El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, fue un histórico activista en favor de los derechos de los más desfavorecidos en zonas deprimidas de distintas ciudades. En Cádiz, en los años 70, cuando era religioso, su labor comenzó en el barrio del Cerro del Moro.Un conflicto enquistado en esa misma zona ha vuelto a ponerle en contacto directo, 50 años después, con los que fueron sus vecinos. Maeztu ha emitido una resolución formal en la que critica la actuación de la Junta de Andalucía en la séptima fase de rehabilitación de viviendas en esa barriada, actualmente en marcha.El defensor reprocha en su escrito público la "falta de transparencia" y las carencias en materia de diálogo de la Junta de Andalucía en el proceso de salida de sus viviendas de 67 familias.Jesús Maeztu en una entrevista en su pueblo natal, Medina Sidonia. REYNALa discrepancia radica en que la Junta comnina a todos los vecinos afectados a trasdarse a pisos nuevos en régimen de alquiler con derecho preferente a compra dentro de 50 años. Una parte de los residentes rechaza cualquier opción que no sea la compra directa para seguir como propietarios, como en la actualidad.Concretamente son 18 las familias que se niegan a dejar las casas para pasar a ser inquilinas preferentes en otra. Uno de sus portavoces asegura que han recibido "presiones" de la Junta para aceptar y reitera que las condiciones que les plantean, alquiler con opción a compra, les inspiran dudas legales y desconfianza financiera.Maeztu media en el conflicto y asegura que la falta de atención específica a las familias que se niegan a firmar "marca la diferencia entre una administración ética y una negligente" por lo que pide a la administración autonómica que arbitre soluciones alternativas que faciliten el realojo a los propietarios reticentes.Los afectados por este desacuerdo, la 18 de las 67 propiedades que no aceptan el alquiler, acusan a la Junta de negarles cualquier contacto y a su delegada provincia, Mercedes Colombo, de tratarles de forma autoritaria e irrespetuosa en los últimos encuentros.La oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía pone en duda la tasación de las viviendas antiguas y echa de menos un mayor rigor a la hora de detallar las condiciones del hipotético alquiler preferente, así como los derechos sucesorios esenciales para unas familias cuyos propietarios tienen una edad media muy elevada.Falta de mediaciónEl portavoz de los vecinos asegura que han pedido en vano la mediación del presidente Juanma Moreno Bonilla y del alcalde de Cádiz, Bruno García de León, sin que hasta ahora se haya producido. Maeztu, en el escrito oficial, recuerda el derecho de estas 18 familias "a ser oídas"."La administración ha garantizado el derecho a una vivienda digna", añade el pronunciamiento, "pero no ha considerado las condiciones económicas" de todas las familias o "la posibilidad de ofrecérselas en otras promociones existentes en la actualidad o a futuro".Maeztu considera que la Junta "ha garantizado el derecho a la vivienda digna" pero "no ha considerado las condiciones económicas" de todas las familiasPara cumplir con su papel de mediación, propone alternativas a la Junta de Andalucía y le pide que exponga con claridad a los afectados "los derechos y las obligaciones que les asisten una vez suscriban los contratos de alquiler en las nuevas viviendas".Igualmente solicita que les exponga con claridad "las medidas de minoración de rentas si el precio mensual supera la capacidad económica de los destinatarios y los derechos de subrogación de los familiares".Como cierre de la carta, Maeztu asegura que "en definitiva, se trata de poner en el centro de su atención a las personas, poniendo fin a una actuación que se ha cronificado en el tiempo".