Consejo de Estado. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.El Consejo de Estado anuló la licencia ambiental concedida por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) al proyecto de Ecopetrol Magallanes, ubicado en Norte de Santander, a 270 metros del Resguardo Unido U’wa.La sentencia acogió la demanda de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que desde 2015 cuestionaba la licencia por haberse expedido sin agotar el procedimiento de consulta previa con la comunidad indígena.La sala plena encontró que la ANLA y Ecopetrol omitieron un criterio esencial al delimitar las áreas de influencia del proyecto: la ubicación del resguardo U’wa, cuyo lindero norte se extiende hasta la desembocadura del río Cubugón y la quebrada La China, los mismos cuerpos de agua que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) identificó como zonas de impacto directo del proyecto.Esa omisión llevó a que tanto la ANLA como Ecopetrol concluyeran, con base en certificaciones del Ministerio del Interior y del Incoder, que no existía presencia de comunidades indígenas en el área del proyecto y que, por lo tanto, no se requería consulta previa.Cabe mencionar que, el proyecto Magallanes autorizaba a Ecopetrol a construir vías de acceso, una plataforma para perforar hasta tres pozos exploratorios, un helipuerto y facilidades de producción en Samoré, Norte de Santander, además de realizar pruebas de extracción de hidrocarburos y ejecutar posteriormente labores de restauración ambiental.Ecopetrol. Imagen: Valora AnalitikSin embargo, el Consejo de Estado consideró que esas certificaciones resultaron “insuficientes”, pues la afectación directa sobre una comunidad indígena no se agota en el traslape físico con un resguardo formalmente delimitado, sino que abarca también los impactos sobre sus estructuras sociales, espirituales y culturales.“Durante el licenciamiento ambiental del proyecto, denominado Área de Perforación Exploratoria Magallanes (APE Magallanes), no se agotó esta etapa de diálogo con el grupo aborigen, lo que vició la legalidad del acto administrativo demandado”, se lee en el documento.Para el Consejo de Estado, esta omisión no fue un simple error técnico, sino que desconoció la relación espiritual, cultural y social que la comunidad mantiene con su territorio, lo que vulneró su derecho fundamental a la consulta previa y el deber de protección reforzada que el Estado debe garantizar a las comunidades indígenas.Ecopetrol solicitó que, de declararse la nulidad, esta fuera parcial, de manera que se mantuvieran vigentes las medidas de compensación ambiental ya implementadas.El Consejo de Estado rechazó esa solicitud al considerar que esas medidas tampoco fueron concertadas con la comunidad U’wa y, por tanto, carecen de legitimidad.