El proyecto eólico El Arrebol, previsto en el Valle de la Luz (Tarifa), ha desatado una fuerte contestación ciudadana y ecologista tras recibir el visto bueno de la administración pública. Diversos colectivos denuncian que su tramitación viola el principio de precaución y afecta de forma crítica a una de las zonas de mayor valor ecológico del sur de Europa.Desde Verdes de Europa-Tarifa, formación política sin representación municipal, se advierte que este tipo de iniciativas “vulneran el derecho a una buena administración”, recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 103 de la Constitución Española, que exige a las administraciones actuar con objetividad, eficacia y sometimiento pleno a la ley y al interés general.Denuncian la falta de rigor técnico y ecológicoEl colectivo Agaden critica que, aunque sobre el papel se reconozcan los impactos severos, los informes finales suelen ser favorables. “A pesar de pasmar en papel lo severo de los impactos, generalmente finalizan otorgando una valoración global positiva del impacto de un proyecto”, sostienen.Por su parte, el Colectivo Cigüeña Negra desmonta con cifras lo que consideran una grave amenaza a la fauna. Según sus cálculos, cada uno de los cinco aerogeneradores previstos ocuparía 2.663.802 m² de cielo, lo que supone un total de más de 13 millones de metros cuadrados en una ruta clave de migración de aves entre Europa y África. Aseguran que este volumen aéreo atravesado por especies prioritarias pone en riesgo el estatus de conservación de espacios protegidos como Alcornocales, El Estrecho y el Paraje Natural de los Lances.Acusan opacidad y falta de responsabilidad institucionalDesde Somos Tarifa, apuntan a la falta de transparencia sobre los efectos ya conocidos: “Existe una falta de publicación activa sobre la mortandad de aves, y la administración no puede permitir este tipo de proyectos que no tienen como objetivo la salud humana y la seguridad pública”.Aseguran que estas infraestructuras no deben autorizarse en zonas incluidas en la Red Natura 2000, creadas precisamente para proteger la biodiversidad. Recuerdan que los parques colindantes fueron declarados como tales con fines de conservación y no pueden verse comprometidos por intereses económicos.Verdes de Europa-Tarifa insiste en que el problema va más allá del impacto ambiental. Cuestionan que estos desarrollos se sostengan en el esfuerzo voluntario “por el mero hecho de obtener rédito económico en contra del interés general”, y exigen que la administración frene lo que consideran un abuso de poder.Rosmarie Hennecke, portavoz del partido, espera que “la administración comience a tener personas conscientes para con el medio ambiente y los derechos ciudadanos e impidan el abuso de poder que se está ejercitando”. Subraya que la movilización social no cesará mientras no se respete la protección ambiental de Tarifa y su entorno natural único.