El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha anunciado hace pocos días la propuesta de un severo plan de ajuste en los gastos del Estado para abordar la que se define como "insostenible" situación de la deuda pública, que en nuestro país vecino alcanza el 113% del PIB, el tercero más alto de la UE tras Grecia e Italia, y por encima del casi 103% de España. La norma tiene aún recorrido antes de su aplicación, ya que debe ser aprobada por el parlamento francés, lo que no está para nada garantizado.El plan propone la congelación de las pensiones, la reducción de empleados públicos, e incluso el aumento de los días laborales en Francia, para una estimación de ahorro de más de 40.000 millones de euros. De estos recortes, se salva el gasto en Defensa. Se pretende frenar, como decimos, el crecimiento de una deuda que alcanza los 3,3 billones de euros, impulsada más por los imparables intereses que se tienen que afrontar que por el aumento del gasto propiamente dicho. En 2029, la partida de intereses de la deuda francesa ascendería a 100.000 millones de euros, convirtiéndose en el capítulo de más volumen en el presupuesto. El mismo concepto en España se estima que alcanzará los 56.000 millones de euros en ese ejercicio.Nuestro país está, al igual que Francia, inevitablemente abocado a atender esta situación, y hacerlo salvaguardando tres de los pilares definitorios de nuestro modelo de país, que se encuadran dentro del sistema de protección social: el sistema público de salud, la atención a la dependencia y las pensiones públicas (Seguridad Social). Para hacerlo, serían tiempos de letras mayúsculas, pero, por el contrario, vivimos el ruido insoportable de una política cada vez más polarizada de manera espuria y desafecta a los ciudadanos y las ciudadanas de buena fe."El gasto social en España alcanzará los 270.000 millones de euros"Un ejemplo de inoportunidad es cómo se están abordando los debates sobre el modelo de financiación autonómica y sobre el modelo de gestión de las pensiones. En lugar de hacer planteamientos de fondo y largo recorrido, que atiendan al interés general, se abren desde la perspectiva de intereses coyunturales de parte, ignorando su profundo calado constitucional porque, de nuevo, son definitorios de un modelo de país.Incluir este imprescindible análisis en su contexto macroeconómico no es necesariamente incorrecto. Al contrario, el debate sobre la deuda es siempre oportuno, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia del equilibrio financiero y presupuestario, y sus consecuencias de futuro, y máxime cuando vivimos momentos de incertidumbre, pese a los relativamente buenos datos económicos actuales en España, que al menos han permitido frenar el crecimiento de la deuda en términos porcentuales del PIB, mientras crece el empleo. Pero hablar de “recortes” de los sistemas de protección social conlleva considerar también el coste de oportunidad sobre a dónde se deriva (y se debe derivar) el gasto público. Y aquí la cuestión se va a plantear en términos seguramente más interesados. [articles:333387]En 2025, el gasto social en España alcanzará los 270.000 millones de euros, es decir, casi el 50% del gasto público en nuestro país. Las pensiones son la principal componente, con 190.000 millones de euros, seguido por la sanidad pública (80.000 millones de euros), la educación pública (60.000 millones de euros) y la dependencia (10.000 millones de euros). En términos porcentuales, son las cantidades habituales en nuestros países de referencia europeos, cuyo modelo social aspiramos a mantener.Buscando la sostenibilidad financiera tocará hablar de sanidad, y de las reformas imprescindibles para adecuarla a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. También tocará hablar de dependencia, y de los problemas que tiene el que se pretende que sea uno de los pilares consolidados de protección pero que no termina de dar respuestas adecuadas a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el que seguramente requiere una reflexión más urgente es el que afecta a la sostenibilidad de las pensiones, del sistema de Seguridad Social, que suponen hoy el 70% del gasto social y un 12% del PIB en nuestro país. La llegada masiva a la edad pensionable de los nacidos en la década de 1960 (el llamado baby boom) hace esperable un muy notable crecimiento de estos valores.[articles:337588]La denominada 'nómina de pensiones' alcanza la cifra mensual actualmente de 13.500 millones de euros (datos de junio de 2025 y referido a la totalidad de pensiones del sistema). Como decíamos, la pregunta es evidente: ¿Un sistema así es sostenible?La interrogación correcta no es si nos lo podemos "permitir", que ya en su formulación suena interesada. Al menos, no es sólo si es "sostenible". Las cuestiones correctas son si es necesario, si es adecuado, cuáles son las alternativas, si las hay, y cuáles son los fundamentos que deberíamos cuidar para que nuestro sistema de protección social, además de sostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, sea, sobre todo, socialmente aceptado. En esto, no hay que olvidar, el principio elemental de solidaridad, común a los tres pilares del sistema y, en particular, la solidaridad intergeneracional, especialmente significativa en las pensiones.Es conveniente acudir a primeros principios, que nos permitan recordar el porqué de las cosas.[articles:336667]El gasto en pensiones es necesario porque es la forma de protección más adecuada para nuestro modelo social. Garantiza la atención ante situaciones de necesidad aportando no solo una prestación mínima o básica en caso de ausencia de rentas, sino asegurando (a nivel contributivo) una renta de sustitución por la pérdida de ingresos derivado de las contingencias protegidas. Es cierto que, en nuestro país, el denominado porcentaje de cobertura de la pensión de jubilación es de los más altos respecto del salario dejado de percibir, pero también hay que tener en consideración algunas debilidades evidentes. Por ejemplo, no funcionan los sistemas complementarios que podrían darse a nivel de empresa, entre otras razones por el menor tamaño de éstas en nuestro sector productivo. Además, no hay capacidad real de ahorro por parte de la inmensa mayoría de la población y tampoco son un buen sustitutivo, por su escasa rentabilidad, los planes de pensiones. Es adecuado porque no hay alternativas reales. Los sistemas comparados –incluso a nivel nacional, como está ocurriendo con las protestas de los abogados respecto de las pensiones que ofrece finalmente su mutualidad – no aportan rentas de sustitución lo suficientemente dignas. Pero también es adecuado porque beneficia la competitividad de las empresas que, aunque han de asumir el gasto en materia de cotizaciones (compartidas con los trabajadores en su caso) no tienen que acudir a modelos de aseguramiento privados que son más onerosos. Y debemos trabajar para que sea socialmente aceptado. Si la sociedad quiere un buen sistema de protección social, es obligación del Estado (no sólo de la clase política) trabajar para proporcionárselo de manera realista y sostenible. Ello obliga a cuidar algunos fundamentos básicos, que van más allá de las cuentas públicas. El sistema de Seguridad Social descansa, como antes decíamos, en la solidaridad intergeneracional. Las aportaciones al sistema del presente son para sufragar el gasto actual, como es lo normal en un modelo de reparto, que es el que tenemos. Si no ofrecemos a los jóvenes una cobertura adecuada, y no se sienten identificados con un modelo social que aparentemente sólo beneficia a los más mayores, difícilmente pervivirá el sistema.Hay tarea, y no menor. El que haya que atender la contingencia de la coyuntura, no exime de la responsabilidad de abordar lo necesario a largo plazo. Es más, lo primero no debería imposibilitar lo segundo.