En poco más de tres semanas, la maquinaria judicial volverá a funcionar a pleno rendimiento. Lista para afrontar uno de los cursos más eléctricos que se recuerdan en los últimos años. Tras el mes de parón estival –agosto es inhábil–, las carpetas vip, aquellas que mantienen en vilo tanto al Gobierno como a la oposición, se reactivarán de nuevo en los tribunales. Y la actualidad judicial volverá a marcar la agenda política. El toma y daca en el Parlamento a costa de autos, providencias, declaraciones, informes policiales o juicios volverá a ocupar páginas de periódicos y minutos de tertulias radiofónicas y televisivas. El inicio oficial de la nueva temporada tendrá lugar el primer viernes de septiembre en el Tribunal Supremo. Allí se reunirá lo más granado de la judicatura para asistir a la tradicional apertura del año judicial. Acto solemne que presidirá el rey Felipe VI, al cual acompañarán la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un jefe del Ministerio Público que se encuentra en una posición extremadamente delicada. Si hace un año solo solo pendía sobre él una amenaza de investigación, ahora está formalmente procesado, algo inédito.El magistrado Ángel Hurtado puso a comienzos de junio punto y final a la investigación sobre la filtración del correo electrónico en el que el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconocía la comisión de delitos fiscales y ofrecía un acuerdo a la Fiscalía. Y lo hizo procesando a García Ortiz pese a no tener nada que le señale de manera contundente como el autor de la filtración, movimiento que a finales de julio avaló, aunque de manera dividida, la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal. Ahora, con este visto bueno, el instructor tiene el camino despejado para decretar la apertura de juicio oral.La vista oral se celebraría, previsiblemente, antes de que finalice el año. Y aún debe despejarse la incógnita de si García Ortiz llegará a la misma en el cargo. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular, ha pedido que el Supremo le suspenda provisionalmente cuando dicte auto de apertura de juicio. Tras escuchar a las partes, el instructor deberá decidir si acepta tal solicitud. Algo que ya rechazó hasta en dos ocasiones durante la investigación, alegando que esa suspensión no era algo que competiese al Alto Tribunal.La del fiscal general no es la única causa que trae de cabeza al Gobierno. También le persigue el caso Begoña y, sobre todo, el caso Cerdán. La primera investigación lleva más de un año desarrollándose de manera errática en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid. Y podrá continuar, al menos, hasta octubre, cuando cumple la última prórroga decretada por el juez Juan Carlos Peinado. Será entonces cuando el instructor, que acaba de preguntar a Moncloa si Begoña Gómez tiene un correo institucional, decida si alarga otro medio año las pesquisas más o si considera que tiene elementos suficientes como para procesar a la mujer del presidente.En cuanto al segundo, en el que se investiga una supuesta trama de concesión de contratos de obra pública a cambio de mordidas, los próximos meses pueden resultar clave. Aún están pendientes de estudio los expedientes administrativos relativos a las concesiones bajo sospecha. Y las investigaciones patrimoniales de los principales investigados todavía no han concluido. Como tampoco lo ha hecho el análisis de los dispositivos intervenidos a Koldo García, que contiene más de diez terabytes de información –unas "65 millones de páginas"– que pueden ser relevantes en la búsqueda de las supuestas comisiones repartidas por la trama.En el auto que avaló el ingreso en prisión del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, al que los investigadores atribuyen un "papel directivo" en la trama y que está a la espera de una pericial que determine si los audios de Koldo que sustentan en buena medida la acusación contra él están manipulados, los magistrados del Supremo reconocían que por el momento la investigación no había revelado ni la totalidad de empresas beneficiadas, ni "cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido". Por el momento, las pesquisas podrán alargarse hasta el próximo mes de marzo.El PP mantendrá, con total seguridad, todas esas causas como principal línea de ataque al Ejecutivo. Una ofensiva en la que, sin embargo, tendrá que hacer importantes equilibrios. Al fin y al cabo, la misma actualidad judicial que le da munición para su batalla contra el Gobierno es también uno de sus puntos débiles. Porque de aquí al próximo verano está prevista la celebración de varios juicios y el impulso de diferentes causas judiciales que salpican, de uno u otro modo, a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.Una de ellas es Gürtel. El caso de corrupción que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa encara, más de tres lustros