Procuraduría General de la Nación. Foto: Valora AnalitikLa Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias (2020), y a Jorge Enrique Liévano Ospina, gerente general de Metroparques, investigados por ampliar sin justificación un contrato que tenía como objeto la conservación de jardines de la ciudad.La entidad explica que, inicialmente, “el contrato, suscrito por $5.226 millones, fue firmado por tres meses desde el 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021, pero fue extendido hasta el 10 de junio del 2021 aduciendo que la ampliación del plazo se debió a las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para combatir los efectos del Covid-19”.Sin embargo, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento concluyó que las condiciones en las que se modificó el contrato, que llevaron a prorrogar el plazo, “desconocieron los principios de la función administrativa como el de economía y el de eficacia”.Asimismo, el ente de control advirtió que la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante.En ese sentido, el Ministerio Público calificó la conducta de los implicados como “falta gravísima cometida con culpa gravísima”.Otros exfuncionarios de Daniel Quintero sancionadosCabe destacar que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, fue imputado por el Juzgado 50 de Garantías de Medellín el pasado mes de abril por los delitos de presunto peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Todo esto relacionado con el caso de Aguas Vivas, en donde se encontraron méritos para seguir adelante con la investigación. Junto a Quintero, también investigan a 10 exfuncionarios.Adicionalmente, Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, fue sancionado en mayo por su participación en un caso relacionado con presuntas presiones a funcionarios públicos para apoyar financieramente el proyecto político del movimiento Independientes.Frente a esa situación, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento encontró a Ramírez responsable de utilizar su cargo para pedir a funcionarios de la Secretaría a realizar donaciones económicas con fines políticos.