La madre de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles asesinados el 8 de febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), tras ser embestidos por una narcolancha en pleno operativo, ha reclamado públicamente la reapertura del caso. En declaraciones a Cope, Paqui Gómez ha señalado directamente a los responsables de la cadena de mando, al afirmar que deben ser también juzgados porque “tuvieron tanta culpa como los propios narcos”.[articles:342893]La petición se produce después de que la Audiencia Nacional haya dictado una sentencia pionera, que obliga al Ministerio del Interior a indemnizar a la familia de un guardia civil asesinado en acto de servicio en Granada. Para Paqui Gómez, esta resolución refuerza la exigencia de justicia en casos como el de su hijo y su compañero David Pérez, fallecidos mientras cumplían con su deber en la costa gaditana.En esa misma intervención, la madre del agente no ha ahorrado críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al declarar que “qué lástima no lo tuviera a dos pasos de mí, porque este hombre no tiene vergüenza, porque es que se ha vendido”. A su juicio, existe una red de encubrimiento institucional: “Se están protegiendo unos a otros. Que se haga justicia por David y Miguel Ángel”.Una resolución judicial que podría marcar un antes y un despuésLa reciente sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ampara por primera vez el derecho de las familias de agentes asesinados a ser indemnizadas por el Estado cuando el agresor ha sido declarado insolvente. En este caso, los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018, cuando José Manuel Arcos, guardia civil destinado en La Zubia, murió tras enfrentarse a un individuo durante un control rutinario en Huétor Vega.[articles:337982]Según la resolución, el Ministerio del Interior deberá resarcir a la viuda e hijos del agente por los daños sufridos, al entender que el Estado tiene la obligación de proteger y respaldar a sus funcionarios cuando sufren consecuencias derivadas de actos ilícitos durante su labor. La sentencia establece un precedente que podría extenderse a otros casos similares, como el de los guardias civiles de Barbate.Este fallo llega tras lo que los allegados de las víctimas describen como una “larga y dolorosa batalla judicial”, y marca un punto de inflexión en la relación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Administración. En este contexto, familiares como Paqui Gómez insisten en que la justicia no puede limitarse a los autores materiales, sino que debe alcanzar también a quienes tomaron decisiones operativas que, en su opinión, comprometieron la seguridad de los agentes.