Cuenta un alto funcionario de la Administración que, en tiempos de Rajoy, se encontraba a un viejo conocido de la CEOE en el pasillo de una dirección general clave en los procesos regulatorios. “¿Qué haces aquí?”, le decía el primero. “¡Si esta es mi segunda casa!”, respondía, irónico, el segundo. El caso del exministro Montoro no debería alarmarnos, sino servirnos de fotografía pornográfica para asumir de una vez por todas la intermitente captura del Estado como política de clase. En el año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decretó una feroz austeridad. El ministro Luis De Guindos, el gran agente del banco de inversiones Lehman Brothers en España, impulsó una reforma laboral que vendió en Bruselas como “ambiciosa”. El titular de Hacienda, el exministro de Aznar Cristóbal Montoro, subió IRPF e IVA y recortó los presupuestos sanitarios y educativos para atornillar las cuentas públicas. Había que salvar España, y, al mismo tiempo, amnistiar a los defraudadores más o menos confesos. Su mano derecha, el secretario de Estado y presidente de la Agencia Tributaria, el inspector de Hacienda Miguel Ferre, había trabajado en la auditora PriceWaterHouseCoopers, precisamente en el periodo en que esta corporación había ayudado a otras a situar sus cuentas en Luxemburgo. Allí había coincidido precisamente con el ubicuo De Guindos. Los tiburones fiscales parecían haber quedado a cargo de los contribuyentes. Montoro no quiso dejarse a nadie fuera: cuando arreció el caso contra la infanta Cristina de Borbón, colocó a Santiago Menéndez, hermano de un preceptor del rey, como director de la Agencia Tributaria; y a Pilar Valiente, una de las grandes implicadas en el caso Gescartera, en la Oficina Antifraude. Al frente del equipo de la austeridad intensiva estaba también otra inspectora fiscal, Pilar Platero, que después pasaría a presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tanto Ferre como Platero han sido imputados, junto con el exministro y otras 25 personas, por trabajar en connivencia con Equipo Económico, una asesoría dedicada a la optimización fiscal que habría cobrado importantes cantidades de una serie de corporaciones interesadas en que las regulaciones estatales les afectasen lo mínimo posible. Pero, una vez vistos los datos, parece difícil saber dónde estaba el equipo económico: si en el sector privado o en el público. La red de Equipo Económico es un mapa transversal del poder conservador y de sus frecuentes conflictos de interés. Fue fundada en 2006 como Montoro y asociados asesores. El nombre sugiere la voluntad de aprovechar la inercia del último Gobierno de Aznar, en el que el inflado de la burbuja inmobiliaria fue confundido con un supuesto milagro que posteriormente se tornaría en masacre. Todos sus protagonistas pasaron a la gloria. Entre ellos, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional con el apoyo en 2004 del entonces nuevo jefe del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Para dicha empresa, Montoro contó con buena parte de los asesores del milagro: exsecretarios de Estado como José Manuel Fernández Norniella o el futuro ministro De Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo. Con el exdirector de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, con uno de sus principales asesores, Manuel Vicente Tutor, y con el expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas –que dedica numerosos estudios a analizar las actitudes fiscales de los españoles– Ricardo Montoro, su hermano. El máximo responsable de la política fiscal parecía haberse llevado las tripas del ministerio a su casa. La puerta giratoria tendría mucho más recorrido: para algo habían fundado el despacho. Montoro volvería en 2008 a la política y, en diciembre de 2011, sería nombrado, de nuevo, titular de Hacienda. Para ello abandonó la empresa que llevaba su nombre. Esta pasó a llamarse Equipo Económico y el exsecretario de Estado de Presupuestos y asesor de la cámara de comercio estadounidense, Ricardo Martínez Rico, a ser uno de sus principales directivos. Tras jurar el cargo como ministro de finanzas en 2011, Montoro reclutó al hermano de Ricardo, Felipe, para dirigir su gabinete, y a Pilar Platero (consejera de Equipo Económico) como subsecretaria, es decir, como coordinadora del ministerio. El diario ABC publicó entonces las gestiones del mayor de los Martínez Rico para que las grandes empresas del Ibex-35 contratasen a Equipo Económico en vista de las reformas legales pendientes en manos de un Gobierno que iba a gestionar la economía con mayoría absoluta. Las pesquisas del juzgado de Tarragona –que han sido en repetidas ocasiones obstaculizadas por el fiscal Alejandro Luzón, el mismo que envió a prisión preventiva al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán– arrojan resultados que confirman lo que llevaba años publicándose: que la formación de una red que aprovecha los contactos en la Administración exprimió los recursos públicos y sus relaciones con el Gobierno conservador para favorecer a determinadas entidades. Empresas gasísticas y otras de energías renovables, juego online y constructoras vieron conveniente contratar a Equipo Económico para obtener beneficios fiscales y protección de la competencia. Abengoa, una de las presuntas beneficiadas, contaba en su consejo de Administración con Ricardo Martínez Rico; Solaria, otra de las que recurrió a Equipo Económico, había reclutado a Manuel de Vicente Tutor como consejero; Codere, a quien Bloomberg señaló como cliente predilecto de la consultora para lograr regulaciones favorables, había contado hasta 2011 con Rafael Catalá Polo, que sería ministro de Justicia y notario mayor del Reino en el año 2014, y que, según algunos medios, habría abierto las puertas de esta patronal del juego a Equipo Económico. No parece tampoco una casualidad que Antonio Beteta, también secretario de Estado del último Montoro, hubiera sido responsable de Madrid Network, la empresa de titularidad autonómica que contrató con Equipo Económico; o que Red Eléctrica, entonces presidida por el exsecretario de Estado José Folgado –otro colega de Montoro en Hacienda y en la Universidad Autónoma de Madrid– también la contratara, como lo había hecho el Ayuntamiento de Tres Cantos bajo su mandato. Red Eléctrica tenía ya por entonces al Estado como mayor accionista; la presidenta de la SEPI era entonces Pilar Platero. La investigación del juzgado tarraconense, que parece haber batido el récord de tiempo en secreto de sumario, va a continuar arrojando resultados. Pero los árboles no deberían impedirnos ver el bosque: el papel de unos altos funcionarios que, a cambio de suculentas comisiones más y menos regulares, pusieron las instituciones del Estado en manos de intereses privados, mostrando una red clientelar que supera cualquier separación de poderes. Este, y no otro, es uno de los principales problemas de la crisis de Estado que en el ecuador de este verano espera nuevos capítulos.