanística local el principio de retorno social y la obligación de compartir los beneficios económicos con el territorio.Para Fernández, el decreto del Gobierno central "se queda corto" porque los proyectos siguen centralizando los beneficios en grandes corporaciones en lugar de plantear una transición verdaderamente participativa. Sin embargo, reconoce que el texto da cobertura jurídica a una reclamación histórica del andalucismo político: "que los recursos naturales de nuestra tierra deben generar riqueza y un dividendo social directo para quienes la habitan, en lugar de drenar los beneficios hacia los balances de las multinacionales eléctricas".Tres exigencias concretas para cada licencia de obrasCon ese respaldo legal, Adelante Andalucía solicita formalmente al Ayuntamiento que obligue a cualquier empresa promotora de plantas fotovoltaicas, parques eólicos o sistemas de almacenamiento a presentar, junto a su solicitud de licencia, un Plan de Retorno Social y Compartición de Beneficios con la Comunidad Local que incluya tres medidas de obligado cumplimiento.La primera es una rebaja directa y sustancial de la factura eléctrica para los núcleos rurales y las pedanías jerezanas colindantes a las grandes instalaciones. La segunda es la oferta obligatoria de un porcentaje mínimo del 20% de participación financiera en cada proyecto para los propios vecinos, las pymes del sector agrícola local y el propio Consistorio. La tercera es el establecimiento de convenios económicos directos con las arcas municipales para financiar proyectos de digitalización rural, planes de empleo agrario y la conservación del patrimonio paisajístico del Marco de Jerez, con una cuantía proporcional a los megavatios de potencia instalada.La formación también muestra sus reservas ante las llamadas zonas de aceleración contempladas en la normativa para agilizar trámites, temiendo que sirvan como "vía libre para la masificación de parques eólicos y solares sin las garantías ambientales ni la protección adecuada del territorio". Con este registro de alegaciones, Adelante Andalucía insta al gobierno local a blindar definitivamente el territorio contra la especulación mediante un documento final que garantice, en sus propias palabras, "la soberanía del pueblo sobre sus recursos" y un futuro sostenible y digno para el medio rural de Jerez.