Panorama fiscal y vigencias futuras: riesgos para cumplir con obras de infraestructura

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Ante un entorno de creciente incertidumbre fiscal, aumentan también las dudas sobre si el Gobierno podría cumplir al pie de la letra con los compromisos adquiridos mediante vigencias futuras, particularmente en el sector de infraestructura.En un estudio, elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, se evidencian algunos de los riesgos que podría mermar la capacidad de financiamiento de obras con compromisos adquiridos con anterioridad.El informe llamado ‘Vigencias futuras: Compromisos estratégicos en tiempos inciertos’, detalla cómo la capacidad del Gobierno para cumplir con sus encargos depende, en buena parte, de la sostenibilidad de su trayectoria fiscal.Para la entidad, esto incluye tanto la deuda pública como el déficit primario y el acceso a financiamiento en condiciones favorables.“Si bien Colombia conserva el acceso a los mercados internacionales, la creciente deuda y el desbalance fiscal proyectado reducen los márgenes de maniobra. De no corregirse estas tendencias, el país podría enfrentar primas de riesgo más altas y una menor disponibilidad de recursos para honrar pagos futuros asociados a APP y concesiones”, menciona el estudio.Lo preocupante es que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 confirmó un deterioro estructural más severo de lo anticipado.El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzaría −7,1 % del PIB y la deuda pública podría superar el 67 % en los próximos años. Esta trayectoria contrasta con países como Chile, Perú o México, que han estabilizado sus indicadores fiscales.Este rezago, dice el informe, reduce el margen de acción, eleva el costo del financiamiento y tensiona la capacidad del Estado para cumplir compromisos previamente adquiridos, como las vigencias futuras (VF), fundamentales para garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura.Para los expertos encargados de la elaboración del informe, el cumplimiento de los compromisos adquiridos depende en gran medida de la asignación presupuestal y la ejecución efectiva del gasto por parte de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que concentra buena parte de los compromisos en vigencias futuras.Estos recursos están comprometidos en proyectos 4G y 5G bajo esquemas de Asociación Público-Privada (Ley 1508 de 2012), los cuales exigen continuidad institucional y disciplina fiscal para mantener su ejecución.En ese sentido, las decisiones del Ejecutivo en materia de priorización del gasto, reglas de caja y capacidad operativa en el Ministerio de Hacienda resultan claves para preservar la senda de pagos acordada.Sin embargo, bajo un entorno incierto, la acumulación de vigencias futuras sin un respaldo claro en ingresos estructurales o caja disponible podría generar tensiones en la cadena de pagos, mayores primas de riesgo y demoras en la ejecución de proyectos estratégicos.“Preservar su cumplimiento debe ser una prioridad explícita de la política fiscal, no solo para evitar afectaciones reputacionales, sino para garantizar la continuidad de la inversión pública como motor de crecimiento”, dice el estudio de la dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.Recortar el gasto es una necesidad que no da espera, según los expertos.Imagen de ChatGPTDe acuerdo con el informe, los mayores riesgos para el incumplimiento de las obras están relacionados con el déficit estructural, un menor recaudo y la presión sobre compromisos ante los cronogramas de ejecución.Según Bancolombia, la trayectoria fiscal actual está marcada por una combinación de menor recaudo, mayor gasto y decisiones aplazadas de ajuste.“El Gobierno ha reducido su meta de ingresos en el MFMP 2025, reconociendo que los niveles observados en lo corrido del año no alcanzan lo proyectado inicialmente. Al mismo tiempo, el gasto ha aumentado, impulsado por rezagos presupuestales de 2024 y mayores compromisos derivados del aumento del salario mínimo”, destaca el informe.Otro gran riesgo es la caja limitada y la deuda al alza. Las alertas fiscales no solo provienen del déficit o del ritmo de endeudamiento, sino también de la trayectoria de la deuda pública bajo distintos escenarios.“En el pesimista, que no resulta improbable si no se adoptan correctivos, la deuda podría acercarse al 90% del PIB hacia 2029, un nivel comparable al de crisis fiscales y episodios de default en economías emergentes. Incluso en el escenario base, se mantendría por encima del 70% del PIB durante todo el horizonte de proyección, lejos del ancla de sostenibilidad fijada por la regla fiscal desde 2020 (55%). Este deterioro debe analizarse junto con la posición de caja del Gobierno Central, que ha caído a niveles históricamente bajos. Las disponibilidades de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DTN) en el Banco de la República durante 2025 se han mantenido muy por debajo del rango habitual e incluso del promedio 2015-2022. En julio, la caja disponible fue de apenas 7,4 billones de pesos, el registro más bajo en años, lo que reduce el margen para atender compromisos sin recurrir a deuda de corto plazo o recortes de gasto”, dice el informe.El estudio señala que en este contexto, las restricciones de liquidez se convierten en un riesgo operativo directo para el cumplimiento de las vigencias futuras, en especial las que financian proyectos de infraestructura.“Cuando la caja se estrecha y la programación presupuestal pierde certidumbre, se ve comprometida la capacidad del Estado para honrar sus compromisos en los plazos pactados, enviando señales negativas a financiadores y contratistas, poniendo en riesgo la continuidad de obras estratégicas”, sostiene Bancolombia.De acuerdo con el informe, el uso de vigencias futuras en el escenario actual exige una estrategia fiscal que garantice su sostenibilidad.“Blindarlas implica asegurar que las decisiones de gasto de hoy no comprometan la solvencia institucional del Estado mañana. Más que un instrumento presupuestal, representan un compromiso de ejecución a futuro que debe estar respaldado por disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica”, concluye la investigación.PORTAFOLIO