Solo hicieron falta dos meses para que el Ministerio de Hacienda cambiara de postura. Si la rebaja de impuestos que reclamaban las gasísticas imputadas en el caso Montoro suponía en abril de 2014 “un considerable y costoso esfuerzo tanto administrativo como de control para la Agencia Estatal de Administración Tributaria” para el ministerio, en junio ya era más que viable. En ese corto espacio de tiempo, según el juez que investiga la supuesta trama, fue decisiva la mediación de Equipo Económico, un despacho de asesoría fundado por el exministro Cristóbal Montoro y miembros de su primera cúpula ministerial bajo el Gobierno de Aznar. La rebaja fiscal que exigían las empresas involucradas —una reducción del 85% en la base liquidable del Impuesto sobre la Electricidad— implicó una pérdida recaudatoria de 59 millones de euros para Hacienda en 2015, el primer año en que se aplicó.Seguir leyendo