después, su recta final. En noviembre, la Audiencia Nacional juzgará la llamada Pieza Principal, la última que queda pendiente y que se centra en la operativa de la trama corrupta, de la que se benefició el PP, para ocultar a la Hacienda Pública y blanquear los ingresos procedentes de las actividades ilícitas. En el banquillo se sentará la cúpula de la red, entre ellos el exsecretario del PP en Galicia Pablo Crespo y los abogados y asesores que levantaron la estrategia societaria.Un par de meses antes, en septiembre, está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio del caso Novo Carthago, que sentará en el banquillo a varios altos cargos del Gobierno del conservador Ramón Luis Valcárcel –entre ellos, dos consejeros del Ejecutivo autonómico– por las supuestas irregularidades cometidas en relación a un proyecto urbanístico consistente en levantar miles de viviendas, hoteles y hasta un campo de golf en terrenos protegidos junto al Mar Menor.Y algunos después, el próximo mes de mayo, arrancará en la Audiencia Nacional el juicio de Kitchen, la operación de espionaje político-policial orquestada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para hacerse con documentos comprometedores para el PP que pudiese tener el extesorero del partido Luis Bárcenas en plena investigación del caso Gürtel. En este caso, quienes se sentarán frente al tribunal serán el exministro, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y varios mandos policiales, entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo. La actuación de algunos de estos responsables está, al mismo tiempo, bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que indaga desde hace tiempo en la supuesta guerra sucia contra Podemos. Una investigación que continuará en los próximos meses. Como también lo hará la que se sigue en un juzgado de Catarroja por la nefasta gestión de la dana, pesquisas avaladas por la Audiencia de Valencia, o la que se sigue en Tarragona en relación al caso Montoro, en el que aún se tiene que tomar declaración a los investigados.Y, por supuesto, está previsto que continúe la causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Justo antes de jubilarse, la instructora dictó auto de procesamiento contra el empresario Alberto González Amador en la pieza principal, que es el origen de todo y en la que está acusado de fraude fiscal y falsedad documental. Y dio un nuevo impulso a la pieza secundaria, que está menos madura y que se centra en la compra por parte del novio de Ayuso de una sociedad sin valor aparente, por la que pagó medio millón, a la esposa de un directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario.La Fiscalía está convencida de que detrás de esto podría haber un soborno. Cree que es "muy alta la probabilidad" de que la adquisición por ese precio se hiciera "para retribuir un favor recibido", ya fuera por la intermediación de González Amador en una operación de compraventa en plena pandemia de material sanitario –por la que el empresario se embolsó dos millones– o por "el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención", su principal cliente. Un asunto que la jueza pidió en junio que investigara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Sobre el Tribunal Constitucional, que en diciembre deberá afrontar la renovación de un tercio de sus magistrados, estarán también puestos todos los ojos en este nuevo curso. Antes del parón estival, la corte de garantías dio el visto bueno a la ley de amnistía. Pero aquella sentencia no entró en la aplicación de la norma en torno a la malversación, un delito que aún persigue al expresident Carles Puigdemont y a los líderes independentistas dado que el Tribunal Supremo sostiene que los hechos que se les imputa en relación al uso de los fondos públicos para el referéndum quedarían fuera del ámbito de aplicación de la amnistía.Al Constitucional le queda, por tanto, despejar esa incógnita. Algo que hará a finales de este año, cuando está previsto que entre a analizar los recursos de amparo planteados por algunos de los dirigentes soberanistas, entre los que se encuentra el del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o los de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Para entonces, algunas voces de la corte esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se haya pronunciado sobre la amnistía a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, a la que luego siguieron otras tantas.Algo antes, en septiembre, el órgano deberá decidir si admite a trámite el recurso de Puigdemont, que visto lo sucedido con el resto tiene visos de superar ese primer filtro. Y, sobre todo, algo que no está ya tan claro: si acepta o no la medida cautelarísima planteada por el expresident. En concreto, la suspensión de la orden de detención que pesa sobre él y que le impide regresar sin riesgo a ser detenido a España.