A la hora de hacer el balance de los tres años del gobierno de Gustavo Petro, la industria y el comercio están marcados por la incertidumbre y la falta de medidas de corto plazo que los impulse a invertir y fortalecerse. Esta percepción podría explicar por qué los avances en los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo hoy no resultan tangibles para estos sectores.(Lea: En cuánto tiempo estará listo el corredor férreo que reactiva el tren en Colombia).Esa es una de las conclusiones de expertos consultados por Portafolio, en relación con los avances reportados por el propio Ejecutivo. El documento oficial incluye nueve indicadores principales (ver gráfico anexo). El de mayor avance es el de las unidades productivas de la economía popular beneficiarias de instrumentos de inclusión financiera, que presentó un crecimiento de 870,90 % a diciembre de 2024.Sin embargo, otros indicadores reflejan un estancamiento. Es el caso del reporte sobre la variación anual de los ingresos de los micronegocios de la economía popular atendidos, que aparece sin avance alguno. Por otro lado, es destacable el fortalecimiento de los Centros de reindustrialización Zasca, con un progreso de 234,38 % a junio de 2025.(Vea: ‘Vuelve el tren a Colombia’: firman acta para inicio de obras de la primera app férrea). Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, señala que el aumento en las exportaciones no tradicionales y su mayor participación en el total exportado no necesariamente son una buena noticia.“El sector minero-energético ha evidenciado un franco deterioro, y al ser el principal sector exportador, su caída hace que la participación de otras exportaciones aumente, aunque no necesariamente porque hayan crecido sustancialmente”, explicó. “Entonces, no sabemos si el aumento se debe a que se está exportando más —lo cual probablemente es cierto— o si se debe a la caída de las exportaciones minero-energéticas, lo que obligaría a que la participación de las demás suba”, añadió.En su opinión, las causas del “balance agridulce” se relacionan principalmente con la incertidumbre macroeconómica generada por la política fiscal, así como por la inestabilidad de las reglas tributarias.“Esto no permite que el sector privado cuente con reglas de juego claras para emprender proyectos de inversión”, le dijo a Portafolio. Cree que tampoco contribuye a un mejor clima la escasa voluntad del Gobierno para trabajar de la mano con el sector privado, lo que impide generar sinergias que abran nuevas perspectivas de crecimiento.(Además: Los 7 logros alcanzados en mesa de diálogo entre transportadores de carga y el Gobierno). Agregó que, aunque el Gobierno -junto con el sector financiero- diseñó un plan para aumentar la inclusión financiera vía crédito, y los datos reflejan avances, el Ejecutivo insiste en que no ha funcionado, lo cual aumenta la desconfianza entre los actores económicos. Andrés Giraldo también cuestionó la falta de claridad sobre lo que el Gobierno denomina economía popular.“Se habla de invertir en ese sector, pero muchos no saben realmente qué significa. La pregunta es si ese impulso abarca el deseo de incentivar la formalización empresarial, ya que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas de la economía”, indicó.Comercio minorista.Archivo EL TIEMPOConsidera que en el último año de gobierno no se esperan grandes cambios, especialmente tras el reciente anuncio de una nueva reforma tributaria, que profundiza el ambiente de incertidumbre.Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó que en materia de industria y comercio, el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se ha enfocado en dos frentes: reindustrialización y productividad.Destacó el desarrollo de los territorios clúster, que han atraído inversiones. También resaltó los 39 zonas Zasca actualmente en operación, que incluyen proyectos no solo a nivel productivo, sino incluso en centros penitenciarios, para fortalecer habilidades productivas en sectores como agroindustria, confecciones, turismo y tecnología. “Este programa tiene impacto regional, pero a nivel nacional aún no se consolida plenamente”, dijo.En cuanto a protección industrial, Pardo subrayó que el Gobierno ha fijado aranceles a productos como el acero, lo cual ha sido un alivio para el sector. También se ha apoyado a más de 600 empresas en procesos de digitalización e innovación.Según la académica, este esfuerzo se alinea con los avances en exportación de servicios y con la estrategia de reindustrialización.En turismo, considera avances. “Hemos incrementado el número de visitantes al país. Fontur ha contado con uno de sus presupuestos más altos, lo que le ha permitido trabajar en más de 153 proyectos de inversión turística, lo cual es importante”, afirmó.Cree que los desafíos estructurales no son menores. Citó el encadenamiento productivo con valor agregado, el acceso al crédito, la infraestructura logística adecuada, y una política de desarrollo multiactor y de largo plazo.“Uno solo no puede. Debemos tener Estado, sector privado, academia y comunidades trabajando juntos. Es necesario que exista desarrollo regional equilibrado, estabilidad jurídica, confianza inversionista y, especialmente en el sector turístico, una apuesta por el talento humano”, concluyó.Con una mirada crítica, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, comentó que el del actual Gobierno es “un Plan de Desarrollo sin plan de desarrollo” y anotó que “solo se usa la palabra ‘comercio’ para referirse al ministerio que lleva ese nombre”, desconociendo de forma absoluta a un sector tan importante para la economía del país, como evidencia de una posición ideológica en contra de los comerciantes. Agregó que, como novedad, se incluyó el concepto de la economía popular, sin que fuera clara su definición, aunque en decisiones posteriores, como la reforma laboral, ha perjudicado a las Mipymes.Constanza Gómez GuascaRedacción Portafolio