Tienda de Almacenes Flamingo. Foto: sitio web de Flamingo. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer que abrió una nueva investigación a una empresa en el país. Esta vez, se trata de Almacenes Flamingo, la tradicional cadena de tiendas que nació en Medellín.Según indicó la SIC, su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó varios requerimientos de información relacionados con el servicio de ventas con financiación, la información suministrada a los consumidores en la etapa previa de la compra y los cobros efectuados.La entidad identificó que la compañía habría incurrido en las algunas vulneraciones a los derechos de las y los consumidores, como es el caso de haber cobrado intereses por encima del límite legal.“Después de revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, dice un comunicado de la entidad.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Foto: SICOtros hechos que investiga la SIC en FlamingoEl otro punto que hace parte de la investigación tiene relación con no haber entregado información mínima obligatoria en los contratos de crédito.“Al estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios, mediante sistemas de financiación celebrados en enero y noviembre de 2024, la Dirección de Investigaciones encontró que en estos contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de las y los consumidores”, dice el comunicado.En especial, se refirió a la información relacionada con la descripción detallada del bien adquirido, como son las tasas de interés (remuneratoria y moratoria) expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato.Añadió la entidad que las acciones y omisiones que habría cometido Almacenes Flamingo habrían generado que los consumidores pagaran más de lo debido y no contaran con elementos suficientes para la toma de decisiones al momento de la adquisición de los bienes financiados.Como parte del desarrollo de las investigaciones se explicó que, de comprobarse los hechos, la SIC podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos (más de $2.000 millones), cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer al público determinados productos, entre otras sanciones.