Mañueco y Rueda se limitarán a hablar ante sus parlamentos mientras Feijóo y los suyos tratan de enfocar toda la responsabiidad en el Gobierno central forzando las comparecencias urgentes de varios ministros en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y pueden controlarlo todoLa mayoría del Congreso critica la gestión de los incendios del PP y enfría el pacto de Estado propuesto por Sánchez La dirección del Partido Popular quiere evitar a toda costa que se investigue la gestión de sus presidentes autonómicos ante la ola de incendios que ha afectado principalmente a las comunidades gestionadas por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo y que ya ha sido criticada por el resto del arco parlamentario. A pesar de que durante la crisis que ha quemado 400.000 hectáreas por todo el país ha quedado constatada la falta de medios y de coordinación de esos gobiernos autonómicos, que tienen las competencias exclusivas en materia de prevención y extinción de los fuegos, el PP ha rechazado ya la posibilidad de poner en marcha comisiones de investigación al respecto tanto en los parlamentos regionales como en el Congreso. Pese a los intentos de la oposición en los territorios donde gobiernan, los principales barones y sus subordinados responsables de los incendios no tendrán, por tanto, que someterse al escrutinio del resto de partidos en sus cámaras autonómicas. Las comisiones de investigación son formatos delicados: los comparecientes tienen obligación de decir la verdad ante el riesgo de encajar penas de cárcel si no lo hacen, tal y como establece el Código Penal. El presidente castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco y el gallego Alfonso Rueda se limitarán a comparecer ante los plenos de sus parlamentos, donde pueden controlar los tiempos de intervención propios y de la oposición, y evitar responder a las preguntas comprometedoras. Mientras niegan las comisiones de investigación en las autonomías donde gobiernan, Feijóo y los suyos tratan de endosar toda la responsabilidad al Gobierno central, por lo que ya han forzado comparecencias urgentes de varios ministros en el Senado, a cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta y puede controlarlo todo, desde quién es llamado a intervenir, por cuánto tiempo y qué conclusiones se obtienen de lo que diga. Los populares no tienen previsto llamar a la Cámara Alta a ningún presidente autonómico. El martes compareció la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reprochó precisamente a las comunidades del PP que multiplicaran las peticiones de medios estatales después de que el propio Feijóo asegurara públicamente que debía intervenir el Ejército y que el Gobierno llegaba “tarde”, obviando las competencias de sus comunidades autónomas y tras haber sido presidente de una de ellas, Galicia, durante 13 años. El miércoles intervino la vicepresidenta Sara Aagesen, en términos similares, y este jueves y viernes lo harán el ministro del Interior y el de Agricultura. Las prisas que los populares meten a los miembros del Gobierno contrastan con los tiempos que fijan para los dirigentes de su partido. Habrá que esperar aún dos semanas para escuchar a Alfonso Rueda, presidente de Galicia, una de las comunidades más afectadas por los incendios, que han quemado allí más de 95.000 hectáreas solo en lo que va de verano. La previsión del mandatario gallego es comparecer el martes 9 en el pleno que albergará el Pazo do Hórreo. “En la línea de transparencia, presencia y de liderar la respuesta a la crisis desde el primer minuto, el presidente de la Xunta comparecerá a petición propia en el Parlamento para hablar de prevención y extinción de incendios, de la respuesta, de las ayudas y de las medidas futuras”, explicaron el martes desde la Xunta. Tanto el BNG como el PSdeG habían solicitado esas explicaciones en la Cámara, pero el PP gallego no ha aceptado la petición de los nacionalistas, que habían anunciado además que reclamarían la creación de una comisión de investigación tras acusar a Rueda de encabezar “la peor gestión de la historia”. Entre las explicaciones que deberá ofrecer Rueda tendrán que incluirse las referidas al extraño movimiento que realizó su gobierno el pasado 19 de agosto, durante una de las jornadas más aciagas en la lucha contra el fuego, cuando la Xunta de Galicia retiró a varios bomberos de las cuatro provincias de la comunidad –y luego los volvió a movilizar, una vez saltó el escándalo– mientras su presidente seguía pidiendo más medios al Gobierno y lanzando críticas veladas al Ejecutivo de Sánchez. También deberá explicar por qué la Xunta pidió al Gobierno 30 motobombas mientras mantenía inoperativas las suyas por falta de personal. Mañueco comparece este viernes Antes, este viernes, será Alfonso Fernández Mañueco el que intervenga ante las Cortes de Castilla y León, una comunidad donde se han quemado 166.000 hectáreas y que mantiene aún vivos algunos de los fuegos. Su comparecencia fue acordada el viernes por la Diputación Permanente, con los votos favorables de PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto y la abstención del PP. Mañueco abordará las condiciones en que han trabajado los integrantes del operativo, las circunstancias en que murieron al menos tres personas en León y las condiciones en que han sido desalojados miles de vecinos. La pasada semana elDiario.es desveló que la Junta de Mañueco esperó hasta el noveno día de la ola de incendios que se inició el 7 de agosto, cuando ya se habían quemado miles de hectáreas en la comunidad, para llamar de forma “urgente” al personal especializado en la lucha contra el fuego que se encontraba de vacaciones o descanso para que se reincorporara a las labores de extinción. Así, no fue hasta el día 16 cuando la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que se encarga del operativo antiincendios y dirige José Ángel Arranz, envió un mensaje a los jefes de servicio de Medio Ambiente solicitando esas reincorporaciones. En esa misma comunidad, el Ejército instaló el día 18, otra de las jornadas más virulentas de los incendios, dos Puestos de Mando Avanzado en la provincia de León, una de las más afectadas, a petición de la Junta de Mañueco. Pese a que todo estaba dispuesto, una de ellas ni siquiera fue utilizada, según el personal que ayudó a instalarla y se encargó del avituallamiento. Igual que en los casos de los máximos mandatarios de Galicia y Castilla y León, la presidenta extremeña, María Guardiola, no tiene pensado someter su gestión de los fuegos a una comisión de investigación. En su caso ni siquiera tiene previsto comparecer ante el parlamento regional en las próximas semanas. La legislación extremeña no permite a la oposición pedir la comparecencia de la presidenta, así que el PSOE se ha limitado a registrar la solicitud del consejero de Presidencia. Allí han ardido cerca de 20.000 hectáreas y ha habido quejas de bomberos regionales por no haber sido movilizados por el gobierno autonómico mientras este pedía medios al Gobierno. De “pirómana” a “hooligan” Madrid, Andalucía y Aragón también han sufrido fuegos en las últimas semanas aunque con menor intensidad que en Galicia, Aragón, Extremadura o Asturias, comunidad gobernada por el PSOE en la que tampoco está prevista una comisión de investigación aunque allí el PP sí ha pedido la dimisión del consejero de Medio Rural. Ni Isabel Díaz Ayuso, ni Juan Manuel Moreno Bonilla ni Jorge Azcón tienen por el momento hacer comparecencias específicas sobre los fuegos. Mientras tanto Feijóo reapareció el lunes tras su descanso estival lanzando críticas a las “ausencias” del Gobierno, planteando un paquete de medidas centrado en el castigo y no en la prevención de los incendios –planteó crear un registro de pirómano– y aseguró que quería “impedir” que los fuegos “se conviertan en bronca política”. Lo hizo pocos días después de que su coordinador general, Elías Bendodo, llamara “pirómana” a la directora de Protección Civil y dos días antes de que Tellado llamara “hooligan” a la misma Virginia Barcones. *Con información de Luís Pardo, Javier Ayuso, Santiago Manchado y Pilar Campo.