El Ayuntamiento de Sanlúcar ha mostrado su malestar tras conocer el traslado a Almonte del Desafío Doñana, una prueba deportiva que tradicionalmente se ha celebrado en esta localidad gaditana desde su primera edición. La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía, a la que acusa de actuar de forma unilateral y sin haber consultado previamente al Consistorio.Álvarez ha calificado el cambio de ubicación como una medida "sorprendente" que, en su opinión, no responde a razones técnicas ni a deficiencias en la gestión municipal, sino que se enmarca en una estrategia de carácter "político electoralista". La regidora ha asegurado que Sanlúcar estaba en condiciones de acoger el evento como en años anteriores.Según ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento no recibió ningún tipo de comunicación ni invitación por parte del Gobierno andaluz para planificar la edición de este año. Mientras tanto, desde la Junta se afirma que se realizaron "las averiguaciones oportunas" en materia de seguridad, algo que el equipo de Gobierno local pone en duda."No sabemos dónde o con quién han hecho esas averiguaciones", ha señalado Álvarez, quien considera que el procedimiento seguido por la Junta ha perjudicado directamente a la ciudad y a su ciudadanía. "Lo que está claro es que esas averiguaciones dañan a Sanlúcar y a sus vecinos y vecinas", ha remarcado.Álvarez ha insistido en que habría agradecido una consulta previa antes de tomar la decisión. "Han preferido hacer política con este tema", ha afirmado. También ha lamentado que, pese a no tener ninguna responsabilidad en el traslado de la prueba, su Gobierno esté recibiendo críticas que considera infundadas.Una supuesta falta de seguridadUno de los argumentos esgrimidos por la Junta es la supuesta falta de seguridad en el municipio para acoger la prueba. No obstante, el Ayuntamiento sostiene que esa justificación no se sostiene, recordando que la Policía Local presta servicios extraordinarios en coordinación con la administración municipal en eventos como la Semana Santa, la Feria o el Rocío.En este sentido, Álvarez ha cifrado en 130.000 euros los pagos realizados por el Consistorio en concepto de servicios de seguridad durante la Semana Santa, 140.000 euros en la Feria y entre 30.000 y 40.000 euros en el Rocío. Para la alcaldesa, estos datos refuerzan la idea de que "el problema es que aquí todo el mundo está haciendo política en clave electoralista".Desde la oposición, el Partido Popular de Sanlúcar ha exigido explicaciones a la alcaldesa tras la decisión de trasladar la prueba a otro municipio. Los populares han reclamado que se depuren responsabilidades políticas si fuera necesario y han criticado la gestión del equipo de Gobierno de Izquierda Unida. "Sanlúcar no puede ser la gran perdedora y sufridora de un equipo de gobierno que no está preparado ni sabe gestionar", han asegurado.